Acusa Garzón a Pinochet de 94 asesinatos

Dpa, Reuters, Ap y Afp, Londres, 19 de octubre Ť El general retirado Augusto Pinochet aseguró hoy que luchará contra los intentos del ``superjuez'' español que intenta extraditarlo de Gran Bretaña para que enfrente cargos de genocidio, tortura y terrorismo, mientras que en Madrid, el juez Baltasar Garzón amplió las causas para el arresto del ex dictador chileno y agregó cargos de genocidio, tortura y terrorismo perpetrados en contra de 94 personas de diferentes nacionalidades.

El juez Garzón formuló los agregados a la orden de arresto mientras trabaja en los argumentos legales para conseguir la extradición a España del ex hombre fuerte de Chile, pero el gobierno conservador del presidente español, José María Aznar, se mostraba particularmente molesto por el caso.

El magistrado de la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española, dispone de un plazo de 40 días, contados a partir del arresto de Pinochet, para transmitir su pedido de extradición, pero previamente a su formulación, Garzón podría viajar a Londres para interrogar al ex militar en la clínica donde éste convalece.

Este día, Garzón transmitió a Gran Bretaña un pedido de autorización para interrogar a Pinochet, al tiempo que demandó a la acusación y al fiscal que entreguen en los próximos tres días sus conclusiones definitivas sobre la extradición, demanda que deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros español antes de ser transmitida a Londres.

En la ampliación de datos a su demanda de detención de Pinochet, en la que extiende a 94 casos sus acusaciones, Garzón afirmó que el delito de genocidio se integra por una serie de detenciones ilegales, seguidas en algunos casos de asesinatos y desapariciones, cada uno de ellos precedidos por torturas según los testimonios y datos obrantes en la causa.

Añadió que durante la dictadura militar chilena (1973-90) se creó una organización armada aprovechando la estructura militar para, con toda impunidad, institucionalizar un régimen terrorista que subvirtió el orden constitucional aprovechando la ayuda de otros países, particular- mente Argentina.

También estimó que Pinochet, contrariamente a sus propias afirmaciones, no goza de inmunidad diplomática, ya que la misma no puede aplicarse a los culpables de crímenes contra la humanidad.

En su primera acusación, Garzón involucró al ex general en el secuestro y asesinato de 80 chilenos de origen español en el contexto de la denominada Operación Cóndor, red secreta de cooperación entre las distintas dictaduras sudamericanas al frente de la cual, según el magistrado, estuvo Pinochet.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes, afirmó que su gobierno respetará las decisiones judiciales, pero recordó que la fiscalía de la Audiencia Nacional pidió hoy, en ejercicio de su autonomía, el abandono de la investigación de Garzón.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, debería oponerse a un pedido de extradición del juez porque ya se había pronunciado en forma adversa en torno a los sumarios iniciados contra el general Pinochet, basándose en un vasto abanico de argumentos jurídicos.

El gobierno de Aznar podría apoyarse en los argumentos de ese tribunal para rechazar el trámite ante las autoridades británicas para la extradición, pero sería blanco de duros ataques de la oposición de izquierda, que ya ha pedido al Ejecutivo dejar actuar a los jueces.

Mientras, en Londres, el general Augusto Pinochet lanzó una contraofensiva con la promesa de combatir cualquier decisión de extraditarlo.

``Todo intento por parte de Gran Bretaña será combatido con decisión'', expresó en una declaración el bufete británico de abogados Kingsley-Napley.

El embajador de Chile en Gran Bretaña, Mario Artaza, declaró que Pinochet se encontraba bajo el efecto de sedantes y ``no entendió nada'' cuando el viernes por la noche le informó en torno a la orden de detención de que era sujeto.

El general quedó ``totalmente confundido'', precisó Artaza luego de reunirse con el representante para las Américas, Peter Westmacott, en la sede del Foreign Office, en donde entregó también una nueva protesta del gobierno chileno.

Por su parte, el ministro británico del Interior, Jack Straw, señaló que no se opondrá a que Garzón interrogue a Pinochet, pero recordó que éste tiene derecho a no declarar. Entre tanto, hizo su arribo a la capital británica una delegación de partidarios y familiares de Pinochet, entre ellos uno de sus hijos, Marco Antonio, varios responsables de la derecha chilena y un ex ministro de Relaciones Exteriores, con objeto de ayudarlo en su defensa.

Cautela estadunidense y acusación argentina

La detención de Pinochet causó conmoción en Argentina, donde el ministro del Interior, Carlos Corach, dijo que este es un problema entre Chile, Gran Bretaña y España, y descartó cualquier similitud con la situación de los ex represores argentinos reclamados por Garzón por la desaparición de ciudadanos de origen español durante la dictadura en el país austral.

Indicó que ningún ex represor argentino podrá ser detenido en el exterior, porque en Argentina los casos en que están involucrados son ``cosa juzgada'', y ratificó que no se concederá la extradición de ningún intregrante de la dictadura (1976-83) para su enjuiciamiento en el exterior.

Además, Corach acusó al juez español Baltasar Garzón de ser un magistrado ``ansioso de notoriedad''.

En Washington, el Departamento de Estado mantuvo una posición cautelosa, y el vocero James Rubin reiteró que la situación de Pinochet es asunto que compete únicamente a los gobiernos y a las cortes de los países involucrados. Pero la Casa Blanca aprobó indirectamente la detención del ex militar en Londres: ``Creemos que la gente que cometió crímenes debería comparecer ante la justicia, dijo el portavoz Joe Lockhart.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, destacó que el caso de Augusto Pinochet muestra que en el mundo se están acabando los refugios para los sospechosos de violar los derechos humanos.

Por el contrario, en Venezuela, el ex líder golpista y candidato presidencial Hugo Chávez consideró que Pinochet tendría que ser juzgado en Chile, porque con su detención en Gran Bretaña se está afectando la soberanía de un país, aunque aclaró que no apoya al ex dictador.

Reacciones en México

Miriam Posada, Salvador Guerrero y Elio Henríquez Ť El subsecretario de Asuntos Exteriores británico, Tony Lloyd, quien se encuentra de visita en México, aseguró que su país no está violentado legislación alguna con la detención de Pinochet, y que sólo atendió la demanda de extradición española.

A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, indicó que ``uno de los hechos por los cuales puede conmemorarse el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es la detención del ex dictador''.

Y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, presidido por el obispo Samuel Ruiz, saludó la decisión de la justicia inglesa de hacer valer el derecho internacional. En un comunicado sostuvo que las torturas, las desapariciones, el terrorismo y la suspensión de los más elementales derechos políticos son delitos de lesa humanidad.