Rechaza Blair la insinuación de Thatcher de que el caso es político

Reuters, Dpa, Ap y Afp, Londres, 22 de octubre Ť La justicia británica postergó al lunes una sesión de emergencia para deliberar sobre un recurso legal interpuesto por la defensa de Augusto Pinochet, que demandó el levantamiento del arresto que pesa sobre el ex dictador chileno bajo el alegato de que se actuó de manera ilícita.

Los abogados de Pinochet presentaron un auto de exhibición personal o habeas corpus para anular la detención de éste, luego de que la ex primera ministra británica Margaret Thatcher pidiera la víspera la liberación del ex general. Tal petición reclama la revisión judicial de la decisión de detenerlo, porque supuestamente hubo irregularidades.

Dos jueces competentes sobre el caso decidieron posponer hasta el próximo lunes la discusión del recurso legal de la defensa a fin de que ésta amplíe su alegato, pues, como se sabe, el ex general fue detenido el viernes pasado en atención a una demanda de arresto provisional por parte de dos jueces españoles.

Al mismo tiempo, el gobierno de Tony Blair criticó una carta abierta enviada por Thatcher al diario The Times, en la que ella pugna por la liberación de Pinochet al confirmar que durante la dictadura, éste la respaldo en la guerra de las Malvinas contra Argentina, en 1982, y porque además, afirma, se pone en riesgo la democracia chilena.

Thatcher calificó al ahora senador vitalicio de amigo fiel de Gran Bretaña, y dijo que no corresponde ni a su país ni a España ni a nación alguna intervenir en los asuntos chilenos, y que ``sería vergonzoso predicar la reconciliación con uno mientras se mantiene detenido a otro, que hizo tanto por salvar tantas vidas británicas''.

``La Argentina de hoy no es la Argentina con la cual Gran Bretaña estuvo en guerra, y el presidente (Carlos) Menem no es el general (Leopoldo) Galtieri''. En esta parte, la oficina de Blair reafirmó que éste es un caso estrictamente ``judicial'', por lo que rechazó la insinuación de Thatcher de convertirlo en un proceso político.

El ministro británico del Exterior, Robin Cook, aseveró que Thatcher debería mantenerse al margen de la disputa diplomática con Chile y dejar que los tribunales decidan sobre la extradición, pues acotó que sería erróneo intervenir en el debido proceso legal bajo presiones de índole política o diplomática.

Tras señalar que si la ex primera ministra reflexionara sobre esto comprendería que es mejor estar libres de influencias, aprovechó para señalar: ``no siempre consideré a Margaret Thatcher como una de las políticas más convincentes''.

Jack Straw, ministro del Interior, asentó que la decisión de extraditar a Pinochet, acorde con una petición del juez español Baltasar Garzón, no será política, sino que se tomará considerando sólo requerimientos judiciales sobre asesinato.

En Madrid se informó que Garzón tiene planeado solicitar a Gran Bretaña la extradición de Pinochet en la primera semana de noviembre, después de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la jurisdicción en este caso.

Garzón prorrogó en dos días el plazo para que las partes a favor o en contra de la extradición presenten sus informes, en tanto que la Fiscalía de la Audiencia Nacional protestó por la ampliación de las causas de la detención de Pinochet que el juez envió a las autoridades británicas.

En tanto que un sondeo de opinión señalaba que 54 por ciento de los españoles están a favor de que se juzgue a Pinochet en España por genocidio, terrorismo de Estado y torturas, contra 20 por ciento en contra, abogados de la defensa pedirán que se le acuse por otros 119 casos de desapariciones durante su régimen.

Mientras que unos 200 exiliados chilenos y argentinos se manifestaban en Madrid a favor del juicio contra el ex dictador, parlamentarios chilenos de derecha llegaron a la capital española para presionar contra la investigación. Además, Augusto Pinochet hijo amenazó con un bloqueo comercial contra España si su padre es extraditado.

En Francia, donde el Parlamento Europeo abogó por la extradición del ex militar a España, el canciller francés Hubert Védrine calificó de ``justa'' la detención de Pinochet en el marco de la lucha contra la impunidad, mientras que familias franco-chilenas pedían a Francia ``prever una iniciativa judicial'' contra el ex gobernante de facto.

En tanto que Estados Unidos afirmaba que ha cooperado en el caso Pinochet, y que la decisión de entregar material clasificado dependía del Consejo de Seguridad Nacional, Human Rights Watch pidió al presidente Bill Clinton apoyar públicamente la extradición a España del ex dictador sudamericano

La fiscal de los tribunales de crímenes de guerra de la Organización de las Naciones Unidas para Yugoslavia y Ruanda, Louis Arbour, señaló que el arresto de Pinochet es signo de que la agenda de los derechos humanos entra a la era de cumplimiento, a la par que en Uruguay hubo declaraciones a favor de una justicia internacional sobre derechos humanos.

Hubo otras expresiones de apoyo al enjuiciamiento de Pinochet en numerosos países de América Latina, y la única voz discordante fue la del ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez, al atribuir al ``marxismo mimetizado'' la detención de su antiguo colega.