De la Barreda: se empezó a romper en el DF el círculo de impunidad
Ricardo Olayo Ť En su quinto informe de labores el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, dijo que durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas no se ha comprobado un solo caso de tortura, y en el lapso de un año ha disminuido 19 por ciento el número de quejas contra las autoridades.
No obstante, falta hacer más ágiles las investigaciones y las aprehensiones en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dependencia que a unas horas de la presentación del informe ``rectificó'' y aceptó la recomendación 4/98, que había rechazado en el plazo legal. De la Barreda planteó igualar las condiciones laborales de los policías preventivos con los agentes judiciales, y recordó que hace un año propuso a la ALDF legislar para crear un Centro de Atención a Víctimas del Delito, propuesta que no ha sido discutida.
Dijo que no se debe renunciar a rescatar la ciudad de México de las manos de la delincuencia, y afirmó que su actuación causa inconformidades entre los nostálgicos del autoritarismo. ``Quizá habría que desconfiar de un ombudsman que no las provocara'', subrayó en el primer informe que rinde de su segundo periodo de cuatro años al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), éste realizado en sus oficinas y ya no en Los Pinos, como ocurrió hasta el año pasado, dado el nuevo estatus legal de la capital del país.
Al informe acudieron el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, y otros funcionarios de su administración, aunque algunos delegados políticos presentes comentaron la ausencia del procurador, Samuel del Villar. Ahí, De la Barreda expresó que ``la legitimidad de un gobierno proviene desde luego originariamente de la limpieza del sufragio, pero después se reafirma con los afanes puestos en lograr la justicia social y el respeto a los derechos humanos''.
De octubre de 1997 a septiembre pasado fueron sancionados 329 servidores públicos, y en cinco años, se logró el castigo a mil 177, lo que en muchos casos se convirtió en la integración de una causa penal por la gravedad de la falta. De 93 a la fecha se han abierto más de 24 mil expedientes, de los cuales se concluyeron el 98 por ciento, y de 58 recomendaciones emitidas, 50 están totalmente cumplidas.
De la Barreda es el único servidor público de primera jerarquía en la ciudad que se desempeña en el cargo desde el sexenio anterior. Ayer, fiel al estilo que le ha ganado la mención de funcionario atípico, citó a filósofos, poetas, clásicos del derecho y dioses griegos para hacer un repaso de las acciones en que han dicho ``no'' a las irregularidades de la autoridad.
Mencionó el caso del ex oficial mayor Jesús González Schmal, de los funcionarios de la PGJDF y la SSP con antecedentes que los descalificaban en su desempeño, del caso de las tres jóvenes agredidas en Tláhuac --``comparable sólo a las violaciones cometidas por las escoltas de Javier Coello Trejo''--, la oposición a la pena de muerte y a la tortura, y al hacinamiento aún presente en las cárceles capitalinas.
De la tortura destacó que es la queja número 32 en la tabla de incidencia, pero que en este gobierno no se ha comprobado caso alguno.
``Las cosas han cambiado: siempre por intervención de la CDHDF, a 35 servidores públicos se les iniciaron averiguaciones previas, cuatro fueron condenados a prisión y a uno se le sigue proceso, precisamente por el delito de tortura. ¿Es poco? Tal vez, pero se empezó a romper el círculo perverso de la impunidad, y la importancia de esto es insoslayable''.
Si a algunos funcionarios les causa enojo la CDHDF, ``son muchos más los que comprenden que podemos ayudarles a prevenir, frenar o revertir los abusos''. Luego indicó que de parte de Cárdenas, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Rodríguez y Rodríguez, ha habido apoyos concretos, por ejemplo, de funcionarios del DF se obtuvo el compromiso de efectuar pagos indemnizatorios por un par de expropiaciones.
Para el primer ombudsman de esta ciudad, la cultura de los derechos humanos se arraiga aceleradamente, aunque hay quienes calumnian a la causa de la defensa de las garantías constitucionales. Pero no hay duda de que los adeptos a la plena vigencia seguirán aumentando entre la parte más viva, más lúcida y más sensible de la sociedad''. En esta causa, puntualizó, hay miles de personas ``no resignadas a ser víctimas pasivas, sino con el afán de hallar, como Ulises, el ariete que pueda proyectarse al ojo del cíclope del abuso y la injusticia''.