La Jornada 25 de octubre de 1998

Intentarán revertir el deterioro de la imagen de la Corte

Jesús Aranda Ť Después de la controvertida decisión que legalizó el cobro de intereses sobre intereses, los ministros de la Suprema Corte exploran la forma de ``mejorar'' la imagen del máximo tribunal ante la sociedad en general.

Aun cuando en público los ministros han insistido en que su decisión fue estrictamente jurídica, en privado aceptan que la imagen de la Corte sufrió un gran deterioro, por lo que consideran, entre otras opciones, la posibilidad de abrirse más a los medios de comunicación social, incluso dando entrevistas a radio y televisión, para hablar sobre la justeza de su fallo.

Por otro lado, trascendió que entre los beneficios que tenían los miembros del Poder Judicial con el banco Bital, destaca el hecho de que cuando a los funcionarios les eran rebotados cheques, no se les cobraba la multa correspondiente.

A pesar de que la Corte terminó formalmente su discusión sobre el tema al enviar a todos los tribunales colegiados, juzgados de circuito y tribunales superiores de Justicia de los estados el disco compacto con las tesis de jurisprudencias, tesis aisladas, votos minoritarios y leyes consultadas, persiste su preocupación porque su decisión sea comprendida y valorada por la sociedad en su conjunto.

Hay quien ha propuesto que una compañía de publicidad realice una intensa campaña para revalorar la imagen de la Corte.

La idea central es informar que la Corte ``no tenía otra salida'', que actuó conforme a derecho, que no recibió presiones de nadie -ni del Ejecutivo-, y que a pesar de haber buscado diferentes opciones ningún ministro pudo encontrar una ``tercera puerta'' para aliviar la carga de los deudores.

Esta preocupación choca, por otra parte, con el hecho de que en privado varios ministros aceptan que las leyes financieras ``están diseñadas para favorecer a los banqueros'', pero que en público se resisten a decirlo con esas palabras. En tal sentido, argumentan que la principal virtud de su fallo consiste en haber otorgado seguridad jurídica en los contratos crediticios, lo que a la larga será benéfico para el país.

La posible contratación de una campaña de publicidad se enfrenta, sin embargo, a una gran resistencia entre los propios ministros, ya que en su mayoría éstos consideran que los jueces ``hablan a través de sus resoluciones''.