La detención del senador, justa en términos morales, no jurídicos: Castro

Ap, Afp y Reuters, Mérida, España, 20 de octubre Ť Entidades de derechos humanos siguen aplaudiendo la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, hecho que generó hoy reacciones encontradas en Argentina, mientras que el presidente cubano Fidel Castro afirmó que esa medida ``es moralmente justa'', aunque ``legalmente cuestionable''.

Desde la región española de Extremadura, Castro manifestó su temor de que la detención cree ``a un Pinochet mártir y virgen, y a una derecha unida''. ``Como consecuencia, la derecha podría volver a to- mar el poder en Chile, incluso por medios electorales'', agregó.

Además, sostuvo que la detención es una medida jurídica cuestionable: ``Me sentiría feliz si juzgaran a Pinochet. Pero eso sería una medida revolucionaria, no podría ser legal juzgar a todos los que ayudaron a Pinochet''. Así, recordó que desde ``el primer día de la elección de (el socialista Salvador) Allende, el gobierno de Estados Unidos decidió derrocarlo''.

Interrogado sobre si temía correr la misma suerte que el general chileno, afirmó: ``no somos cosas iguales. Pertenezco a una estirpe que difícilmente puede ser arrestada no sólo por la moral, sino por la historia de toda mi vida''.

Precisamente, The Wall Street Journal hizo su reclamo a España con un ``Arresten a Fidel'', en un editorial en el que sostuvo que las violaciones a los derechos humanos por parte de Castro ``empequeñecen hasta las denuncias más exageradas contra Pinochet''. Incluso aseguró que las dictaduras militares latinoamericanas fueron resultado de los ``intentos'' cubanos ``por propagar la revolución'' en la región.

En cambio, el New York Times dijo que el arresto se basa en acusaciones ``creíbles'', al tiempo que el Washington Post lo consideró ``un modelo de cómo hacer rendir cuentas en el extranjero tras una serie de atroces ofensas cometidas en casa''. Pero ninguno mencionó el papel de Wa-shington para facilitar la llegada de Pinochet al poder en Chile, en 1973.

Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, el caso debe resolverse ``con estricto apego al derecho internacional'', al tiempo que la embajada de España en Brasilia debió ser evacuada tras una falsa amenaza de bomba; en Montevideo, unas 600 personas se concentraron en la principal avenida de la capital uruguaya para festejar la detención, mientras el gobierno boliviano rechazó un intento de comparar a Pinochet con el actual presidente y también ex gobernante de facto, Hugo Bánzer, y el gobernante panameño Ernesto Pérez Balladares, sugirió cerrar el caso y ``mirar hacia adelante''.

En Europa, la ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, recordó que ``por algo Francia le negó la visa a Pinochet'', y Danielle Mitterrand, viuda del ex presidente Francois Mitterrand, solicitó ``justicia para las víctimas de la sangrienta represión en Chile'', al tiempo que el ecologista y futuro ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joschka Fischer, expresó a título personal su respeto por los jueces españoles que investigan a Pinochet.

Di Tella, con Chile

La detención de Pinochet repercutió con fuerza en Argentina, donde la dictadura militar es responsable de 30 mil desapariciones, consignó la corresponsal Stella Calloni. El canciller Guido Di Tella anunció que el gobierno argentino ``será solidario con lo que Chile decida'', mientras que el ministro del Interior, Carlos Corach, consideró que el juez Baltasar Garzón --quien también investiga las violaciones a los derechos humanos de la dictadura argentina-- ``no puede juzgar lo que ya está juzgado''.

Desde la oposición, el presidenciable Fernando de la Rúa vio ``con simpatía'' la detención, al igual que el ex presidente Raúl Alfonsín, quien, sin embargo, manifestó sus dudas sobre la equidad jurídica entre países poderosos y otras naciones. Pero en cambio, en un espacio pagado, unos dos mil firmantes pidieron ``no reabrir heridas del pasado'', y dos abogados presentaron una denuncia contra Garzón por atentar contra ``la dignidad'' argentina.

En tanto, chilenos residentes en el país se manifestaron esta noche en el centro de Buenos Aires para solicitar la extradición del ex dictador a España y rechazar la posición de Corach, afirmando que para los crímenes de lesa humanidad ``no hay extraterritorialidad''.