Una de las piezas que todavía le faltan al rompecabezas de la democracia mexicana se encuentra en la futura e incierta reforma sobre los medios de comunicación masiva. Sin duda, uno de los espacios públicos que se ha movido de forma importante en los últimos años es el de la apertura de los medios. Pero, como en otros aspectos de la vida pública del país, el haber ganado algunas batallas no significa haber ganado la guerra.

El factor que distorsiona el escenario actual del debate sobre los medios es el intento de sabotaje orquestado desde el poder por algunos de los intereses duros en materia de medios, el cual a finales de septiembre pasado se expresó como una condena a una supuesta ``ley mordaza'' que se estaba generando en el seno de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la absurda táctica no fue secundada por un grupo importante de medios impresos y electrónicos; esta división es significativa porque da cuenta de un campo de comunicación en donde ha crecido la franja de medios profesionales que no se someten a los viejos métodos en sus relaciones con el gobierno.

Resulta claro que la legislación en la materia de los medios de comunicación es obsoleta en su reglamentación secundaria. En la Constitución se encuentran dos artículos sobre el tema: el 6¡ sobre el derecho a la información, y el 7¡ sobre la libertad de expresión. El problema está en las leyes secundarias, la de Imprenta, que es de 1917, y la Ley Federal de Radio y Televisión, que es de 1960. Hay un antecedente en este debate: a raíz de la reforma política de 1977, hace veinte años, hubo una discusión pública sobre las implicaciones de legislar sobre el entronces nuevo tema del artículo 6¡, el derecho a la información.

En esa época, en la que surgía el nuevo sistema electoral del país, fueron los grandes intereses de los concesionarios de los medios y el gobierno los que impidieron que se legislara al respecto. No está de más señalar que en ese momento el país pasaba de un sistema de partido hegemónico a otro de tipo dominante; que los partidos de oposición tenían poca fuerza, que el PRI tenía una mayoría calificada en el Congreso, y que los espacios de libertad de expresión eran muy limitados. Hoy las cosas han cambiado bastante: ya no hay mayoría de ningún partido en la Cámara de Diputados, el conjunto de los partidos de oposición pueden hacer una mayoría absoluta; los márgenes de libertad han crecido de forma amplia, y hay un sistema de competencia con alternancia.

El sistema de reglas con el que operan los medios electrónicos necesita de modificaciones sustantivas. Por ejemplo, en estos días es una aberración mantener los mecanismos de discrecionalidad para dar o cancelar concesiones de radio y televisión. Se trata de una zona en donde los mecanismos de control gubernamental se mantienen, a pesar de que se han desmontado controles verticales en otras áreas como la electoral.

En el debate sobre medios que se necesita dar en el país es indispensable crear un clima para llegar a consensos.

La posición del presidente Zedillo para que exista una especie de autorregulación de los medios (La Jornada, 10/10/98) resulta a todas luces insuficiente y expresa una cómoda postura para mantener las cosas como están. La defensa y la práctica de la libertad de expresión son incompatibles con los nudos de intereses políticos y económicos que cruzan la relación entre concesionarios y gobierno. El país necesita adecuar sus marcos de libertad de expresión con reglas transparentes en el funcionamiento de los medios masivos, sobre todo de cara al año 2000, en donde los medios jugarán un papel determinante en el ámbito de la competencia electoral. Ya no se vale que se paguen facturas por concesiones a cambio de apoyos políticos al partido oficial, o que se establezcan mecanismos de censura a voces críticas, como los que todavía hubo durante la campaña electoral de 1997.

Un país democrático, que quiere ser democrático, no puede mantener vigentes la discrecionalidad y el secreto en un asunto tan público como las reglas con las que operan los medios de comunicación.