Astillero Ť Julio Hernández López

A lo largo de más de quince años (De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo), el aparato público dedicado a la salud de los mexicanos ha sido minado por las políticas neoliberales de recorte del gasto gubernamental. Lentamente se fue derribando la estructura que en los años dorados de las administraciones ``revolucionarias'' llenaba de datos los discursos oficiales.

Plagada siempre de historias de alta corrupción, en las que contratistas y funcionarios se llenaban los bolsillos de dinero (inflando presupuestos y bajando calidades), la estructura sanitaria nacional ha quedado en tan deplorables condiciones que hay médicos --de quienes aquí se ha dado cuenta en diversas entregas-- que han denunciado lo que consideran un verdadero ``genocidio'' contra el pueblo mexicano.

Los mexicanos todos lo saben, y basta con platicar con derechohabientes de las instituciones públicas de salud, como el ISSSTE o el IMSS, para hacer un sumario de problemas cotidianos: instalaciones obsoletas, sucias y descuidadas; instrumental médico insuficiente y en malas condiciones; medicinas y material de curación restringidos o nunca surtidos; personal administrativo, médico y de enfermería sometido a jornadas laborales extenuantes y obligados a cumplir cuotas mínimas de atención de pacientes.

Tales condiciones producen daños graves a los usuarios de esas redes gubernamentales de atención sanitaria. Esta columna dedicó el año pasado varias entregas a narrar los dramáticos casos de muertos o lisiados por negligencias médicas diversas. Ante la difusión de esos casos, abundaron los relatos enviados por fax o correo electrónico que, en esencia, decían siempre lo mismo: desatención, errores, falta de material y de medicinas, diagnósticos equivocados, tratamientos errados, despotismo, encubrimiento de culpas.

En el ámbito privado la situación tiene perfiles similares. Hay una franja hospitalaria y de atención médica que, siendo de mejores condiciones que la otorgada por el gobierno, tiene también una alta producción de agravios y abusos. Quienes tienen la posibilidad de desembolsar su dinero para atenderse de enfermedades, suelen encontrar un mundo de explotación y voracidad sin fin. En la elite, sin embargo, no todo es color de rosa: también se conocen denuncias contra hospitales o grupos médicos de alto nivel en las que se narran negligencias e impericias fatales.

¿Qué hacer? ¡Nombra una comisión!

Tal como había experimentado con cierto éxito publicitario en el caso de los derechos humanos, el gobierno enfrentó con imaginación el caso de la irritación popular contra los servicios de salud pública y, ¿qué creen? creó su comisión especial para atender quejas y denuncias.

Ya antes había inventado una Comisión Nacional de Derechos Humanos (que ha llegado a la aberración de decir que ha disminuido la tortura porque cada vez le llegan menos denuncias, sin darse cuenta de que los abusos policiacos no se han reducido, sino aumentado, al igual que la desconfianza de la gente en esa institución hoy presidida por la sobreviviente del chuayffetismo, Mireille Roccatti), así es que ahora crearía la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), con Héctor Fernández Varela como titular.

La una como la otra son instituciones de mediatización de las quejas públicas (meras instancias de desahogos a los que en su mayoría se dan respuestas legalistas, burocráticas, insatisfactorias). La citada Conamed simplemente encauza las protestas de los mexicanos fundamentalmente hacia el terreno de la conciliación, la orientación, la asesoría. Si alguna de las partes en conflicto no acepta la indagación que pretende realizar la Conamed, basta para que se suspenda tal proceso. Tal es su marco legal y no puede hacer otra cosa, pero hay que decir, así también, que lo que hace es poco y sin sustancia.

Por ello es importante la iniciativa de ley que ahora estudian los diputados federales, en la que se busca dar autonomía y facultades reales a esa comisión que hasta ahora es de oropel. Diariamente mueren mexicanos que pudieron ser salvados y son maltratados otros que no tienen más remedio que acudir (y esperar en ocasiones meses, aunque su caso fuese de urgente atención) a las instancias públicas de salud.

Sobre todo en ese ámbito público, pero también en el privado, la salud y la vida de los mexicanos es diariamente atacada. Esperemos que no haya tan infausta tardanza entre los legisladores para poner remedio a estos problemas, como tardanza hubo, por ejemplo, en la lectura y difusión de los resultados del segundo año de labores de la citada Conamed que, para dar ejemplo de cómo se actúa en ese terreno, fueron presentados el pasado martes 20 en una ceremonia presidida por Juan Ramón de la Fuente, el secretario de salud, con cinco meses de retraso.

¿La normalidad democrática?

En Tamaulipas se vive una grave regresión política. Mientras en otras entidades se dan ciertos avances democráticos (que permiten al presidente Zedillo irse al extremo de asegurar que en México ya vivimos en una normalidad democrática), en aquel estado norteño existe una campaña priísta hecha con sentido cavernario.

El dinero del gobierno que encabeza Manuel Cavazos Lerma está puesto al servicio del candidato Tomás Yarrington, y el aparato oficial se mueve en apoyo de éste con la mayor naturalidad, como lo ha demostrado el PRD mediante denuncias concretas presentadas por el delegado de ese partido en la zona norte tamaulipeca, Ricardo Mejía Berdeja. Camiones de la Comisión Federal de Electricidad dedicados abiertamente a proporcionar energía para un mitin priísta y para que sirviese uno de ellos como plataforma para los fotógrafos del acto. Tráileres de Diconsa también metidos a la campaña. Materiales de la Comisión de Agua Potable de Reynosa puestos al servicio del priísmo.

Son botones de muestra nada más, pues el río de blanco dinero que surca la geografía tamaulipeca está a la vista. Los operadores electorales están en acción, listos para fabricar apabullantes resultados que confirmen al delfín de Cavazos Lerma como sucesor y guardaespaldas. Los operadores de prensa, igual, metiéndole dinero en grande a los forjadores de imagen y de opinión pública.

La normalidad democrática, diría el ciudadano Presidente

Astillas: Humberto Roque Villanueva ha sentado una tesis a nivel nacional que podría revertírsele en el ámbito estatal: ha dicho el aspirante a candidato a la Presidencia de la República (seamos serios, diría Carlos Rojas) que el actual presidente, Ernesto Zedillo, debe ser el árbitro de la contienda interna por dicha postulación. En caso de que don Humberto vea que no conseguirá tan altos propósitos, seguramente buscará lo que todo mundo supone que es su verdadera meta: la gubernatura de Coahuila. Allá con un gobernador que no es su brody, ¿también propondrá Roque Villanueva que el árbitro sea el titular del poder correspondiente, es decir, el gobernador Rogelio Montemayor Seguy?... ¿Qué decir de esas fotos de Carlos, el Rey Sol del sexenio recién pasado? El gesto, el cansancio, la desconfianza, la tristeza. Ella, con los ojos también puestos en quién sabe dónde, lo guía a él, cuya testa va coronada por una gorra del estilo que los caricaturistas suelen colocar en sus dibujos de ladrones. Una foto dice más que mil discursos (y que mil columnas)...

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