Oposición: hay bases para los procesos; PRI: el fin es ``electorero''

Alonso Urrutia y Andrea Becerril Ť La solicitud de juicio político en contra del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz; el titular de Hacienda, José Angel Gurría, y el ex gobernador del banco central, Miguel Mancera Aguayo, fue calificada por la mayoría priísta en el Senado como una ``maniobra electoral'' de la oposición, pero cuyo efecto desvirtúa alcanzar un acuerdo en torno al Fobaproa.

Por su parte, senadores de PAN y PRD consideraron que existen fundamentos suficientes para iniciar el juicio político y evitar que esas ``irregularidades'' queden en la impunidad; asimismo, acusaron a la Secretaría de Gobernación de defender a ultranza los ``errores en la conducción'' de la política económica.

El panista Juan Antonio García Villa confió en que la demanda no afecte las negociaciones que se realizan para concluir la iniciativa que crea el organismo que sustituirá al Fobaproa, porque si bien están vinculados ``corren paralelamente''.

En consideración de los priístas Eduardo Andrade y Dionisio Pérez Jácome, la oposición está desvirtuando el sentido del juicio político para tornarlo en una ``maniobra claramente electorera''.

Andrade censuró que se pretenda utilizar esta figura ``como una espada de Damocles para amenazar a cualquier funcionario, independientemente de lo cual sería absurdo irse por esa vía para resolver un problema, pues evidentemente no se va al fondo del asunto''. Sin embargo, consideró que el Senado debe ser muy prudente y aguardar hasta que se le turne formalmente la solicitud, si es el caso, para analizar si las imputaciones de responsabilidad son supuestas o reales.

A su vez, Pérez Jácome aseveró que la información con que se cuenta evidencia que la iniciativa ``no tiene ningún fundamento'' y más bien es una estrategia política ``con una proyección distinta; se trata de abanderar alguna plataforma electorera, para llamarla en sus palabras más precisas, con vistas al 2000''.

Por su parte, el panista García Villa puntualizó que el Senado se habrá de convertir en la ``cámara de sentencia'' que juzgue lo que la Cámara de Diputados, la parte acusadora -si se aprueba- podría enviarles. Además, censuró la postura de la Secretaría de Gobernación, porque ``ha tomado partido en esta denuncia y ha asumido un abierto papel de defensa de la política económica aplicada en 1994''.

García Villa descartó que el PAN asuma un doble papel de negociar por un lado y presentar la iniciativa de juicio político por otro. ``Ningún funcionario puede llamarse sorprendido, porque desde agosto nosotros advertimos de la necesidad del juicio político y de encontrar una salida al problema del rescate bancario'', dijo.

-¿Es condición para el PAN que haya juicio político o remoción de Ortiz para alcanzar un acuerdo en el Fobaproa?

-Nosotros hemos planteado una salida integral que incluya un no a la impunidad, el rescate bancario, el fortalecimiento del sistema financiero y el programa de deudores. Es una visión integral.

-¿Pero no son posturas contradictorias negociar y presentar juicio político?

-No, la salida técnico financiera corre de manera paralela con la iniciativa de juicio político. Espero que no afecte las negociaciones -respondió.

A su vez, el coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Ernesto Navarro, sostuvo que su partido tiene las pruebas suficientes para sustentar ``las irregularidades, no fallas penales'' en que incurrieron algunos de los funcionarios mencionados.

El legislador agregó: ``Son fallas de conducción política en algunos casos, aunque en otros están involucrados delitos penales'', afirmó. Navarro dijo que en 1996 el Ejecutivo federal hablaba de 180 mil millones de cartera vencida, y a la fecha ya se habla de 552 mil millones, sin que exista una explicación del cambio.