Reitera Soto Camacho que sólo 300 de mil 500 firmas particulares son legales

Bertha Teresa Ramírez Ť Las empresas de seguridad privada cuentan con una fuerza policiaca mayor que la contratada por la Secretaría de Seguridad Pública, según un estudio de la vicepresidencia de la comisión respectiva de la ALDF, ya que mientras las primeras operan con 150 mil efectivos, la SSP no tiene ni 100 mil uniformados en las policías preventiva, bancaria e industrial.

Víctor Manuel Soto Camacho, vicepresidente de la comisión, afirmó que sólo 300 de esas empresas, de las mil 500 que hay en la ciudad, trabajan de manera legal, lo que constituye un riesgo para cualquier gobierno.

Contar con un grupo importante de efectivos privados que se dedican a la seguridad, agregó, ``puede implicar que si a algún particular le da la gana desestabilizar, lo pueda hacer, transformando a sus agentes en grupos de choque, de provocadores, de guardias blancas, espías o halcones, y lo que la imaginación pueda abarcar, al servicio de intereses ilegítimos''.

Señaló que ``al fragor de la fuerte acción de la delincuencia, estas empresas, de manera legal o ilegal, ofrecen servicios de seguridad, pero constituyen un riesgo porque nada garantiza que un particular que cuente con una importante cantidad de estos elementos no los pueda usar para otros fines''.

Las empresas de seguridad privada ya cuentan con su propio ejército y nada puede asegurar que dichos negocios no puedan convertir a sus efectivos en equipos paramilitares que pudieran desestabilizar al gobierno capitalino, e incluso al federal, aseveró Soto Camacho.

El diputado local, que en breve presentará una iniciativa para depurar a estas empresas particulares, demandó una investigación fiscal a jefes militares y policiacos que pudieran estar violentando la Ley de Seguridad Pública por ser socios o propietarios de negocios de este tipo, al mismo tiempo que ocupan cargos públicos.

Soto Camacho señaló que la iniciativa que pondrá en breve a consideración de la ALDF se propone depurar a estas empresas, así como aplicar un estricto control en su operación y en sus efectivos, de manera que los empresarios del ramo queden obligados a dar a conocer los antecedentes del personal policiaco que contraten al banco de datos de la SSP, así como al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la misma forma, la iniciativa propondrá que elementos policiacos o militares que hayan tenido que dejar sus cargos por problemas de corrupción, estén impedidos para ser propietarios de estas empresas. Desde luego, agregó, dicha iniciativa también ``propondrá controles más estrictos para que jefes policiacos o militares con cargos públicos sean propietarios de estas empresas, toda vez que esto constituye una anomalía que los hace contar con doble personal y mayor influencia''.

Por otra parte, el diputado señaló en un comunicado que por las denuncias que ha recibido hasta hoy, además del general Careaga podrían existir otros altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, que aun cuando terminantemente lo prohíbe la ley, tienen o representan importantes intereses en el negocio de la seguridad privada, al mismo tiempo que han ocupado cargos en estas dependencias. Agregó que ``al propio (Rodolfo) Debernardi, como responsable del registro y control de las empresas del ramo, le corresponde actuar con la congruencia que le ha faltado en el desempeño de su delicado encargo. De no hacerlo así, tendremos una prueba más de la grave equivocación que fue designarlo titular de la dependencia, y más grave aún, lo que representa sostenerlo al frente de la misma'', concluyó.