Poco después de la masacre de 46 indios totziles en Acteal, Roberto Albores Guillén, el gobernador sustituto de Chiapas, se reunió con los tres obispos católicos de la entidad para rezar por la paz y la reconciliación.

Con ellos, atento, estuvo el cardenal de Monterrey, Adolfo Suárez Rivera, un veterano miembro de la oligarquía que ha estado en Chiapas durante el último siglo y medio. El cardenal llevó con él a su buen amigo Alfonso Romo, cuyo imperio corporativo, Pulsar, incluye casas de bolsa, fábricas de cigarros, madereras y productoras de papel.

El empresario estuvo en la plataforma para rezar también por la paz y la reconciliaciónÉ a través de inversiones y empleos.

En una región de indios mayas abyectamente pobres, en asociación con poderosos productores de pulpa y de papel (como Simpson y Lousiana Pacific, calificadas de ``compañías prospectos''), Pulsar propuso plantaciones de juncos (eucaliptos largos) a gran escala, a fin de generar empleos para 10 mil indígenas descontentos.

También proyecta una enorme plantación dedicada a la producción de celulosa en Tabasco, donde ahora tiene ocho mil hectáreas con especies experimentales en Balancón, cerca de la frontera con Campeche.

Actualmente, Pulsar tiene diferentes sitios de prueba en Chiapas, incluso 600 hectáreas en el valle de Tujila, justo a las afueras de Ocosingo, en una zona donde el rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional ejerce considerable influencia. El plan aparentemente implica proveer a los insurgentes de empleos productivos para que se dediquen a plantar árboles de eucalipto en la Selva Lacandona.

``Nosotros no tenemos una agenda política'', dice José Antonio Ríos Bosch, de la oficina de Pulsar en Villahermosa, Tabasco. ``Por supuesto, quisiéramos una solución pacífica del conflicto, pero nuestro interés está en brindar trabajos y agricultura sustentable en una región difícil''.

El plan de Pulsar para ``promover'' la paz en Chiapas goza del respaldo del Banco Mundial. Romo recorrió ese estado del sureste poco antes del estallido de la rebelión zapatista con James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, quien después expresó su profundo respaldo al esquema de las plantaciones como un camino viable para calmar las aguas turbulentas.

El Banco Mundial ha destinado más de cinco millones de dólares para semillas de las plantaciones de papel comercial en el sureste de México. En los sesentas, contribuyó a la destrucción de bosques y la elevación de las tensiones sociales en la misma región, con préstamos masivos a campesinos y ganaderos en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Desde 1994, cuando el TLC entró en vigor, una serie de madereros y pulperos gigantes se asociaron con corporaciones nacionales para hacer negocios en esa región. Algunos acertaron en sus inversiones; otros, quebraron. Louisiana Pacific terminó sus pulverizadas operaciones en Ensenada (donde estaban embarcando troncos desde el Norte de California, donde la madera escasea actualmente) y Buise Cascade está perdiendo sus camisas en una zona -la Costa Grande de Guerrero- con presencia guerrillera. International Paper ha sido echada de algunos ejidos en la Sierra Tarahuamara -80% de los bosques que quedan están concentrados en 8 mil 400 ejidos, 27% de los cuales están en manos de comunidades indígenas cada vez más renuentes a establecer convenios para la explotación de sus árboles.

Debido a la resistencia campesina, en territorios de conflictos endémicos y con una espantosa falta de infraestructura para acceder a los recursos naturales, los grandes equipos madereros y productores de pulpa estadunidenses, como la International Paper, han decidido cultivar sus propios bosques y haciendas en el sureste mexicano, en una extensa región habitada por empobrecidos labriegos, muchos de los cuales son descendientes mayas y no pocos apoyan al EZLN.

Big Pulp Players

Las transnacionales que operan en el sureste de México son:

International Paper, que -desanimada por su experiencia en Chihuahua- plantó 30 mil hectáreas en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche.

Temple Inland Corporation, con sede en Texas, que es la número seis en la lista de los productores de pulpa en los Estados Unidos y la número dos en la producción de cajas de cartón. Tuvo a Bobby Inman, un ex director de la CIA, dentro de sus directivos. Con la empresa mexicana Planfosur, Temple Inland es propietaria de una plantación de 240 mil hectáreas en Huimanguillo, Tabasco.

(Esas dos mismas asociaciones transnacionales proyectan acciones similares en el Istmo de Tehuantepec, en nuevos lugares de plantación de árboles integradas en el Megaproyecto Transítsmico del presidente Ernesto Zedillo, el cual, en efecto, podría ser la extensión de México a la costa del Pacífico para compradores multinacionales y funcionar como una ruta alternativa para el cada vez más bloqueado Canal de Panamá).

Smurfit Newsprint, cuyas expectativas son colocar 260 mil hectáreas para la producción de celulosa en Campeche. Smurfit tuvo operaciones en San Louis y Oregon, en Estados Unidos, pero está asentada en Dublín, Irlanda, donde reside actualmente el ex presidente Carlos Salinas.

La familia Smurfit forma parte del grupo conocido como Los Tigres Celtas, el cual ha tenido grandes éxitos en el mercado de la Comunidad Económica Europea. Uno de los tigres, según fuentes del Irish Times, es el inversionista Tony Ryan, un confidente de Salinas.

Kimberly-Clark, cuya subsidiaria en México está encabezada por Claudio X. González, uno de los industriales favoritos del ex presidente Carlos Salinas. La compañía pretende convertir vastas rutas de bosques naturales, mayoritariamente en Durango y Chihuahua, en papel de baño.

Proyecciones faraónicas

Antes de la invasión europea, iniciada en 1519, el sureste de México estaba cubierto por un denso pabellón boscoso que iba de la península de Yucatán hasta la Selva Lacandona y Guatemala.

Hoy, ese bosque sólo es pieza de museo, en enclaves semejantes a Los Montes Azules, una reserva de la biósfera protegida por la ONU, cerca de donde acampa la comandancia zapatista.

México perdió, debido a los talamontes, cerca de ocho millones anuales de hectáreas de bosques debido a los incendiarios, la industria ganadera y la agricultura de corte y quema. Las nuevas leyes forestales del país adicionaron incentivos para acabar con los bosques restantes. Una vez que un área es desforestada, se reclafisifica como tierra forestal degradada y recibe subsidios para plantaciones de árboles.

Las proyecciones de los plantadores transnacionales para el sureste mexicano son faraónicas. Miles de hectáreas de tierras forestales degradadas están disponibles para la producción de celulosa, aun cuando la Asociación de Plantadores de bosques dice que por el tiempo transcurrido, sólo sembrarían un décimo de esa superficie con eucaliptos y otras especies de rápido crecimiento.

Pulsar, con estrechos vínculos gubernamentales (Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda, encabeza la Casa de Bolsa), ha plantado cerca de un millón de hectáreas en Tabasco y Veracruz para producir celulosa los próximos 25 años.

La corporación Comercial Forest Production Plan, establecida en noviembre de 1994, presumía una inversión de 400 millones de dólares para exportar seis millones de metros cúbicos de celulosa anualmente. El plan contempla envíos por ferrocarril desde Dos Bocas, Tabasco, donde presumiblemente la pulpa de eucalipto sería embarcada por compradores norteños. Simpson y LP están en la lista de proveedores potenciales.

El plan de Pulsar también contempla una estrategia ambiental contrainsurgente: como una forma de anticipar objeciones de ecologistas, Romo y sus asociados diseñaron una ofensiva publicitaria para convencer a la opinión pública de que la producción comercial de árboles preservaría los bosques nativos.

Los ambientalistas rechazaron el monocultivo de eucaliptos, porque esos árboles absorben enormes cantidades de agua y aceites naturales, y los pesticidas aplicados por las plantadoras comerciales contaminan las fuentes subterráneas de agua.

``Observamos de cerca el impacto ambiental de nuestros proyectos. Hay la suficiente agua profunda en esos sitios. No los hubiéramos seleccionado si no hubiera'', dijo Ríos.

El esquema para convertir al México maya en una vasta plantación de eucaliptos es consecuencia directa de la reforma al artículo 27 constitucional y una secuela del TLC. Esa reforma permitió que las comunidades campesinas y los ejidos vendieran o rentaran sus tierras a agroindustrias transnacionales.

La reforma fue cocinada por Carlos Hank González, un magnate que ha aparecido en la lista de supermillonarios de Forbes, cabeza del PRI, y uno de los políticos más poderosos del país.

El artículo 27 fue actualizado por el entonces subsecretario Luis Téllez, quien luego fue jefe de la Oficina de la Presidencia y ahora es secretario de Energía. Téllez también promovió dos leyes secundarias: en 1992, una propuesta de ley forestal que legitimaba las plantaciones comerciales, y una reforma en 1997 que literalmente concedía a los plantadores sus deseos. Las nuevas regulaciones pusieron en marcha una serie de propuestas hechas en junio de 1995 por Edward Kobacker, vicepresidente de la división forestal de International Paper. La carta fue filtrada a Jaime Avilés, de La Jornada.

La ``ley Kobacker'', como la llamó Avilés, autorizaba a los grandes pulperos a adquirir parcelas de disensiones ilimitadas, a pesar de que la ley establecía lo contrario.

``Este es un negocio competitivo. No debe haber límites en la entidad de tierra que podamos tener'', dijo Jesús Rivas, coordinador general de Pulsar.

Kobacker y sus socios también obtuvieron subsidios con la nueva legislación forestal. El gobierno mexicano retornará 65% de las inversiones durante los primeros siete años del ciclo de desarrollo. Los subsidios a las plantadoras de árboles comerciales desplazaron a los destinados a las empresas de bosques naturales. En 1997, los números corrieron de nueve a uno. La mayoría de los candidatos para recibir subsidios de explotación de bosques naturales son ejidos y comunidades indígenas en las que los plantadores de árboles están universalmente asociados, según la Red Mexicana de Organizaciones Agrícolas y Forestales.

Finalmente, International Paper y sus contrapartes obtuvieron protección gubernamental contra la insurrección, y una resolución de la situación incierta en Chiapas, donde Kobacker prometió dedicar 400 mil hectáreas a la producción de celulosa. El cerco militar al EZLN y sus bases de apoyo ha sido una demostración palpable del compromiso del gobierno del presidente Ernesto Zedillo con la seguridad de las transnacionales.

Curiosamente, Víctor Sosa, el nuevo director forestal de la Semarnap, es uno de los consejeros de International Paper.

La alternativa zapatista

Los zapatistas advirtieron que el gobierno mexicano debería encontrar una ``solución final'' a sus problemas agrarios. De acuerdo con el subcomandante Marcos, la reforma al artículo 27 empujó la pobreza en Chiapas, orilló a la población indígena a los puentes y forzó a los rebeldes a declarar la guerra al gobierno.

Después de dos semanas de enfrentamientos y cuatro años de guerra de baja intensidad, el EZLN se mantiene tan resueltamente rebelde como al inicio.

En el proceso de convertir los Acuerdos de San Andrés en una enmienda constitucional, el presidente Zedillo de manera repetida habla de la ``balcanización`` de México, la cual, según confesó, sería resultado de semejante cambio. Sus críticos llaman a semejante retórica una ``cortina de humo'' en las verdaderas intenciones del Presidente neoliberal: rentar el sureste de México a la International Paper y a sus asociados estadunidenses, para sus plantaciones de eucaliptos.

En marzo de 1998, Zedillo finalmente envió una versión severamente truncada de los Acuerdos de San Andrés al Congreso. La iniciativa no contiene definiciones de territorios y da luz verde a los propietarios de tierras para la renta del sureste mexicano a la Internacional Paper y sus asociados.

¿Qué comemos?

Con los créditos gubernamentales suspendidos y asechados por los coyotes, quienes compran las cosechas a precios mínimos, los ejidos y comunidades del sureste son tan marginados por los bancos comerciales que están en riesgo de perder sus equipos y sus tierras para siempre. Pulsar y Panfosur suspendieron sus contratos de renta por siete años y los pagos en efectivo. Los plantadores de árboles siempre ofrecen repartir las utilidades, una vez que esté la cosecha. Las tierras rentadas pagan 70 dólares por hectárea al año si la cosecha ha sido preparada por los plantadores y 40 dólares en caso contrario. El acuerdo de renta permite al ejido aplicar dinero en efectivo para pagar los préstamos bancarios.

Mientras tanto, los propietarios de la tierra que sembrarán árboles en las plantaciones (mil dólares es la cuota diaria) que eventualmente están destruyendo el suelo y esparciendo pesticidas por 25 pesos diarios, el salario mínimo.

De acuerdo con la investigadora Esperanza Tuñón, del Centro de Investigaciones Ambientales con sede en Tabasco, mujeres embarazadas son destinadas a las labores de riego.

México tiene un déficit de producción de papel que pesa en sus importaciones, de más de 500 millones de dólares al final de la producción anual. Casi 85% de éstas son anuales. Pero el déficit alimentario de la nación es más grave. Aproximadamente 40% de la población sufre algún grado de desnutrición, reporta el Instituto Nacional de la Nutrición. De 21 a 23 millones de mexicanos viven ahora dentro de los parámetros de pobreza extrema, según define la ONU.

Destinar tierras para cultivos de comida y rentarlas a plantaciones de eucaliptos para el mercado internacional de la pulpa y el papel es una mala política, argumenta Luisa Paré, una investigadora de economía agraria e integrante del Consejo Nacional Civil por la Silvicultura Sustentable.

No sólo despoja a los más pobres de los pobres -mayoritariamente pobladores indígenas en el campo- de sustento, sino que incrementa su dependencia de los cortadores de granos como Cargill y Archer Danials Midland. Los productores de maíz de México han sido abatidos mercantilmente y sus importaciones han crecido desde el inicio del TLC.

Sin embargo, dice Paré, la renta de las tierras productivas a los plantadores es un mal negocio. Quinientos kilos de maíz por hectárea regresan 131 dólares cada año. Un campesino que coloca su hectárea con frutos tropicales, como mamey, puede ganar 500, pero la desesperación y las restricciones del mercado no permiten a los labriegos mexicanos muchas opciones entre hacer una inversión a largo plazo en una cosecha de alimentos o aceptar el dinero de los plantadores.

Las plantaciones de eucaliptos están más allá de la Laguna de Rosario, cerca de Huimanguillo, Tabasco, donde Planfosur y Temple Inland recientemente rentaron 30 mil hectáreas a los ejidos vecinos y podrán levantar cosechas hasta el año 2001.

Las tierras son llanuras planas aquí y el aire tropical está matizado con el fino olor de la producción petrolera. El mayor complejo petroquímico se vislumbra en el horizonte, 30 millas al noreste, rumbo a la costa.

Cada cosa en Tabasco, que tiene los yacimientos más grandes del país, huele a aceite. La lluvia ácida y las filtraciones de pipelina han dañado decenas de hectáreas y han forzado a muchos ejidos a vender al contado sus degradada tierras a los plantadores.

No obstante la promesa de Temple Inland de grandes ganancias, los ejidatarios no son tan entusiastas. ``Los compañeros de Nuevo Progreso dicen que ya perdieron. Nunca más han tenido un tallo de maíz'', relata Mario Valencia, comisario del ejido Puente de Rosario, de 360 hectáreas de cultivos que están rodeados por campos de futbol y árboles de eucaliptos.

``Es una granja pequeña. Nosotros sembramos yuca, limones, naranjas, piñas. Sólo somos 14 familias, pero trabajamos duro'', dice Mariano , orgulloso.

``Planfosur vino aquí y trató de convencernos para rentarle para los eucaliptos, pero no les dimos las tierras por siete años. Ellos querían tomar agua y secar la tierra y que no creciera ninguna cosa otra vez. `¿Qué se supone que comeremos? ¿Papel?', le pregunté al hombre.''

(*) John Ross es un escritor free-lance . Actualmente radica en la ciudad de México. Su libro más reciente es La anexión de México. De los aztecas al FMI, editado por Common Courage Press.