En el informe relativo a los depósitos de Raúl Salinas de Gortari en Suiza, dado a conocer ayer por la procuradora general de ese país, Carla del Ponte, los señalamientos contra el ex funcionario de Conasupo pasan a segundo lugar ante la gravedad de las acusaciones contra muchos otros políticos de mayor nivel que, en ese documento, aparecen vinculados al narcotráfico, empezando por el ex presidente Carlos Salinas y varios secretarios de Estado durante su gobierno -Emilio Gamboa Patrón, Luis Carlos Ruano Angulo y Luis Donaldo Colosio-; altos ex funcionarios de la Presidencia -José Córdoba Montoya y Justo Ceja Martínez-; los ex gobernadores Manlio Fabio Beltrones y Alfredo del Mazo, y el ex procurador Antonio Lozano Gracia, entre otros.

Estos señalamientos colocan a la sociedad mexicana ante dos escenarios extremos y casi igualmente graves: por una parte, que sean ciertos y, por la otra, que sean fabricaciones surgidas de una conjura para dar la puntilla a la semidestruida credibilidad de las instituciones nacionales. Entre esas dos posibilidades caben, además, muchas otras versiones intermedias.

La verosimilitud de la primera se ve reforzada por la patente impunidad y la escandalosa extensión logradas por las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas duran- te el sexenio pasado, así como por la profundidad y las dimensiones que alcanzó la corrupción en general entre 1988 y 1994. Desde esa perspectiva, sólo una infiltración del narcotráfico en las más altas esferas del poder público podría explicar la facilidad con que ha venido operando el trasiego de estupefacientes, sus volúmenes y los montos de los recursos que genera.

Por otra parte, no puede ignorarse que la procuradora suiza se basó, para redactar su informe, en testimonios de delincuentes sentenciados o detenidos en Estados Unidos y que, en su mayor parte, actúan según las reglas de la protección de testigos o de las negociaciones entre fiscales y delincuentes -habituales en ese país- para reducir las penas a cambio de delaciones, procedimientos que tienden a minar la veracidad de los procesos y de las confesiones y que, muchas veces, se han traducido en graves distorsiones de la impartición de justicia.

Si lo asentado por la funcionaria suiza fuera cierto, ello significaría que, en el sexenio pasado, la delincuencia organizada se habría apoderado de las más altas posiciones en el gobierno federal. En caso contrario, el país estaría ante una de las más destructivas maquinaciones del exterior de cuantas ha padecido en su historia. Ante este dilema, el actual gobierno está obligado a establecer la veracidad o la falsedad de estos gravísimos señalamientos que, de cualquier manera, causan a la nación un severo daño.

Resulta inadmisible, en esta delicada circunstancia, el balbuceante comunicado emitido ayer por la Procuraduría General de la República, en el cual se limita a informar de su propósito de pedir a las autoridades suizas una parte del dinero incautado a Raúl Salinas de Gortari. La dependencia mencionada está en la obligación evidente de empeñarse en la investigación a fondo -y en el pleno y pronto esclarecimiento- de los indicios presentados por su homóloga suiza.

Finalmente, y tomando en cuenta que en la presente coyuntura están en juego la imagen de México en el exterior, la soberanía, la cohesión nacional y la salud de la República, resulta necesario que el presidente Ernesto Zedillo -funcionario de primer nivel durante el salinato y remplazante, en la candidatura presidencial, del asesinado Luis Donaldo Colosio- exprese su posición, de manera pública e inequívoca, ante el docu- mento divulgado ayer por la procuraduría helvética.