Gertz Manero: la seguridad privada debe seguir bajo el control de la SSP
Raúl Llanos y Gabriela Romero Ť El gobierno del Distrito Federal convocó ayer a los diputados locales a integrar un frente común para definir los criterios tendientes a controlar las empresas de seguridad privadas y las escoltas de políticos y empresarios, y evitar así que las primeras tengan una ``condición privilegiada para cometer delitos'', y los segundos incurran en actos de ``prepotencia y humillación'' contra la ciudadanía.
En una reunión de trabajo efectuada con los diputados locales que integran la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, Leonel Godoy, subsecretario de Gobierno; Renato Sales, coordinador de asesores del procurador Samuel del Villar; Pedro Peñaloza, coordinador de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, y Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública, consideraron que es hora de poner un alto a este tipo de situaciones y castigar a quienes incumplan la legislación vigente.
De hecho, el encuentro fue convocado para intercambiar puntos de vista acerca de la factibilidad de elaborar una nueva ley de empresas de seguridad privada; sin embargo, contrario a lo que se esperaba, no hubo ninguna propuesta de ley por parte de los funcionarios y en respuesta plantearon que se mantenga el actual marco legal vigente, pero pidieron que se les dé ``un plazo muy corto'' para aplicarlo y mostrar resultados; además, rechazaron que el control de las mencionadas compañías salga de la Secretaría de Seguridad Pública.
Fue el secretario Gertz Manero quien expuso el ``criterio homogéneo'' del gobierno cardenista en esta materia. De entrada reconoció: ``no hemos hecho lo que teníamos que hacer''. Manifestó que esas empresas deben seguir bajo control de la SSP porque ``ejercen funciones de seguridad pública que son paralelas o complementarias a las de la policía (preventiva)''; sin embargo, consideró que tendrán que sujetarse, al igual que su personal, a los mismos requisitos y obligaciones que los elementos de la SSP en cuanto a armamento, automóviles, capacitación, contratación, porque ``no podemos tener un sistema diferente, aislado de todo el sistema policiaco''.
Para operar, una empresa de seguridad privada, dijo, tendrá que demostrar ``bases éticas, profesionales y financieras'', mientras que el personal operativo deberá contar con registro de antecedentes no penales, curriculares y personales, además de someterse a exámenes médicos, psicométricos, de adicciones y un estudio socio-económico.
En síntesis, la normatividad en este campo es suficiente para contener las proliferación y anomalías en que incurren muchas de esas empresas, aunque ``no se ha desarrollado plenamente''. Lo más factible sería hacer las modificaciones que los diputados consideraran necesarias, pero luego de las deliberaciones y ``análisis serios'' que realice un grupo de trabajo integrado por representantes de las autoridades y de la ALDF, para determinar si hay omisiones o lagunas en dicha legislación, agregó Godoy.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, los diputados René Arce, Víctor Soto, Rodolfo Pichardo, Verónica Moreno, Alfredo Hernández (PRD), Alfonso Rivera (PRI) y Armando Salinas (PAN) externaron su preocupación por la irregularidad en que operan las citadas compañías; la ``tibieza'' que han mostrado por años las autoridades de SSP y PGJDF para meterlas en cintura; la colusión entre esas empresas con bandas de delincuentes, y el hecho de que la ley en este tema se ha convertido en ``letra muerta''.
Gertz indicó que los diputados locales y las autoridades comparten la misma preocupación con respecto a esas compañías, y manifestó su disposición a entregarles toda la información que requieran. Interrogado acerca de las escoltas del Estado Mayor Presidencial, dijo que se tendrá una coordinación con todas las entidades para también regularlos, y en cuanto a su acercamiento con la Presidencia de la República para ver el tema, dijo: ``tengo la certeza de que hay buena voluntad en este asunto''.
Luego de la comparecencia de los funcionarios, los diputados de la Comisión de Seguridad Pública se entrevistaron con dueños de empresas privadas, quienes reconocieron la necesidad de regular las actividades que realizan en materia de seguridad, delimitando sus funciones y obligaciones. Aunque aceptaron que la iniciativa que se les presentó por parte del diputado Víctor Manuel Soto Camacho, del PRD, requiere de algunas modificaciones en su contenido.