Solicitan amparo 16 ex funcionarios de la PGJDF
José Galán Ť Dieciséis ex funcionarios de alto nivel de la Procuraduría de Justicia capitalina -que trabajaron bajo las órdenes de José Antonio González Fernández y de Lorenzo Thomas en el trienio pasado- solicitaron al juzgado octavo de distrito un amparo contra actos de los 66 jueces penales del Distrito Federal por el presunto delito de incumplimiento de contrato, ante las investigaciones que lleva a cabo la propia dependencia por la adquisición directa, sin licitación, de más de 30 millones de dólares en equipo de telecomunicación a la empresa Ericsson.
Roberto Rosales Ricardes, Alejandro Soto Silva y César Islas Acosta, los tres ex ejecutivos de alto nivel que la propia empresa sueca responsabilizó ante el Ministerio Público de ser los apoderados legales y responsables de la firma de los contratos, no han respondido al llamado de los investigadores para ofrecer su testimonio, por lo que un grupo especial de detectives se dedica a localizar su paradero.
Entre los funcionarios se encuentran los ex oficiales mayores Humberto Moheno Díez, quien también fungió como subprocurador; José Socorro Velázquez Hernández y José Ramón González Chávez, así como los directores generales y subdirectores Gustavo Adolfo Estrada, Pablo Emiliano Melo, Carlos Martínez Porte Petit, Elías Zuccoli Salas, Jaime Olivares, Juana Jáuregui, José Luis Cabrera, Ricardo Ramírez Ortiz, Bruno López Ortiz, Octavio Aguilar Quintana, Oscar Vázquez Soberanes, Gonzalo Gavira Sagreste y Jaime García Aguilar.
De acuerdo con el procedimiento legal, el juzgado ocho de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Oriente, otorgó a los solicitantes la suspensión provisional contra actos de la autoridad, en tanto recaba la información necesaria en los juzgados para determinar si tal suspensión puede establecerse como definitiva o determina su sobreseimiento por el hecho de no existir el acto reclamado, según el inciso cuarto del artículo 74 de la Ley de Amparo.
De hecho, ante la solicitud y el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos de autoridad, los 66 jueces penales del Distrito Federal han informado ya al juzgado ocho de distrito que no existe investigación en marcha por ese motivo particular contra los 16 ex funcionarios de la PGJDF, lo que en teoría invalidaría automáticamente el amparo provisional otorgado en su favor.
Cabe destacar que estos ex servidores públicos están involucrados también en el caso de fraude de la International Business Machines (IBM), por el que actualmente enfrentan un proceso por los delitos de coalición de servidores públicos, y uso indebido de atribuciones y facultades de servidores públicos, según los artículos 216 y 217, fracción uno, inciso D, del Código Penal del DF.
Las indagatorias, sustentadas en la averiguación previa HPS-SP/37/98-02, revelan que los mismos ex funcionarios sujetos a proceso penal por el fraude que involucró a la empresa IBM, se encuentran comprometidos en la suscripción y respaldo de los dos contratos con la firma Ericsson, el 30 de noviembre de 1995 y el 16 de diciembre de 1996, que en total suman cerca de 30 millones de dólares.
Entre ambos casos, tanto Ericsson como IBM, la suma involucrada, pagada en su totalidad en las administraciones anteriores, se acerca a los 60 millones de dólares.
Humberto Moheno Díez fue oficial mayor de la dependencia y ascendió a subprocurador durante la gestión de Lorenzo Thomas, mientras el puesto de oficial mayor fue ocupado por José Ramírez González Chávez, sobrino del senador Enrique González Pedrero. Por su parte, José Socorro Velázquez Hernández fue oficial mayor de la PGJDF bajo el mando de José Antonio González Fernández, actual secretario de Trabajo y Previsión Social.