Los cargos de Baltasar Garzón y Manuel García Castellón, jueces españoles que libraron orden de arresto contra Pinochet, son precisos: acusan al militar de genocidio, tortura y terrorismo internacional de Estado.

El gobierno chileno protestó ante el británico por la ``violación de la inmunidad diplomática de la que goza el senador Pinochet''. O sea, la misma de que gozaba el técnico español Carmelo Soria, de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), asesinado por la Brigada Mulchen de la Dina (Santiago, julio de 1976), tras haber sido torturado en el domicilio del doble agente Michael Townley, autor material del asesinato de Orlando Letelier, ex canciller del presidente Salvador Allende (Washington, D.C, 21/9/76).

Detengámonos en otros aspectos. El poder Judicial en América Latina... ¿Existe? Teóricamente, el orden republicano se apoya en la división de poderes. De tal independencia depende la democracia legítima, complementaria al ejercicio del voto y la actividad parlamentaria y social de los partidos políticos. Sin embargo, las múltiples gestiones ante los tribunales españoles de los grupos chilenos y argentinos de familiares de detenidos y desaparecidos tuvieron, en casos como el de Soria, una situación peculiar. Hace unos años, la cancillería chilena había pedido a la Corte Suprema de Justicia ocuparse del caso. Por siete votos a favor y seis en contra, el tribunal rechazó la solicitud.

Ahora, los militares chilenos dicen que los ``tribunales españoles carecen de competencia y jurisdicción para conocer de hechos ocurridos en otros Estados''. Puede ser. Pero dadas las circunstancias, chilenos, argentinos y otros latinoamericanos tienen derecho a invocar el espíritu de las Cortes de Cádiz (1810-1814), que a más de ser llamadas ``cátedra de la Revolución de América'' por un autor de la época, decretó la igualdad jurídica entre súbditos peninsulares y americanos, iniciativa aprobada en la Constitución liberal de 1812, primera que rigió en España.

``La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios... Los españoles son hombres libres nacidos en dominios de las Españas, y los hijos de éstos han de ser justos y benéficos'', estimaron los diputados españoles y americanos en Cádiz.

Sus resoluciones no tuvieron mayor eco, pues las Cortes eran desconocidas por las oligarquías locales. De tal suerte que cuando Fernando VII regresó de Francia apoyado por la Santa Alianza, desconoció la Constitución y restauró el absolutismo, vencido años más tarde por el comandante Rafael del Riego, quien se negó a combatir a los movimientos que en América luchaban por los mismos ideales de libertad por los que él había combatido (1820).

Restaurada por los liberales, la Constitución de 1812 fue derogada tres años más tarde, y en 1836 nuevamente puesta en vigencia por un año más. Hasta que en 1931, año en que se proclamó la república, el nuevo gobierno sustituyó la marcha real por el ``Himno de Riego'', que exalta los valores republicanos de la España popular y las buenas causas de este mundo.

La justicia española acaba de dar curso a uno de los aspectos más sentidos de la impotencia jurídica de América Latina. Su fundamento más hondo nada tiene que ver con las ideas turiferarias de la democracia a la Felipe González, cuyo gobierno decretó, en el simbólico año de 1992, la ley de extranjería contra ``sudacas'', árabes y negros del Magreb, ni con las de chupacirios como Aznar, émulo del siniestro Felipe II.

El fundamento jurídico de los jueces Baltasar Garzón y Manuel García Castellón hunde sus raíces en las comunidades castellanas del siglo XIV, auténtico fundamento histórico de la democracia iberoamericana. Es una lección para los iberos que quieren ser europeos y para los iberoamericanos que quieren ser gringos.

Porque en un continente legalmente postrado y subordinado a la dictadura del poder económico, y donde los atropellos, la violencia y el asesinato son parte de la rutina política, la independencia del poder Judicial sigue siendo, como en los albores de nuestras repúblicas, causa pendiente.