Unánime negativa del Congreso de la Unión al depósito en Sierra Blanca

El gobierno de México presentó ayer la decimoquinta nota diplomática al Departamento de Estado, donde pide la reubicación del confinamiento de residuos nucleares de Sierra Blanca, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. A su vez, la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, confió en que las autoridades texanas ``tengan sensibilidad'' ante las protestas mexicanas. ``No obstante -advirtió- hay que estar preparados para una eventual negativa''.

La comunicación diplomática expone a Washington la preocupación de los diversos sectores de la sociedad mexicana y el rechazo unánime del Congreso de la Unión a la aprobación del basurero en la zona fronteriza, cuya viabilidad será examinada este jueves por la Comisión de Conservación y Recursos Naturales de Texas.

``El señalar que de manera unánime el Congreso ha rechazado esta ubicación, nosotros pensamos que es un elemento muy importante. Es un hecho histórico y no ficción. Es algo que ha sucedido en este país de manera individualizada, porque no hay muchos pronunciamientos así. Creo que este es un asunto que tiene mucho peso'', señaló la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno.

Después de una reunión con representantes y legisladores de PAN, PRI y PRD, la funcionaria manifestó que México espera ``ser tomado en serio'' por las autoridades federales y estatales de Estados Unidos, debido a la alta preocupación de la sociedad mexicana en el asunto del confinamiento de Sierra Blanca.

Los legisladores y miembros de los partidos expresaron su apoyo a la nota diplomática y solicitaron a la embajadora Moreno una nueva reunión después del 22 de octubre, con el propósito de analizar la estrategia a seguir en caso de que el proyecto Sierra Blanca sea aprobado.

Laura Itzel Castillo, del PRD, manifestó su preocupación por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos y las autoridades de Texas pretendan violar el Acuerdo de La Paz, de 1983, el cual prohíbe construir cualquier instalación que suponga un riesgo de contaminación en la zona fronteriza. Javier Algara, diputado panista, consideró por su parte que la aprobación del basurero representaría el ``desprecio'' de las autoridades estadunidenses hacia un acuerdo bilateral con México.

El pasado 22 de enero, la cancillería solicitó al Departamento de Estado la reubicación del proyecto Sierra Blanca, después de haber evaluado los aspectos técnicos, sociales y políticos, y en consideración de las legitimas preocupaciones expresadas por diversos sectores.

Por su parte, la titular de la Semarnap, Julia Carabias, confió en que las autoridades texanas ``tengan sensibilidad ante las protestas de los distintos sectores de la sociedad mexicana y los planteamientos que le ha hecho el gobierno de México en muchas ocasiones. Asimismo, y siendo consecuentes con la política del buen vecino (es deseable que), podamos tener una resolución que nos favorezca y que la noticia sea que el confinamiento quede fuera del área de los cien kilómetros''. No obstante, agregó, ``tenemos que estar preparados para eventualmente recibir una noticia que no sea del agrado de la comunidad mexicana''. Por ello, señaló que en caso de aprobarse el basurero nuclear será la comisión de científicos ``quien entre en un proceso de detalle muy minucioso''.

El grupo de especialistas tendría la tarea de orientar ``en dónde están los problemas desde la parte técnica'', debido a que hasta ahora el gobierno de México no ha realizado una discusión en ese sentido. ``La que se ha tenido ha sido fundamentalmente en el principio de buena vecindad'', dijo.

En ese contexto, Carabias anunció que a las nueve de la noche de hoy sostendrá una primera reunión de trabajo con el grupo de científicos, con el propósito de ``expresarles nuestros puntos de vista y entregarles toda la información''. Dijo que uno de los puntos que se abordarán en el encuentro será el de analizar ``cuáles van a ser los mecanismos de información''.

En caso de que las autoridades texanas aprueben el basurero, el gobierno de México entraría en una segunda fase en la que ``las opiniones de los especialistas orientarán una buena cantidad de las gestiones que tendremos que hacer, enfrentando ya la discusión técnica de un posible proyecto que hoy no es más que una amenaza''.

Por otra parte, seis legisladores locales se sumaron al ayuno de protesta que realizan otros cinco diputados federales y grupos ecologistas ante el capitolio de Austin, Texas, y exigieron que el gobierno mexicano presente una demanda en contra de las autoridades federales y estatales estadunidenses, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de que la comisión técnica nombrada por el gobernador George Bush niegue este jueves el permiso para el basurero nuclear.

(David Aponte, Karina Avilés; Antonio Pérez y Miroslava Breach, corresponsales)

Alonso Urrutia y Andrea Becerril Ť Con el respaldo de 50 senadores de todos los partidos, diputados locales y alcaldes de Chihuahua, así como organizaciones no gubernamentales, se presentó formalmente un ``aviso de intención'' ante el panel ecológico del Tratado de Libre Comercio para impugnar la construcción del basurero tóxico de Sierra Blanca, en lo que constituye el preámbulo de la denuncia jurídica internacional.

El documento, dirigido a Janine Ferreti, director ejecutivo de la Comisión de Cooperación Ambiental de Norteamérica -con sede en Canadá-, reseña las irregularidades en el proceso de aprobación y las inconsistencias técnicas del proyecto Sierra Blanca. Anticipa que si es aprobado por las autoridades texanas, sería denunciado formalmente como parte de una controversia ecológica, pues contraviene ``obligaciones ambientales internacionales''.

De concretarse el proyecto, México reclamará el cumplimiento por parte de Estados Unidos de las leyes ambientales internacionales aplicables, pues el episodio de Sierra Blanca no es un caso aislado de falla en el acatamiento efectivo de esta legislación por parte de las autoridades texanas.

Además, se acusa al gobierno de Estados Unidos de conocer el patrón de incumplimiento del gobernador texano en la aplicación de los programas de mantenimiento en instalaciones que manejan material radiactivo, y se subraya que, ``sin importar las fallas documentadas, el gobierno federal no ha rescindido su acuerdo con Texas o tomado otra acción disciplinaria que fuerce a este estado a cumplir el acuerdo''.

El ``aviso de intención'' argumenta que, en la legislación estadunidense, es el gobierno federal el responsable del manejo de material radiactivo, si bien existe un acuerdo interno mediante el cual los estados pueden asumir esta responsabilidad, pero bajo supervisión federal. De incumplirse, se puede rescindir esta disposición.

De llegar a aprobarse el basurero de Sierra Blanca, México formalizaría la denuncia enumerando una serie de acciones que revelan la inconsistencia e incumplimiento de la legislación ambiental y que demostrarían que Sierra Blanca no es ``un episodio aislado sino un patrón persistente''.

El documento menciona los alcances de una reciente contaminación de uranio por parte de una compañía extractora en el condado de Duval, Texas, que ocurrió cuando soluciones salinas cargadas con uranio fueron inyectadas dentro de la superficie a través de pozos descompuestos. Los supervisores supieron de la ``falla intencional'' de la empresa y no se expidió ningún aviso de violaciones ni se le multó. La lista de irregularidades en la actuación de las autoridades texanas incluyen la descarga ilegal, ocurrida en ese mismo condado, de 480 millones de galones de agua de desecho contaminada con uranio y metales pesados.

Se menciona también la muerte de un empleado en una mina de uranio en el condado de Live Oak, como resultado de procedimientos que violaban disposiciones ambientales; almacenaje de líquidos de desecho falsificados en otra mina de Duval, así como por lo menos otras 170 violaciones de licencia en minas, que no derivaron en ninguna sanción o multa.

Precisa que un sitio asignado anteriormente para el basurero, en el condado McMullen, fue rechazado por la protesta de propietarios de tierra que incluían a un ex gobernador de Texas. Subraya que la autoridad texana se ha empeñado en llevarlo a Sierra Blanca a pesar de que jueces administrativos recomendaron negar la licencia en esa zona.

Finalmente, enumera el conjunto de leyes de Estados Unidos e internacionales que violaría la aprobación de dicho confinamiento, entre las que destacan disposiciones de la Comisión Reguladora Nuclear y las reglas de sustancias radiactivas, que plantean evitar la ubicación de estos tiraderos en zonas sísmicas.