Con declaraciones directas y movimientos físicos, los adelantados precandidatos a la Presidencia de la República hicieron añicos el oculto tablero, las sigilosas reglas y los controlados tiempos de un decadente modo de hacer política que incluía, como su centro gravitacional, la consagrada figura del tapadismo. Sin embargo, la exposición a cielo abierto de las ambiciones de algunos personajes públicos, no necesariamente introduce normas acordes con las prácticas de una contienda democrática. Mucho del desarrollo y modernización del proceso dependerá del empuje de la sociedad politizada y crítica del país en contraposición a esas fuerzas que tienden a la restauración del fiel de la balanza o a las imposiciones y la manipulación tribal y facciosa al interior de los partidos.

Lo que sí ha sido afectado, quizá de manera terminal, es la conducción, incautada por las reducidas burocracias partidarias y en el grupito gobernante, de las candidaturas al máximo puesto a que se puede aspirar. Tanto Bartlett en el PRI, como Fox en el PAN y ahora Porfirio en el PRD, han concitado a un juego distinto y, por lo que a los dos primeros personajes se refiere, todo apunta a que se podrán salir con la suya. El caso de Muñoz Ledo todavía se dibuja en desventaja con la arraigada figura de Cárdenas como aventajado aunque dudoso punto de identidad del perredismo. Eso no obsta para que, en los reacomodos venideros, mucha agua pueda pasar bajo un puente de reglas y requerimientos que parece angosto y endeble.

Lo cierto es que los tres contendientes autonombrados se levantan por sus mismos merecimientos pero, también, porque sin duda representan fuerzas sociales vivas y, aún fracasando en su intentona básica, lograrán que estas prevalezcan de variadas maneras. Los tres actores nombrados tienen un bagaje que les permite presentarse en la arena electoral con suficientes arrestos para presentar dura batalla. Sobre todo Bartlett y Porfirio. Fox se ha ido colando a pesar de que sus ideas y expresiones pequen, todavía, de simplismo. Ojalá y el duro trasiego de una campaña le vaya refinando sus propuestas, diagnósticos, juicios y actitudes en bien de esta tan vapuleada República.

Faltan otros por lanzarse de lleno a este proceso que se iniciará, con todo el vapor factible, en la misma alborada del 99. Pero mientras esto sucede en la gran panorámica, los sucesos combinados de las elecciones locales, en particular el caso tamaulipeco, y los acuerdos cupulares entre el PAN y el gobierno para hacer manejable en la Cámara el quiebre que implica Fobaproa, ponen, por sí mismos, escollos suficientes para formarse una imagen de pesimismo acendrado acerca de la transparencia electoral y de la rendición de cuentas. Es decir, de la apertura política buscada durante tantos como penosos años.

Las tropelías de ciertos gobernadores (Cervera, Murillo, Cavazos) o caciques como el caso de Figueroa actuando tras bambalinas en Guerrero, han reafirmado las prácticas fraudulentas, que se pensaban en franca extinción, para alterar el curso de la transición democrática. Estos sujetos han actuado con la impunidad que les da el control local de los órganos de justicia y de la misma regulación electoral. Sin olvidarse tampoco de la escasa vigilancia y organicidad de la sociedad civil de sus estados que ha caído victimada por su propia indefensión ante el acoso de los intereses creados y su crónico infantilismo político.

Pero el espectáculo que viene dando la coalición formada por el PAN con el gobierno para darle los toques finales al acuerdo sobre el Fobaproa es un motivo adicional que lastra el frágil optimismo sobre el rumbo planteado como factible salida. Sobre todo sí ella se piensa y desea acorde con el bienestar colectivo. Sin duda, las responsabilidades, los costos y delitos parecen diluirse entre los innumerables detalles contables del arreglo. Nadie parece cargar con la cuenta del desaguisado que le enjaretará a las finanzas de los mexicanos un fardo de deudas muy superior al medio billón de pesos. Los juicios políticos promovidos tanto por el PRD como por el PAN contra Guillermo Ortiz y otros funcionarios irresponsables, no parecen ir por la ruta de las concreciones legislativas. Los alegatos del PRI ante tales peticiones mueven a la risa nerviosa por su rampante cinismo como fórmula negativa de una realidad que es y será inocultable. Para cuando las auditorías se terminen, las preocupaciones nacionales habrán cambiado y los negocios se tramitarán de la usual como impune manera, piensan algunos. Mientras tanto, la carga presupuestal para los años venideros abultará de tal manera la penuria fiscal que, ni aun aumentando impuestos o diseñando otros nuevos, se logrará alivianar. Y todo ello a pesar de los drásticos recortes al gasto social y a la inversión productiva que han cercenado las oportunidades de millones y a otros tantos lanzan a la cruenta pobreza.