Los beneficios de Bital al Poder Judicial, iguales para otros cuentahabientes, aclara

Jesús Aranda Ť La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó haber recibido ``consigna'' del Presidente de la República o de los banqueros al resolver la legalidad del anatocismo, y reconoció que es ``muy nocivo'' que el máximo tribunal sea atacado como institución y que a sus miembros se les señale con argumentos de deshonestidad en estos tiempos de cambio y democratización del país.

En conferencia de prensa, a nombre del pleno de ministros, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios dejaron en claro que resulta inaceptable la pretensión de algunos miembros del poder legislativo de enjuiciar a la SCJN por ese dictamen ``porque se trata de un poder diferente (el judicial)'', pero aseveraron que en caso de que se iniciara un juicio político contra los ministros de manera particular, éstos ``están tranquilos'' porque actuaron conforme a derecho.

Asimismo, insistieron en el que el controvertido fallo -que permite la capitalización de intereses sobre intereses- es positivo, porque estableció ``certeza jurídica'' en materia financiera, y aclararon que las jurisprudencias aprobadas tienen ``un marco jurídico muy amplio de aplicación'' en el que los deudores cuentan con muchas herramientas legales que pueden utilizar a su favor en los procesos penales con la banca.

Ortiz Mayagotia añadió que aun cuando se estableció jurisprudencia sobre ocho contradicciones de tesis, queda abierta la puerta para que en el futuro el pleno pueda revisar e incluso revocar su fallo, si se dan las condiciones legales, y aunque se negaron a abundar al respecto, sí señalaron que es responsabilidad del poder legislativo modificar las leyes que pudiera considerarse afectan a la población, y que al máximo tribunal únicamente le corresponde interpretar la normatividad, no juzgar su contenido.

Señalaron lo anterior durante la presentación del disco compacto Apertura de crédito, capitalización de intereses y refinanciamiento de intereses, que incluye la sentencia sobre el fallo, los votos particulares, las tesis de jurisprudencia y las tesis aisladas resueltas, las leyes consultadas, y otros temas. El objetivo del disco compacto es ofrecer un material de consulta que tome en cuenta los siguientes elementos: la SCJN sólo tiene la obligación de establecer cuál es el criterio que debe observarse en lo sucesivo respecto a la capitalización de intereses, no está facultada para juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichas normas, pues ello es propio de otro procedimiento (acción de inconstitucionalidad), tampoco puede valerse de circunstancias sociales, económicas o políticas para tomar su decisión y sólo debe atender cuestiones jurídicas, según se explicó.

Ortiz Mayagoitia recordó que el pleno tiene la facultad, incluso, de modificar su criterio sobre determinadas jurisprudencias, por lo que no descartó que con la futura llegada de otros ministros ``que pensaran de manera diferente'', o que las instancias adecuadas hicieran un nuevo planteamiento, la Corte pudiera modificar su criterio. Aclaró, sin embargo, que se trata solamente de una posibilidad.

``Se dice que recibimos línea del Ejecutivo, que una institución bancaria nos regaló computadoras y que la Corte tiene un arreglo financiero con una institución bancaria (Banco Bital), aspectos que habrían influido en nuestra decisión''. Calificó de falsas esas imputaciones porque no recibieron ``consignas'' ni presión para tomar decisiones, aunque criticó a los barzonistas que previamente habían amenazado con que de fallar en contra de los deudores entablarían un juicio político, negó que la SCJN haya recibido donativos de equipo de cómputo, porque, dijo, las adquisiciones se hicieron de manera ``directa'' y dijo que los beneficios obtenidos por los miembros del poder judicial con Bital, no fueron un ``privilegio exclusivo'', sino condiciones similares dispensadas a otros grupos de cuentahabientes.