Pedirá Madrid extradición de Pinochet ``si procede''

Reuters, Afp, Dpa y Ap, Madrid, 20 de octubre Ť El gobierno de España se declaró listo para pedir a Gran Bretaña la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet si la justicia española así lo solicita, aunque el presidente del gobierno José María Aznar dijo que ``a lo mejor el gobierno ni tiene que pronunciarse''.

En Santiago continúan las protestas tanto de simpatizantes de Pinochet como de quienes celebran su detención, al tiempo que los diputados de derecha paralizaron sus labores en el Congreso y surgieron amenazas de boicot contra productos ingleses y españoles, informó el corresponsal Enrique Gutiérrez.

``El gobierno está esperando que los órganos judiciales decidan finalmente si esa extradición procede para tramitarla'', declaró el canciller español Abel Matutes. Fuentes gubernamentales dijeron que de darse la extradición, España quedaría en situación incómoda, ya que podrían resultar afectadas sus relaciones con Chile.

Aznar subrayó que de momento se desconoce qué pasará con los recursos judiciales, por lo que aún no se sabe si su gobierno deberá pronunciarse, y dijo que quizá no tenga que hacerlo. En cualquier caso se declaró ``respetuoso'' para no afectar la posición de fiscales o jueces.

Aunque esta es la primera vez que el gobierno de España especula sobre cuál sería su posición si el juez Baltasar Garzón presenta finalmente su petición formal de extradición, será la próxima semana cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida en sesión plenaria si la justicia española tiene jurisdicción en torno al caso.

La Sala de lo Penal pidió al fiscal y a la acusación que le entreguen sus conclusiones antes del viernes, ya que ese día fijará la fecha de la reunión del plenario de la próxima semana para emitir su decisión sobre la competencia o incompetencia de la justicia española para juzgar al anciano ex militar chileno.

Más aún: el juez Manuel García Castellón se inhibió este día de la investigación que realizaba en torno a Pinochet, en un esfuerzo por fortalecer la acción de Garzón y lograr la extradición. Su caso se refería a los asesinatos de españoles durante la dictadura (1973-1990).

El gobierno español está sometido a una gran presión para que apoye la justicia, entre otros sectores políticos y sociales por el opositor Partido Socialista Obrero Español, y Felipe González se vio precisado a suspender una gira que planeaba comenzar por Chile.

Además, la situación del militar de 82 años se complica, luego de que las representaciones de tres organizaciones humanitarias en Londres, entre ellas Amnistía Internacional (AI), pidieron al gobierno británico realizar su propia investigación sobre los crímenes del pinochetismo si fracasa el proceso de extradición a España

A la posición de AI se sumaron Redress Trust y la Fundación Médica para las Víctimas de la Tortura, que enviaron un comunicado a los poderes públicos para pedir la aplicación contra Pinochet de la ley británica de 1988 contra la tortura, de conformidad con una Convención de Naciones Unidas de 1984.

El diario The Guardian afirmó que Washington estaba ejerciendo presión sobre Londres para evitar la extradición de Pinochet a España, pero un vocero de la Casa Blanca dijo ignorar que se estuviera actuando tras bambalinas, pues el caso com- pete sólo a los dos países involucrados.

Mientras Gran Bretaña reiteraba que el caso está en manos del poder Judicial y trascendía que la ex premier Margaret Thatcher recibió a Pinochet en su casa dos semanas antes del arresto, en Santiago el canciller José Miguel Insulza acotó que el viaje del ex militar fue un error por los procesos que había en su contra.

En tanto se informó que Pinochet sufría una depresión profunda y que su salud se agravaba por su detención, su hijo Augusto debió ser hospitalizado al recaer de una úlcera por las tensiones que sufre. De todos modos, parlamentarios afines estaban ya en Londres para tratar de defenderlo.

El gobierno chileno calificó de ``rídicula'' una decisión de la municipalidad de Santiago de suspender algunos servicios a la embajada española, mientras que la polémica crece tanto en la derecha como en la coalición de gobierno por el caso.

La derecha sigue protestando pero también se acusa de ``traición'' a asesores de Pinochet por haberlo dejado viajar, y en los partidos de la coalición de gobierno se criticaba al canciller por su defensa de Pinochet y se presentaba una querella criminal en su contra por expedirle pasaporte diplomático.

En las calles, unos 38 manifestantes pinochetistas fueron detenidos luego de protagonizar disturbios en las cercanías de las embajadas británica y española, mientras que otra protesta estudiantil de apoyo a la detención del ex dictador tuvo un saldo de medio centenar de detenidos y una decena de lesionados.

David Aponte y Salvador Guerrero Chiprés Ť El general Augusto Pinochet ``no tiene cara'' para reclamar inmunidad diplomática en Gran Bretaña, afirmó Gonzalo Martínez Corbalá, ex embajador de México en Chile.

El ex dictador ``violó flagrantemente'' las prerrogativas del cuerpo diplomático acreditado en Chile: ``que me perdone el canciller José Miguel Insulza, pero no hay violación alguna a la inmunidad, y no creo que la haya''. Precisó que Pinochet entró a Londres con visa de turista, y no como responsable de una misión diplomática.

En entrevista, Corbalá consideró incongruente el comportamiento del presidente chileno Eduardo Frei y del canciller Insulza. El primero por cancelar su visita a Madrid, y el segundo por alegar violaciones a la Convención de Viena.

Frente a la embajada de Chile en México, exiliados chilenos agradecieron a las embajadas de España y Gran Bretaña la detención del ex dictador y pidieron la renuncia del canciller Insulza. ``¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los culpables! A ver quién lleva la batuta, a ver quién lleva la batuta, el Reino Unido o el hijo de puta'', corearon. Decenas de chilenos exhibieron pancartas en las que se leía ``Para hacer justicia no hay fronteras. Gracias España, Viva España'', y ``Chile, te enseñaron a hacer justicia Inglaterra y España. Cárcel a Pinochet''.

Corbalá, autor del libro Instantes de Decisión, en el que relata los momentos del golpe de Estado, señala que el caso Pinochet está relacionado con la justicia, y no con un problema de diplomacia.

``Esto tiene dos aspectos, uno es el formal, el que se ha dicho, lo dijo mi amigo el canciller Insulza...que se había violado la inmunidad de Pinochet. Ahí que me perdone, pero no hay ninguna violación, para empezar''. El segundo aspecto es que ``el catálogo de inmunidades consulares y diplomáticas están contenidas en la Convención de Viena de 1961 y 1963, y dice con mucha claridad quiénes son considerados agentes diplomáticos y por eliminación, quienes no''.

Añadió que ``si hay alguien vivo y actuante en estos días que haya violado flagrantemente, violentamente, la inmunidad diplomática, no sólo la del embajador de México en Chile sino la de todo el cuerpo diplomático que estaba en ese país durante el golpe, fue el general Pinochet''.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Pinochet fue objeto de referencia de quienes consideraron su detención una celebrable coincidencia con el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre.

``En México --dijo Miguel Concha Malo, presidente del Centro Fray Francisco de Vitoria-- la soberanía nacional, como en el caso de los defensores de Augusto Pinochet, es incluso utilizada cuando se trata de mantener la impunidad de quienes cometen los peores crímenes contra la humanidad dentro y fuera del país''. El provincial de los dominicos recordó que hasta hoy el gobierno federal ``no ha ratificado el Protocolo II de los Convenios de Ginebra para el caso de conflictos internos''.

Asistente a las reuniones que en Roma desembocaron, el 17 de julio pasado, en el establecimiento del estatuto que crea a partir del año 2000 la Corte Penal Internacional, facultada para conocer y sancionar violaciones a derechos humanos, Concha Malo señaló: ``llama la atención y molesta la posición del gobierno mexicano'', que pretextando que el estatuto no incluía todos los posicionamientos, trató infructuosamente de impedir su aprobación''.

Entre las facultades de la Corte Penal estará conocer y sancionar crímenes de guerra cometidos en el marco de un conflicto sin carácter internacional, ``es decir, conflictos armados que tienen lugar en algún Estado entre sus fuerzas armadas y grupos armados disidentes o entre esos grupos''. Entre los delitos aludidos formalmente en el documento de la ONU están el asesinato, la tortura, los ultrajes personales, los delitos sexuales y la toma de rehenes.