Una iniciativa clave enviada por el Ejecutivo al Congreso junto con la del Fobaproa, busca la completa e inmediata apertura del sector bancario a la inversión extranjera. Esta propuesta de apertura de hasta ciento por ciento para la inversión extranjera directa (IED) en el capital social de los bancos es la clave para entender el Fobaproa y el acuerdo negociado entre PRI-PAN al margen del Congreso.

La iniciativa tiene la lógica perversa de un gobierno que limpia los estados financieros de los bancos con los pagarés del Fobaproa para venderlos a inversionistas extranjeros. Pero hace apenas cuatro años el gobierno mexicano sostenía que la total apertura del sector bancario representaba un peligro. Lo que ayer fue amenaza, hoy es bondad.

Para entender el viraje es necesario un poco de historia.

En 1994 se aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) estableciendo límites importantes a la IED en el sector bancario. Un año después, el gobierno de Zedillo indujo la peor recesión en sesenta años y el sistema bancario quebró. Era el camino menos costoso, se nos dijo. Para fines de 1995 era claro que había que recapitalizar el sistema bancario.

La decepción con los neobanqueros salinistas fue total: resultaron incompetentes, varios también corruptos, pero lo peor era que carecían de los recursos para aumentar reservas e inyectar nuevo capital a sus bancos. El reflejo natural del gobierno fue recurrir al capital extranjero.

Pero los índices de cartera vencida se desbocaron. Ningún banquero extranjero estaba interesado en comprar bancos en ese triste estado. Peor: el alabado TLC se volvía en contra de los planes gubernamentales.

El gobierno respondió en dos pistas. Compró cartera en problemas a cambio de los pagarés del Fobaproa con el fin de dar un aspecto más presentable a los estados financieros de los bancos. Sin los pagarés ningún banquero hubiera invertido en los quebrados bancos mexicanos. Simultáneamente procedió a reformar la Ley de Instituciones de Crédito con el propósito de abrir un poco más el sector bancario a la inversión extranjera. Sin embargo, persisten los límites del TLC y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le urge eliminarlos.

El TLC es muy generoso con la inversión extranjera, pero para el sector bancario se establecieron topes, candados y reservas. Por falta de espacio se omiten los detalles que pueden verificarse en el capítulo XIV (artículos 1403 y 1405) y el Anexo VII (Sección B, párrafos 2 y 9) del TLC.

Lo esencial es que a los bancos extranjeros se les autorizó una expansión gradual en el mercado mexicano. Pero si entre 2000-2004 los bancos canadienses y de Estados Unidos llegan a obtener más del 25 por ciento del mercado mexicano, México puede congelar durante tres años ese nivel de participación.

Además, el Anexo 1413.6 autoriza a México a solicitar consultas con sus socios del TLC respecto a ``los efectos adversos potenciales que pudieran surgir de la presencia de instituciones de crédito de las otras partes en el mercado mexicano o sobre la necesidad de adoptar medidas correctivas''.

En esas consultas las partes tomarían en cuenta: a) la amenaza de que el sistema de pagos de México pueda ser controlado por extranjeros; b) los efectos que las instituciones de crédito extranjeras establecidas en México puedan tener sobre la capacidad de ese país para dirigir efectivamente la política monetaria y cambiaria; c) la idoneidad de este capítulo para proteger el sistema de pagos de México.

Es decir, hace cuatro años, el gobierno mexicano consideraba que la inversión extranjera en el sector bancario era un riesgo para el sistema de pagos y la política monetaria y cambiaria.

La palabra ``amenaza'' sorprende en este TLC tan ansioso de no injuriar al inversionista extranjero. Jamás se utilizó un término parecido para referirse al riesgo que correrían los productores de maíz o la pequeña y mediana industria.

El vocablo es justo: con la entrega del sistema bancario a la inversión extranjera culmina el proceso de apertura y desregulación del sector financiero. Precisamente en el momento menos propicio, en un contexto de crisis internacional, nos alejamos más de una política económica independiente. Existen vías alternas para capitalizar los bancos, incluso con participación extranjera. Pero el gobierno escogió la peor: regalar recursos públicos a los banqueros extranjeros y cerrar una puerta clave para una política económica independiente.