En un encuentro con dirigentes barzonistas acontecido ayer, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Carlos Gómez y Gómez, señaló que la banca no considera necesario conceder una tregua judicial a los deudores que se encuentran en cartera vencida pues, a su juicio, la aprobación del paquete de reformas financieras -entre las que se encuentra la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública- es inminente.

Si se tiene en cuenta la difícil situación en la que se encuentran millones de deudores del país, las declaraciones de Gómez resultan amenazantes y faltas de sensibilidad, incurren en el equívoco de suponer que la simple aprobación en el Congreso de las reformas al sistema bancario solucionará el grave problema humano, económico y social inherente al fenómeno de las carteras vencidas y soslayan los riesgos de inestabilidad y conflictos sociales que se presentarían en caso de que la banca emprendiera acciones legales en contra de los morosos. Además, en el contexto de la declaración de legalidad de la capitalización de intereses dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación -circunstancia que, en la práctica, equivale a la legitimación de la usura-, el rechazo del presidente de los banqueros al otorgamiento de una tregua propicia la generación de un clima de persecución, que en nada contribuye a la ampliación de las vías de diálogo con los deudores.

Por otra parte, no debe olvidarse que dos de las causas más importantes del crecimiento acelerado de la cartera vencida de la banca fueron la desastrosa conducción económica nacional -que desembocó en la crisis de finales de 1994 y en el alza desproporcionada de las tasas de interés- y las desordenadas prácticas administrativas en las que incurrieron muchas de las instituciones bancarias del país.

En ambos casos, la responsabilidad corresponde, respectivamente, a las autoridades y a los banqueros, y no a los deudores. Sin embargo, son éstos quienes más han resentido los efectos de las decisiones equivocadas, sin que, hasta ahora, se haya ofrecido por parte del gobierno y de la banca una solución equitativa y completa al problema de la cartera vencida; los numerosos programas de apoyo a los deudores que se han establecido han resultado insuficientes y de escasa efectividad, y la mayor parte de su costo ha sido cubierta con dinero de los contribuyentes.

Mientras los deudores enfrentan la posibilidad de perder sus bienes, ante la incapacidad de pagar los elevadísimos intereses, e intereses sobre intereses, de los préstamos que recibieron, y la sociedad, vía recursos fiscales, ha canalizado cuantiosas sumas para sostener el tambaleante sistema bancario del país, la banca no ha respondido de manera equitativa a un fenómeno en el que tiene una importante responsabilidad, y ha desatendido significativamente su actividad económica primordial: fungir como intermediario financiero y promover el desarrollo nacional. La captación por parte del sistema bancario no se ha detenido, pero los bancos han reducido notoriamente el otorgamiento de créditos para incentivar la actividad económica y han canalizado buena parte de los recursos de los ahorradores -en algunas ocasiones de manera fraudulenta, como en el caso de Banco Unión, Confía y Banpaís- a inversiones de corte especulativo que en poco benefician a la sociedad.

El otorgamiento de una tregua judicial, por tanto, significa mucho más que una ampliación de los plazos en el cobro de los créditos. Sería una muestra de apertura y sensibilidad social por parte de la banca, permitiría distender las presiones que agobian a millones de deudores, coadyuvaría en la búsqueda de soluciones justas y equitativas al problema de la cartera vencida y, sobre todo, sería un indicio de que la banca está dispuesta a abandonar posiciones prepotentes e irreductibles y a asumir ante la nación la parte de responsabilidad que le corresponde.