Exige PRD juicio político contra Ortiz, Gurría y Mancera

Ciro Pérez Silva Ť El Comité Ejecutivo Nacional del PRD presentó ayer en la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría; del ex titular de la misma dependencia y actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y de Miguel Mancera Aguayo, anterior responsable de esta institución, por sus presuntas responsabilidades en el quebranto financiero que originó el Fobaproa.

En el texto se precisa también la responsabilidad del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y del actual mandatario, Ernesto Zedillo, ``por comprometer el crédito del país sin recabar previamente la autorización correspondiente del Congreso'', y que a pesar de no poder ser sujetos de juicio político, ``se debe dejar constancia de que son responsables de pretender trasladar a la sociedad, de forma inmoral e injusta, el pago de los 552 mil millones de pesos'' del fondo. ``La ley los indulta, nosotros no'', aseveraron los perredistas.

Acompañado por el coordinador de la bancada, Porfirio Muñoz Ledo, y miembros del CEN, el líder perredista, Andrés Manuel López Obrador, entregó al oficial mayor la denuncia, luego de advertir que ``el PRD no acepta la impunidad ni permitirá bajo ninguna circunstancia que los ilícitos cometidos queden sin castigo''.

Dijo que si el PAN decide apoyar esta denuncia será bienvenido, pero si ya está ``amarrado con el gobierno, va a consentir los ilícitos''. El dirigente consideró oportuna la presentación de la solicitud, porque el argumento de esperar a que concluyan las auditorías al Fobaproa para empezar a fincar responsabilidades ``es dar atole con el dedo''.

Sostenido desdén por las leyes

En el texto de 35 cuartillas, en las cuales se hace una puntual descripción jurídica de las ``irregularidades'' en las que incurrieron los denunciados, el CEN perredista subraya que la característica principal de la conducta observada por estos funcionarios y ex funcionarios públicos es ``un sostenido desdén por la norma jurídica y una notable inclinación a usar la ley para burlar ésta'', luego de argumentar que los ordenamientos fueron interpretados de manera tal que beneficiaron a ``personajes cercanos al poder'', en una permanente violación a las disposiciones constitucionales y leyes federales aplicables.

Sostiene que el Ejecutivo federal, por medio del anterior y actual titulares de Hacienda, así como del gobernador y subgobernadores del Banco de México, violaron los términos fijados por la ley a los fideicomisos puestos a su cuidado, transgredieron el control constitucional establecido para los casos de adquisición de deuda pública y con ello ocasionaron un grave daño a las finanzas nacionales.

Los funcionarios señalados como responsables, apunta el documento, arguyeron a posteriori que tenían que hacer lo que hicieron ``para salvar el sistema bancario nacional y el patrimonio de los cuentahabientes'', pero asegura que lo hicieron con ilegal olvido de las atribuciones del Congreso federal para el caso. ``Los funcionarios públicos denunciados hicieron de la ley camino ajeno y del Congreso, entidad prescindible. Se erigieron en salvadores, pero en realidad fueron transgresores''.

López Obrador declaró que la actual situación deriva de tres acciones en las que los funcionarios mencionados tuvieron participación directa. En primera instancia, el entonces presidente Carlos Salinas y el titular de la SHCP, Pedro Aspe Armella, diseñaron y pusieron en ejecución las medidas necesarias para, por medio de la banca nacional, propiciar ``el atraco más grave'' que ha sufrido México en los últimos tiempos, al escoger y hacer ganar las licitaciones correspondientes a personas de reconocida incapacidad técnica y pública mala fama, ``como Carlos Cabal, Angel Isidoro Rodríguez, Jorge Lankenau y otros''.

Una vez erigidos en banqueros por el gobierno salinista, continúa el texto, se entregaron al ``desenfrenado'' abuso de los dineros del público ahorrador para adquirir en lo personal bienes y divisas dentro y fuera del territorio nacional, y para ``transfundir enormes recursos'' a las campañas políticas del PRI en las elecciones estatales y en la elección presidencial de 1994.

``Como resultado de esto último, el gobierno zedillista ha procurado, contra toda razón legal y ética política, que sea el pueblo de México el que pague los excesos de los banqueros cómplices''.

En el tercer momento, apuntó el dirigente, se dieron operaciones irregulares, se autorizaron descuentos a empresarios y a hombres de negocios vinculados con el poder, hubo tráfico de influencias, se aceptaron terrenos y bienes sobrevaluados como parte de pagos y se autorizaron créditos a empresas quebradas. De ello, dijo, existen elementos para enjuiciar a funcionarios responsables del ``desfalco más grande en la historia del país''.

El caso del Fobaproa, se agrega, sigue rodeado del sigilo sectario --con el ropaje del secreto bancario--, para que los mexicanos sigan ignorando a cuánto asciende realmente el quebranto financiero. ``¿Por qué no se previno ni se contuvo pese a la supuesta vigilancia del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Por qué no se informó oportunamente al Congreso y menos se le pidió autorización legal para incurrir en el escandaloso endeudamiento del que ahora se nos habla? ¿Por qué continúa como gobernador del Banco de México el antiguo secretario de Hacienda que manejó la bancarrota del Fobaproa? ¿Por qué Ernesto Zedillo, el primer priísta del país, ha convalidado la negativa de su partido a devolver al pueblo de México los fondos públicos usados ilegalmente y con exceso en su campaña proselitista?''

Todas estas preguntas sin respuesta ``obligan a soslayar la irresponsabilidad legal de que gozan los presidentes mexicanos, y la protectora prescripción de que disfruta Pedro Aspe, y exigir moral, ética y políticamente a esos personajes el cumplimiento de su responsabilidad como mexicanos ante sus ciudadanos. La ley los indulta, nosotros no''.

Se siguió la tradición

En la denuncia de hechos, el PRD explica que el Comité Técnico del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval) ``resolvió'' el 26 de diciembre de 1997 seguir con la ``tradición'' y lanzó a ese fondo a cumplir

``todas'' las obligaciones adquiridas por las casas de bolsa y los especialistas bursátiles con diferentes inversionistas y el fiduciario, en este caso el Banco de México, sin publicar el monto máximo de las obligaciones a proteger, como lo dispone el artículo 89 de la Ley del Mercado de Valores, que obliga a las partes a proteger el mercado bursátil. Lo hizo también sin consultar a la representación popular.

``El Ejecutivo federal comprometió el crédito de la nación sin recabar previamente la autorización correspondiente del Congreso de la Unión'', agrega.

Se acusan violaciones al último párrafo del artículo 109 de la Constitución, al 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El conjunto de violaciones, sostiene ese partido, revelan ``un sostenido desdén por la norma jurídica y una notable inclinación a usar la ley para burlarla.

Argumenta que en el sistema constitucional ``ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley'', y que los funcionarios denunciados obraron en contrario.

Añade que las llamadas ``facultades discrecionales, de ninguna manera implican que la autoridad administrativa pueda llenar a su arbitrio las lagunas legales que halle o crea hallar en su función de ejecutar la ley. Esto sería tanto como conceder a dichas autoridades facultades legislativas en sustitución del Poder Legislativo. Cuando la ley es omisa y no establece las bases del proceder de las autoridades, no se está en presencia de un poder discrecional por indeterminación reguladora''.