El TLC advierte que una participación de bancos extranjeros en 25 por ciento del mercado mexicano entre los años 2000 y 2004 puede ser una amenaza para el sistema de pagos y un obstáculo para la política monetaria y cambiaria.

En la actualidad, la participación extranjera en la banca rebasa los topes que fijó el TLC y seguramente está por encima de 30 por ciento del mercado bancario mexicano. El gobierno no ha pedido consultas ni nada por el estilo. Ha preferido quemar etapas. Es más, le urge ir más de prisa.

Salvo dos casos, todos los bancos mexicanos ya tienen socios extranjeros, y en cuatro o cinco la participación accionaria extranjera es mayoritaria. Los niveles de capital y socios extranjeros de algunos bancos son los siguientes: Mexicano (75% de Santander), Inverlat (55% de Nova Scotia), Bital (16.6% de Banco Central Hispano y de un banco de Portugal), Bancomer (16% de Bank of Montreal), Serfin (19.9% de HK Shanghai Bank y 19.9% de JP Morgan), Probursa (64% de BBV), Bancrecer (20% de Allianz de Alemania) y Confía (Citibank).

En Santander Mexicano y Probursa BBV los apoyos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) superan nueve y cinco veces el capital contable, respectivamente. No es una casualidad: la conexión Fobaproa-inversión extranjera no podía ser más clara. El anzuelo de los pagarés del Fobaproa no está destinado a los banqueros mexicanos, sino a los extranjeros. El regalo de recursos públicos será para ellos.

Los banqueros extranjeros lo saben; por eso fueron los primeros en preocuparse por la ilegalidad de los pagarés del Fobaproa. Las frases melosas de los funcionarios de la SHCP no los calmaron y la renuncia de Guillermo Ortiz los inquietó. Más de uno debe de haberse preguntado: ¿Quién es el tal Werner de la SHCP, cuya firma aparece como aval en este pagaré? ¿Qué tal si mañana él también renuncia?

En marzo de este año no quedó más remedio que enviar al Congreso la iniciativa sobre el Fobaproa y abrir el juego a la vista de todos para comprobar que las cartas (los pagarés) eran falsas.

Estos inversionistas extranjeros son la verdadera preocupación del gobierno para sacar adelante su iniciativa para que los pagarés se liquiden con recursos públicos. La mayoría de los banqueros mexicanos se ha reducido al papel de damas de compañía (así se les conoce en la jerga del sector bancario a los Gómez y Gómez y a los Madariaga: simples figuras decorativas en consejos de administración en los que nada tienen que hacer aparte de responder a los dueños extranjeros de los bancos).

Cualquier intento por resolver el problema de este magno acto de corrupción colectiva pasa por una toma de posición frente a los banqueros internacionales. No percatarse de este hecho es no entender nada del problema del Fobaproa.

El gobierno tiene prisa. Los amos extranjeros están impacientes. Si fue posible llegar a un acuerdo con el PAN es porque ese partido comparte las prioridades del modelo neoliberal. La propuesta inicial de Acción Nacional sobre el Fobaproa (véala en www.pan.org) pone el acento sobre los derechos de los inversionistas extranjeros como terceros de buena fe. Es una frase hueca, de leguleyo, pues en materia constitucional y derecho internacional la prioridad es el interés público. Una hipótesis es que el acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional está ligado a fuertes intereses de la cúpula de Acción Nacional en empresas metidas en el Fobaproa y en relación con clientes de despachos amigos. En teoría esos no debieran ser los intereses de Acción Nacional, pero será la bancada panista en el Congreso la que pueda deslindar esto.

De aprobarse el nuevo acuerdo PRI-PAN, el costo para el país se medirá en tres dimensiones. Una, el costo financiero de la nueva deuda. Dos, el acuerdo PRI-PAN aniquilará lo poco que queda de legalidad en este país. Tres, se cierra una puerta clave para contar algún día con una política monetaria y cambiaria independiente.

Hace dos meses la política monetaria y cambiaria del Banco de México fue saboteada por varios bancos en las mesas de dinero. La amenaza a la que se refiere el TLC es real. Y el contexto de crisis internacional recuerda la importancia de adquirir mayor flexibilidad en los principales instrumentos de política macroeconómica, especialmente en la lógica de una economía abierta. El acuerdo PRI-PAN destruye esta perspectiva.