Las dirigencias de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron ayer sendas denuncias de juicio político contra Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Banco de México. El PRD incluyó en su demanda, además, a José Angel Gurría Treviño, actual secretario de Hacienda, y a Miguel Mancera Aguayo, antecesor de Ortiz Martínez en la titularidad de la banca central.

Los documentos de ambos partidos argumentan principalmente las contravenciones a la Constitución y a otras disposiciones legales, presuntamente cometidas por estos funcionarios en el manejo del Fobaproa, y particularmente, en la pretensión de usurpar una facultad exclusiva del Poder Legislativo, como la autorización para la suscripción de deuda pública.

Las denuncias están fundamentadas de manera sólida y coherente, y atacan la gestión del Fobaproa no por la manifiesta inmoralidad de pretender convertir en deuda pública los pasivos privados de grandes empresarios, sino por la ilegalidad -que está por demostrarse- en la que posiblemente incurrieron los funcionarios señalados al contraer, en los hechos, deudas con cargo al erario nacional.

Con ello, las demandas perredista y panista van más allá del debate sobre política económica que hasta ahora había venido rodeando el empeño gubernamental de trasladar a las arcas nacionales los quebrantos bancarios, y centran el debate en el terreno menos ambiguo -y menos iniciático- de los quebrantos legales supuestamente cometidos por los responsables de las finanzas públicas.

Independientemente de si el gobierno federal logra que se apruebe la conversión de los pasivos del fondo bancario en deuda pública -con el apoyo de los legisladores del PRI y del PAN, según se observa-, los enormes montos que están en juego, así como las graves implicaciones que el asunto tiene para la economía nacional en cualquier escenario, justifican que la Cámara de Diputados dé curso a las demandas señaladas y se inicien, en su caso, los juicios políticos que se reclaman, en la inteligencia de que tales procesos pueden culminar tanto en una determinación de responsabilidades -con lo cual se haría justicia- como en una exoneración que limpiaría la trayectoria política de los funcionarios señalados.

Ante lo que debiera ser visto como un procedimiento republicano de rendición de cuentas, de separación de poderes y de supervisión de la gestión pública, sorprende el tono de exabrupto -y hasta de encono personal contra el presidente del CEN perredista- con que Gobernación comentó las denuncias de juicio político, ante las que cabría esperar, de parte de los responsables de la política interior, mayor serenidad y disposición a distender el escenario público.

Finalmente, parece necesario que el grupo en el poder, y la clase política en su conjunto, tomen plena conciencia de los altos costos que ha tenido hasta ahora el empeño por evitar la transparencia en el manejo del Fobaproa y el daño que ha causado a la credibilidad institucional. Los juicios políticos demandados representan una oportunidad para dilucidar, de cara a la sociedad, ese capítulo oscuro de la administración pública y confirmar o descartar, de una vez por todas, las sospechas crecientes de la sociedad sobre lo que, a primera vista, pareciera ser el más voluminoso fraude en la historia del país.