En distintos ámbitos de la vida política se presentan situaciones que obligan a revisar los términos en los que se ha planteado, tradicionalmente, el ejercicio de la soberanía nacional y su vinculación con conflictos sociales internos, que cada vez lo son menos.

En un caso, el director de Amnistía Internacional, Pierre Sané, declaró recientemente -con las consecuencias que ello implica- que las violaciones a los derechos humanos en nuestro país se han incrementado a niveles catastróficos en un año. Por su parte, el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, Tierry Meyrat, informó -para alivio de muchos- que ese organismo llenará el hueco que dejó la Cruz Roja Mexicana (CRM) en Chiapas en materia de asistencia a las comunidades de desplazados y ejercerá ``un papel rector'' sobre la institución nacional. Como se recordará, la CRM, severamente debilitada por actitudes de su presidente José Barroso Chávez y las pugnas en su interior, ha entrado en una crisis de falta de recursos, ante la cual anunció la suspensión de sus actividades en la entidad del sureste.

Billie Meyers, diputado español por Izquierda Unida y quien encabeza un grupo de observadores de derechos humanos que se apresta a realizar una gira de trabajo por Chiapas, señaló que el conflicto es considerado uno de los 24 que se desarrollan en diversas partes del mundo y que suscitan la atención y la preocupación de la comunidad internacional.

En el ámbito parlamentario está prevista para hoy una reunión de las comisiones senatoriales de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos y Estudios Legislativos con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María del Carmen Moreno, para analizar la ratificación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a decir del senador Felipe Bravo Mena, significaría ``un viraje radical en la postura del gobierno mexicano''.

Mención aparte merece el empecinamiento estadunidense en instalar un basurero nuclear en un punto cercano a la frontera con México. Si bien, en estricto sentido, se trata de una determinación que recae en el ámbito de la soberanía territorial de Estados Unidos, la naturaleza de los residuos atómicos no sólo constituye una grave amenaza para la salud de los estadunidenses, sino también para la de los mexicanos, y en esa medida resulta legítima y justificada la exigencia de nuestra sociedad y de nuestras autoridades de que se cancele ese peligroso proyecto.

En los primeros casos referidos, es claro que el gobierno y la sociedad se enfrentan a realidades internacionales nuevas, modeladas por la globalización económica, la interdependencia política, la creciente preocupación mundial por la vigencia de los derechos humanos y el incremento de atribuciones de los organismos internacionales. Tales fenómenos han reducido en forma significativa el margen de acción que hasta hace poco tuvieron los gobiernos nacionales -el de México entre ellos- para rechazar la acción de entidades extranjeras en conflictos internos.

En la actualidad se hace cada vez más evidente que la manera más viable -si no es que la única- de preservar la soberanía nacional en estas materias es ejercer una voluntad política orientada a erradicar la corrupción, fortalecer la vigencia de los derechos humanos en el país y combatir las lacerantes desigualdades y las injusticias que dan origen a conflictos sociales como el que vive Chiapas.