Entregar material clasificado al juez, plantean en EU

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 20 de octubre Ť El gobierno de Bill Clinton se ha rehusado a otorgar al juez español que investiga los crímenes de Augusto Pinochet pruebas y documentos críticos, así como acceso a testigos claves que podrían ayudar a construir el caso legal contra el dictador chileno, señala una carta que 12 legisladores estadunidenses enviarán este miércoles al jefe de la Casa Blanca.

``Es nuestro entendimiento que Estados Unidos posee materiales y otra información crítica que ayudará a vincular a Pinochet directamente con actos de terrorismo internacional'', exponen los legisladores en la misiva obtenida por La Jornada. El representante demócrata por California, George Miller, quien presentó igual queja en abril pasado, redactó la carta. ``Desafortunadamente hemos sido informados de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sólo ha entregado documentos públicos al juez español, y no ha ordenado la entrega de cualquier material cla- sificado'', afirman.

Un vocero del Departamento de Justicia, John Russell, rechazó que no haya cooperación con la indagación española. Consultado por este diario hoy, Russell afirmó: ``haremos todos los esfuerzos para cooperar con el gobierno español''. Otro funcionario, quien pidió el anonimato, insistió en que Washington está cooperando plenamente con España baja el marco del Tratado de Asistencia Legal Mutua.

Los españoles consideran de particular importancia la cooperación estadunidense en el caso del asesinato, en 1976, del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria estadunidense Ronni Moffitt, en Washington, mediante una bomba colocada en su auto por agentes chilenos y cubanos anticastristas a las órdenes del servicio secreto de Pinochet. En 1992, una cor- te estadunidense responsabilizó al gobierno chileno del asesinato, considerado como el ataque terrorista internacional más serio perpetrado en esta capital.

El fiscal federal del Departamento de Justicia que exitosamente enjuició a los agentes que perpetraron el ataque comentó a La Jornada que aunque nunca logró llevar un caso legal contra Pinochet en los setenta, está seguro de que el militar autorizó este asesinato. ``Es inconcebible que la policía secreta chilena hubiera ejecutado el bombazo sin la participación directa de Pinochet'', dijo E. Lawrence Barcella a estos corresponsales.

Es justamente esta falla del gobierno de Clinton en la entrega de toda la documentación sobre el caso Letelier-Moffitt lo que provocó el enojo de los legisladores y otras personas vinculadas con el caso.

Michael Moffitt, quien resultó herido por la bomba que mató a su esposa y a Letelier, comentó hoy a este diario que ha enviado cartas a la procuradora general Janet Reno y al Asesor de Seguridad Nacional Samuel Berger instándoles a cooperar plenamente con la investigación española. ``Percibimos el procedimiento de los españoles como nuestra mejor y última esperanza'' para llevar a Pinochet ante la justicia, señaló. Hasta la fecha, según Moffitt, Estados Unidos se ha negado a presentar las declaraciones de Michael Townley, figura clave que coordinó el asesinato de Letelier y Ronni Moffitt.

El juez español Baltasar Garzón enviará próximamente más solicitudes formales a Washington para obtener documentos y acceso a testigos, indicaron fuentes cercanas a la investigación. Los legisladores intentarán presionar al gobierno de Clinton para que amplíe su cooperación con esta fase de la investigación.

Pero el analista Saul Landau, quien trabajó con Letelier y Moffitt en el Institute for Policy Studies y después escribió un libro documentando el caso del asesinato, afirma que hasta hoy el gobierno de Clinton no ha cooperarado plenamente con la investigación de la justicia española. Sospecha que Washington retiene evidencia que implicaría en forma directa a Pinochet en el acto terrorista internacional perpetrado contra Letelier.

``La declaración de Barcella de que Pinochet tuvo que haber autorizado el asesinato de Letelier está basada en un documento que existe, un documento redacta- do en los niveles más altos de la inteligencia estadunidense'', señaló Landau a este diario. Al ser interrogado sobre esta aseveración, Barcella dijo que no podía comentar información que podría haber visto basada en materiales clasificados.

El legislador Miller y sus colegas también creen que Estados Unidos necesita hacer más, y en su carta a Clinton sugieren que se faciliten documentos clasificados a los investigadores españoles, tal vez con ciertas salvedades para asegurar que no sean afectados los intereses de seguridad del gobierno estadunidense.

``El mundo está observando muy de cerca mientras usted considera esta solicitud'', indican los legisladores a Clinton. ``Con la ausencia de una respuesta firme, los terroristas continuarán creyendo que pueden actuar con impunidad''.

Landau subraya que ``esta es la oportunidad para que Clinton demuestre su fuerza y su compromiso con el antiterrorismo. Si no lo hace, su retórica, como el discurso que ofreció en la Organización de las Naciones Unidas, será vacía''.