La comisión texana negó la licencia de construcción; el sitio, inseguro: Bush
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 22 de octubre Ť La solicitud de una licencia para construir un depósito de desechos radiactivos de bajo nivel en Sierra Blanca fue rechazada hoy por la Comisión para la Conservación de los Recursos Naturales del Estado de Texas, después de un año de manifestaciones ciudadanas en contra en ambos lados de la frontera y de una protesta diplomática del gobierno de México.
``Es un gran triunfo para el pueblo del estado sureño estadunidense y no se hubiera logrado sin la participación de gente interesada desde México'', dijo Mary Kelly, abogada ambientalista y directora del Centro Texas de Estudios de la Política que trabajó con la amplia coalición binacional que se opuso al depósito.
El gobernador de Texas, George W. Bush, elogió la decisión, a la que calificó como una victoria para la ciencia y los derechos. ``Los funcionarios ambientales del estado han determinado que el sitio no es seguro. Por lo tanto, el depósito no se construirá en Sierra Blanca, punto'', declaró Bush en un comunicado emitido esta noche.
El anuncio de la decisión se dio a conocer esta tarde en un breve comunicado desde Austin. ``La Comisión para la Conservación de los Recursos Naturales del Estado de Texas, integrada por tres miembros, negó hoy la solicitud para la licencia de la Autoridad de Desechos Radiactivos de Bajo Nivel de Texas''.
Patrick Shaughnessy, vocero de la comisión, comentó a La Jornada que cualquiera que esté insatisfecho con la decisión cuenta con 20 días para apelar a favor de una nueva audiencia ante ese organismo. Señaló que los comisionados llegaron a su decisión después de recibir una recomendación formal para negar el permiso para instalar el depósito de dos jueces administrativos encargados de examinar el asunto.
Shaughnessy rehusó comentar sobre el impacto que tuvieron en la decisión las protestas populares y la posición del gobierno de México, pero los departamentos de Estado y de Energía y la Agencia de Protección Ambiental expresaron sus opiniones ante el gobierno estatal.
``El Departamento de Estado se ha mantenido en contacto con la oficina del gobernador de Texas y pidió que las opiniones del gobierno mexicano fueran tomadas en consideración por Texas'', dijo a La Jornada un funcionario de esa dependencia.
Pero abogados involucrados en el caso dijeron que un factor decisivo fueron las protestas populares en ambos lados de la frontera. ``La cooperación ciudadana binacional puede superar a muchos obstáculos'', afirmó Kelly, consultada vía telefónica. Señaló que estos esfuerzos lograron opacar los millones de dólares invertidos en elaborar los estudios y evaluaciones del gobierno estatal a favor del proyecto, así como también los poderosos intereses de la industria eléctrica de Texas. ``Aunque la decisión de rechazar la solicitud se hizo sobre bases legales y técnicas, el fuerte apoyo contra el proyecto de los grupos ciudadanos y del gobierno mexicano hizo mucho más difícil considerar la aprobación de la licencia'', comentó.
Diversas agrupaciones de ambos lados de la frontera, como la Coalición Binacional Contra Depósitos Tóxicos y Nucleares, la Alianza Internacional Ecologista del Río Bravo, el Fondo de Defensa Legal de Sierra Blanca, Greenpeace-México y otros más lograron promover acciones en las calles y realizar al mismo tiempo una estrategia legal.
Cientos de niños de Ciudad Juárez bloquearon el tráfico fronterizo durante una protesta contra Sierra Blanca el 12 de este mes; un día antes, unos 150 activistas de México y Estados Unidos juntaron sus manos sobre el puente de Las Américas, entre El Paso y Juárez, para simbolizar la alianza binacional.
La unión hace la fuerza
La Coalición Ambientalista de la Frontera unió a los activistas contra el depósito con indígenas estadunidenses opuestos a otro proyecto en California, y con ciudadanos de Hermosillo que luchaban contra desechos de plomo, todas acciones recientes, según informó Kent Paterson, del Interhemispheric Resource Center en su publicación Borderlines. Se reunieron solicitudes; se presentaron protestas ante la embajada de Estados Unidos en México, y el debate entró en el ámbito electoral y político en ambos países, desde el nivel local al nacional.
La estrategia legal acompañó a estas acciones, uniendo evaluaciones y opiniones de expertos. Todos los depósitos de desechos nucleares de Estados Unidos han presentado derrames. El sitio de Sierra Blanca está en una zona sísmica comprobada. El proceso formal, por ser abierto y transparente, señaló Kelly, permitió que los abogados ambientalistas y los representantes ciudadanos jugaran un papel determinante en la decisión final, a pesar de la gran influencia de los promotores del depósito.
``Este es el tercer triunfo en tres intentos'', manifestó Kelly. Asimismo, señaló que el bufete de abogados al que pertenece, Henry, Lowerre, Johnson, Hess & Frederich, ha representado a la oposición a Sierra Blanca, y antes a otros dos proyectos de depósitos radiactivos en la frontera con México. Con el anuncio de hoy, los promotores de este tipo de planteamientos han sido derrotados, ``y todos se ganaron, en gran medida, por la cooperación binacional de ciudadanos de ambos lados de la frontera'' preocupados por la ecología de la zona, concluyó Kelly.