AI: la violación de derechos en México, ``de crisis a real catástrofe''

Alonso Urrutia Ť A fin de avanzar en el dictamen de la solicitud de ratificación del tratado por medio del cual México aceptaría la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes las Comisiones Unidas del Senado de la República se reunirán con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María del Carmen Moreno, responsable de la cancillería en todo lo concerniente a las relaciones con organismos internacionales.

En lo que fue definido por el senador panista Luis Felipe Bravo Mena como un ``viraje histórico'' del gobierno mexicano, al aceptar esta jurisdicción tras casi 18 años de haberla rechazado, la solicitud enviada por el Ejecutivo destaca que México cuenta hoy con una extensa red de organismos independientes defensores de los derechos humanos que ha permitido incrementar la vigilancia de estas garantías.

De acuerdo con las consideraciones de la iniciativa, México, junto con Brasil, son los dos únicos países latinoamericanos que no han aceptado aún la jurisdicción de la CIDH. A ellos se suman Canadá y Estados Unidos, cuyo rechazo, explicó Bravo, ``corresponde a esa política estadunidense de impulsar la creación de organismos internacionales para luego no reconocerlos''.

En el documento enviado al Senado, el gobierno mexicano reconoce que la argumentación que en su momento fue esgrimida para rechazar a la CIDH -``toda vez que la legislación nacional prevé los recursos necesarios para corregir cualquier falla en la estructura de preservación de las garantías individuales y sociales en el país''- ha quedado rebasada.

Soberanía y derechos humanos, falso dilema

Sin embargo, explicó Bravo Mena, en el centro del rechazo mexicano estaba el dilema entre la soberanía y los derechos humanos. ``Durante años -indicó-, México dijo que no se podía poner por encima de la soberanía nacional a instancias que tuvieran jurisdicción sobre las decisiones del país, un falso dilema, a mi manera de ver''.

Asimismo el panista comentó que uno de los argumentos del gobierno mexicano para rechazar la jurisdicción de la CIDH es la aplicación del artículo 33 constitucional, que permite la expulsión de los extranjeros, y explicó que en la solicitud enviada al Senado se hace la reserva expresa para la aplicación de éste.

El documento señala que ``a casi 18 años del sometimiento de la Convención Americana al Senado, 30 de su adopción y más de 50 del establecimiento de la OEA, el Ejecutivo estima que ha llegado el momento de que México reconozca la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana''.

Argumenta que a la extensa red de organismos de defensa de derechos humanos se añade el hecho de que la justicia electoral, a cuyo ámbito no escapa ninguna entidad , ya está plenamente integrada al Poder Judicial. ``Tenemos ya una Suprema Corte de Justicia con atribuciones para dirimir, en definitiva, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales''.

Agrega que México ya ha aceptado otras convenciones y protocolos como el relativo a prevenir y erradicar la tortura, así como la violencia contra la mujer. Puntualiza que la la CIDH no ha sido ajena a la defensa de los connacionales, por lo que México ha promovido una solicitud de opinión consultiva ``tendiente a salvaguardar el escrupuloso cumplimiento de sus derechos''.

La solicitud señala que si bien en ocasiones ha habido diferendos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el reconocimiento de la CIDH ``permitiría dirimir ante un tribunal independiente e imparcial esas controversias jurídicas''.

Añade que el reconocimiento ``contribuiría a fortalecer la vigencia del estado de derecho, a modernizar y complementar el andamiaje interno que se ha desarrollado progesivamente para la protección de los derechos humanos en el país y a combatir la impunidad''.

Tras destacar la importancia del cambio, Bravo Mena dijo que hasta ahora ``hemos podido ver una posición mayoritaria de los legisladores para aprobar el tratado como forma de fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos''.

Sin embargo, reconoció que algunos senadores han externado su desconfianza porque la jurisdicción de la CIDH no ha sido ratificada por el gobierno de Estados Unidos.

Explicó que la aceptación de la jurisdicción de la Corte no tendrá vigencia inmediata, pues ``según algunos expertos, dados los procedimientos que requiere este tribunal, se calcula que será en unos cinco años cuando el primer caso mexicano pueda llegar a ser abordado en esta instancia''.

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC., 19 de octubre Ť La violación de los derechos humanos en México pasó en un año de una crisis a una verdadera catástrofe, opina el director de la organización Amnistía Internacional, Pierre Sané.

De acuerdo con el activista, la situación en Chiapas y en el estado de Guerrero está empeorando, y a pesar de las declaraciones del gobierno mexicano ``no existe un compromiso real por proteger los derechos humanos''.

Sané efectuó esas declaraciones el pasado fin de semana, en Los Angeles, California, en una entrevista con el diario hispano La Opinión, en la que añadió que ``los periodistas continúan siendo asesinados, los observadores de derechos humanos hostigados y se le ha dado al Ejército un cheque en blanco para que continúe cometiendo atrocidades''.

Por tal motivo, adelantó que en breve Amnistía Internacional publicará un reporte exclusivo sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.

Por otra parte, Sané indicó que la violación de los derechos de los indocumentados -en su mayoría de origen mexicano- que son arrestados en la frontera por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos es una constante.

Por tal motivo, la organización que recientemente divulgó un reporte dando a conocer algunos abusos de agentes del Servicio de Inmigracion y Naturalización (SIN) contra los migrantes detenidos en Estados Unidos, ahora trabaja en un reporte sobre los excesos que cometen directamente en el campo los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Dicho reporte estará conformado por las quejas que decenas de organizaciones no gubernamentales han recabado y documentado a lo largo de los más de 3 mil kilómetros de frontera compartida entre ambas naciones.

La principal preocupación de la organización, dijo, son las reiteradas quejas documentadas por las ONG de ambos lados de la frontera en relación con la detención de menores de edad, especialmente el hecho de que permanezcan detenidos por mucho tiempo junto con los adultos.

La organización señaló la importancia de efectuar un recorrido a lo largo de la frontera para evaluar directamente las condiciones a las que se enfrentan los miles de migrantes que intentan evadir la vigilancia, cada vez más cerrada, de la Patrulla Fronteriza.

``Por un lado tenemos a las autoridades estadunidenses diciéndonos que ha mejorado la situación, y por otra parte los organismos independientes continúan diciéndonos lo contrario. Por eso consideramos importante evaluar la serie de preocupaciones que hemos recibido'', puntualizó Sané.

El secretario general de Amnistía Internacional habló también sobre la gira que realiza en Estados Unidos para difundir la campaña adoptada a principios de este mes, en la cual la organización condena, por primera vez en su historia, a esta nación como un país violador de los derechos humanos.

En el reporte, titulado Estados Unidos, derechos para todos, se acusa a las autoridades de ese país de cometer actos de brutalidad policiaca y se afirma que la pena de muerte se aplica de forma selectiva y racista con la población carcelaria perteneciente a las minorías étnicas.