Raúl, el hermano mayor, protector de cárteles, señala Del Ponte

Kyra Nuñez, enviada, Berna, 20 de octubre Ť La Procuraduría General de Suiza determinó que los 114.4 millones de dólares que Raúl Salinas de Gortari había depositado en cuentas de bancos suizos e ingleses tienen su origen en la protección que brindó al narcotráfico durante el sexenio de su hermano Carlos. Sin embargo, decidió no fincarle responsabilidades penales y optó por mantener su petición de que el Tribunal Superior de Justicia ordene la confiscación de los citados recursos.

La procuradora de la Confederación Helvética, Carla del Ponte, informó que en la investigación aparecen otros tres sospechosos, a los cuales no quiso identificar hasta confirmar su participación en los delitos por los que Raúl Salinas estaba sujeto a una investigación desde noviembre de 1995.

La funcionaria informó que ayer firmó la petición para que el Tribunal Superior de Justicia confisque el capital de Salinas, calculado en 114.4 millones de dólares, en bancos suizos e ingleses, solicitud apoyada en pruebas de que esa suma es producto directo de los pagos recibidos por Raúl Salinas de Gortari por la protección a los cárteles de Cali y Medellín -dedicados al tráfico de cocaína- entre 1988 y 1994 y por lo cual el hermano mayor del ex presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, recibió unos 500 millones de dólares.

No habría reparto del dinero

La investigación judicial ``descontinuada'' no implica el abandono de la confiscación, que de ser aprobada por el tribunal suizo será sin la obligación de un eventual reparto (sharing), a menos que intervenga una decisión política de las autoridades helvéticas sobre si la fortuna de Salinas será compartida con los cantones de Zurich y de Ginebra o con otros países como México.

A partir de hoy, los abogados de Salinas tienen diez días hábiles para recurrir a la apelación ante la Cámara de Acusación de la Corte Federal Suprema, aunque se desconoce cuánto tiempo tomará dicho órgano de justicia en pronunciarse sobre la confiscación. Del Ponte adujo: ``Tengo la mayor confianza en que la decisión será la que solicitamos''.

La información, proporcionada en rueda de prensa por la procuradora general, Carla del Ponte, y por los directores de la policía federal, Anton Widmer, y de la policía antidrogas, Valentín Roschacher, confirmó que Suiza confiscará eventualmente el dinero congelado en bancos de Zurich y Londres (89.9 y 24.5 millones de dólares, respectivamente), si el Tribunal Superior de Justicia aprueba tal decisión, y ratifica la participación directa de Raúl Salinas en el tráfico de drogas, lo que incluye el examen de cómo funcionó el ``sistema de tráfico Salinas''.

La decisión de ``descontinuar'' el proceso penal contra Raúl Salinas se basó en el argumento de que el artículo 19 del Acta Suiza sobre Estupefacientes prevé que el supuesto ofensor sea arrestado en Suiza y no extraditado. Así que debido a que Salinas está fuera de territorio helvético el proceso tendría que ser abandonado.

Del Ponte señaló que a lo anterior se suma el hecho de que debido a que las autoridades judiciales mexicanas abrieron recientemente un expediente contra Salinas por tráfico de drogas y lavado de dinero, esto ``hace que ya no sea necesario pedir a México que instituya, en nombre de Suiza, un proceso contra el sospechoso''.

``Se justifica que este caso criminal sea tratado únicamente por una sola autoridad judicial y consecuentemente la oficina de la Procuraduría General, el 19 de octubre de 1998, descontinuó el proceso que con cargos de lavado de dinero levantó en contra de Raúl Salinas y tres codefensores'', explicó la procuradora. Sin embargo, añadió, ``no descontinúa la competencia de la procuraduría en cuanto a los incautamientos del dinero del narcotráfico, aun cuando ninguna persona específica haya sido consignada para sentencia''.

``Una vez que la decisión de confiscar el dinero de Salinas sea formalmente tomada, queda a las autoridades políticas decidir su eventual reparto'' con terceras partes, dijo más adelante Del Ponte.

Una larga historia

En el curso de la rueda de prensa, las autoridades suizas informaron que en noviembre de 1995, Raúl Salinas de Gortari y su esposa, Patricia Paulina Castañón de Salinas, así como otros ciudadanos mexicanos fueron puestos bajo investigación por sospecha de delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Durante casi tres años, la ``laboriosa'' investigación, a la que se debió ``la confiscación más cuantiosa'' en la historia suiza, fue llevada por la Procuraduría General, la Policía para Asuntos Criminales y la Oficina Federal para Asuntos Policiacos.

Un total de 95.1 millones de dólares en bancos suizos fueron congelados y las autoridades solicitaron el incautamiento de otros 23.4 millones depositados en bancos londinenses. De éstos, 7.8 millones fueron liberados -según informaciones publicadas por este diario, eran propiedad de Paulina.

En las pesquisas ofrecieron declaraciones 78 testigos -60 fueron firmadas y el resto bajo anonimato- en México, Estados Unidos y otros lugares; Raúl Salinas fue interrogado cuatro veces en su celda de Almoloya, donde se encuentra prisionero bajo sospecha de ser el autor intelectual del asesinato de su ex cuñado, José Francisco Ruiz Massieu.

Según los testimonios, la información permite concluir que Salinas recibió 500 millones de dólares, entre 1988 y 1994, de los cárteles de drogas de Colombia y México. La evidencia muestra que parte de esas ganancias fue dirigida a Suiza y se alega que Raúl Salinas utilizó alias o a intermediarios.

Varios testigos indicaron tiempos y lugares remotos en México donde las drogas fueron transferidas y confirmaron que existieron acuerdos entre operadores de alto nivel de los cárteles de Colombia y México con Raúl Salinas. Según los datos, los testigos no se conocían entre sí ni sabían quién más rendía testimonio.

Si bien hasta hace unas semanas la posición de Roschacher y Del Ponte favorecía la posibilidad de que, utilizando las vías diplomáticas, se pidiera a México llevar a cabo un proceso contra Raúl Salinas, detenido por cargos ajenos a los suizos de narcotráfico y lavado de dinero, la visita del procurador mexicano, Jorge Madrazo Cuéllar, a su homóloga en Berna, hace tres semanas, la puso al corriente de que México abriría, como lo hizo días después, un nuevo proceso judicial. ``Ya no se hizo necesario utilizar aquel recurso y, consecuentemente, resultó justificada la decisión de que un solo proceso judicial lleve el caso Salinas'', refirió Del Ponte.

Sorpresiva decisión

A casi tres años de la exhaustiva investigación judicial, cuya dimensión internacional tocó específicamente el crimen organizado en una docena de países, resultó sorpresivo el anuncio de que Suiza descontinuaba el caso.

``Resultó fácil -explicó Del Ponte a La Jornada-, porque las autoridades mexicanas iniciaron el proceso penal cuando nosotros ya tenemos terminado el nuestro. Colaboraremos con ellas si nos lo piden formalmente, porque de eso se trata, de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Es cierto que Raúl Salinas está en la cárcel por otros motivos, pero ahora tiene otro proceso penal más, el de lavado de dinero y protección al narcotráfico''.

Al preguntarle si la investigación suiza detectó la participación de Carlos Salinas de Gortari en las actividades de su hermano mayor, la procuradora suiza declaró: ``La investigación que realizamos fue contra Raúl, no contra Carlos Salinas''. Roschacher complementó: ``Hay que preguntar a las autoridades mexicanas'' a quién investigan ahora.

El funcionario helvético no quiso revelar si el nombre del ex presidente mexicano figura en las páginas documentadas, ni si hubo encuentros directos entre Raúl Salinas y algunos de los jefes de los cárteles, como Pablo Escobar Gaviria.

Roschacher abundó que si México lo solicita y la procuraduría suiza lo acepta, parte o la totalidad de la documentación del expediente de Raúl Salinas -unas 230 páginas introductorias del caso y cientos más de registros- podrían ser compartidas.

Asimismo el jefe de la policía antidrogas reveló los pormenores del sistema de protección de Raúl Salinas al narcotráfico, mediante seis gráficos que documentaron cómo ocurrieron los hechos y como se lavó el dinero.

Ratificó que la policía suiza ``considera que los cargos son probados'', aunque el propio Salinas lo niegue. Es más, dijo, las declaraciones de éste fueron consideradas ``falsas y contradictorias'', además de que sus cuentas y el origen del dinero son ``largamente insostenibles'' si se piensa que sus actividades fueron legales.

La Procuraduría General de la República (PGR) hará una ``valoración'' de las investigaciones de la procuradora suiza, Carla del Ponte, sobre la procedencia de los depósitos de Raúl Salinas de Gortari en bancos de Ginebra y Zurich, con el propósito de normar su criterio y actuar conforme a las leyes mexicanas, informó ayer el embajador de México en Suiza, Enrique Loaeza Tovar.

Después de que las autoridades del país helvético dieron a conocer las conclusiones de casi tres años de investigaciones que involucran al hermano del ex presidente con actividades del narcotráfico, Loaeza comentó que la embajada mexicana no ha recibido ningún documento referente a los resultados de las pesquisas.

Pero, agregó, eso no quiere decir que las autoridades de México no estén al tanto de las acciones de la Procuraduría de Suiza. En todas las indagatorias hubo una estrecha comunicación entre la Procuraduría General de la República y la oficina de Carla del Ponte, precisó.

Loaeza Tovar declaró a una radiodifusora mexicana que, por el momento, la representación diplomática estará atenta a la documentación elaborada por los investigadores suizos: ``Definitivamente, lo que hará institucionalmente la embajada de México en Suiza será esperar a que las oficinas de la señora Del Ponte entreguen el resultado con el expediente para, en su caso, hacerlos llegar a las autoridades correspondientes en México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores''.

La investigación suiza ``estará sujeta a la valoración que de ella hagan las instancias correspondientes en México, sin hacer ningún juicio sobre el alcance jurídico y para estar en condiciones, la propia procuraduría, de normar su criterio. Pero todo esto conforme a la legislación nacional mexicana'', concluyó. (David Aponte)