Cuando el concepto negociación se vuelve una mala palabra en el léxico político, algo anda muy mal en la política. Tal parece ser el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La consigna de cero negociación, la conjura del diálogo, la condena al acercamiento no pueden ser buenas señales para la política. Instruir la suspensión de encuentros con cualquiera que no suscriba la postura perredista puede ser una medida que deja a salvo principios, pero sin duda es una de las maneras más estériles de hacer política. La consecuencia última de dicha visión sería acceder al poder por la vía de conseguir la adhesión uniforme de todos los ciudadanos a una postura única.

Desconocer la existencia de posiciones divergentes, creer que la propia es la única correcta, ciertamente nos propone la realidad como un torneo de principios, pero ello nos aleja del terreno de la política, de la eficacia. En ese tenor, sería conveniente advertir a los electores que quienes suscriban la plataforma perredista podrán obtener la garantía de que dicho planteamiento no estará sujeto a negociación y que son ideas que esperarán pacientemente la adhesión de sus adversarios para cristalizarse en obras.

Negociar o dialogar, hasta donde yo entiendo, no quiere decir suscribir; encontrarse, confrontar ideas simplemente es una actitud vital de la política, sin la cual la realidad no sólo queda enmarcada por unos principios, sino que se congela. La única fórmula para dinamizarla es que los otros muden sus propios principios. Eso puede ser correcto en el ámbito de las religiones, pero ver a un partido político con representación en los órganos legislativos que adopta como postura estratégica la consigna de cero negociación es, por lo menos, sorprendente.

Respecto al Fobaproa se podían aducir condiciones adversas, formatos inadecuados, incluso mayores coincidencias entre los adversarios, pero negarse al diálogo es un exceso. Dialogar, según entiendo, no convalida. El retiro perredista quita toda responsabilidad a ese partido sobre los eventuales defectos del paquete financiero que se negocia, pero también lo excluye de cualquier virtud que tenga. Renunciar siquiera a influir en el rumbo de las negociaciones es difícil de explicar. La instrucción del CEN a los grupos parlamentarios perredistas coloca a éstos en una situación incómoda: ¿cómo hacer compatible la exigencia de negociaciones con la renuncia al diálogo?

La sucesión se adelantó; tiene razón Muñoz Ledo cuando señala que la decisión perredista cancela la época de las negociaciones políticas y abre de lleno el tiempo de la contienda electoral. La pregunta es si dejó de ser necesaria la negociación política, si los arreglos institucionales y los acuerdos entre actores son suficientes para garantizar un proceso sucesorio adecuado. Si la respuesta es afirmativa, la postura del PRD es congruente, y hace bien en adelantar posiciones en la sucesión. Pero si se cree que hace falta un esfuerzo mayor de parte de los actores políticos para darle un cauce de certidumbre al proceso que culminará en el 2000, entonces la posición del PRD no sólo es equivocada, sino que contribuye a incrementar los riesgos. La confrontación parece inevitable.