En su quinto informe, rendido ayer, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis de la Barreda Solórzano, destacó que en el último año se ha reducido en 19 por ciento el número de quejas contra las autoridades y no se ha documentado un solo caso de tortura en la ciudad. El periodo de esas estadísticas positivas y esperanzadoras coincide con el ejercicio del primer gobierno urbano elegido por voto popular y, a decir del ombudsman capitalino, ``se empezó a romper el círculo perverso de la impunidad''.

En este significativo avance en materia de respeto a los derechos humanos en la capital de la República ha incidido, sin duda, la actitud con la que las nuevas autoridades capitalinas ejercen el poder, pero es, asimismo, logro de una ciudadanía que ha dejado de resignarse a ser víctima pasiva, como lo señaló De la Barreda, y que actúa con una creciente conciencia de sus derechos y de las obligaciones de los servidores públicos.

Con todo, esta rápida y perceptible mejoría del acatamiento de las garantías individuales no podría entenderse a cabalidad sin el ingrediente de una práctica democrática que obliga a los funcionarios a la rendición de cuentas ante el electorado. Independientemente del signo político de los gobernantes, es claro que su apego a derecho y su sensibilidad social están directamente vinculados a su origen: en tanto llegaron al cargo como resultado de una mera designación impositiva y antidemocrática -como ocurrió en el Distrito Federal hasta el año pasado- no existió una verdadera disposición a servir y respetar a los ciudadanos, y el ejercicio del poder fue, en cambio, visto como un instrumento para consolidar las carreras políticas propias, si no es que para incrementar, en forma ilícita, la fortunas personales. En tal escenario, la corrupción fue uno de los factores centrales de las violaciones a los derechos humanos.

En contraste, los datos presentados ayer por el ombudsman capitalino reflejan que en la capital ha empezado a construirse un círculo virtuoso entre gobierno democrático, combate a la corrupción y a la impunidad y vigencia de los derechos humanos.

Cabe felicitarse por este fenómeno positivo, cuyo mérito es de todos los habitantes de esta urbe, y hacer votos porque el año entrante el presidente de la CDHDF pueda presentar nuevas reducciones en la carga de trabajo de la institución a su cargo: un rasgo distintivo del pleno estado de derecho es que la intervención del ombudsman se presenta en casos excepcionales y deja de ser sistemáticamente necesaria, como lo es todavía, por desgracia, en el país y en su capital.