Raúl Salinas: bajo tortura, los testimonios en mi contra

Agustín Pérez, corresponsal, y Juan Manuel Venegas y Roberto Garduño Ť La Procuraduría General de la República (PGR) presentó sus conclusiones acusatorias contra Raúl Salinas de Gortari por los delitos de homicidio calificado (en contra de José Francisco Ruiz Massieu), informes y uso de documentos falsos dados a una autoridad distinta de la judicial.

Como informó La Jornada hace tres días, la Procuraduría solicitó al juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales de Toluca, Ricardo Ojeda Bohórquez, la pena máxima de 50 años de prisión contra el hermano mayor del ex presidente de México.

Por su parte, desde su celda en el penal de máxima seguridad de Almoloya, Raúl Salinas pidió a sus abogados que integren, a las conclusiones de su defensa (tienen un plazo de 30 días para presentarlas), el testimonio del agente del Ministerio Público Federal, Jorge Frías -uno de los que intervinieron en los interrogatorios iniciales a los coacusados de participar en el complot contra el secretario general del PRI-, donde declara ante la autoridad que ``todos los detenidos'' fueron ``torturados'' para obtener información respecto de su participación en el crimen.

De acuerdo con los apuntes de Salinas fechados el 14 de octubre de 1998 -de los que tiene copia este diario-, también Fernando Rodríguez González (el hombre que recibió, a cambio de su testimonio, 500 mil dólares de manos del ex fiscal Pablo Chapa) fue torturado, pero nunca para ocultar su nombre como el autor intelectual del atentado de Lafragua y Reforma.

Según el mayor del clan Salinas de Gortari, el testimonio de Frías deja en claro que Rodríguez González no fue -como aseguran él y Chapa- torturado para encubrirlo, sino todo lo contrario.

A lo que Raúl se refiere es al inicio de las investigaciones de Chapa, quien al hacerse cargo de las indagatorias del homicidio de Ruiz Massieu, acusó a diversos funcionarios y agentes del Ministerio Público, entre otros delitos, de haber ``torturado'' a los implicados en el crimen que había detenido su antecesor Mario Ruiz Massieu.

Según la tesis de Chapa, algunos de ellos -concretamente Fernando y Jorge Rodríguez González- habrían sido torturados por órdenes de Mario Ruiz Massieu y su principal colaborador, Jorge Stergios, a fin de que evitaran nombrar a Raúl Salinas de Gortari.

Sin embargo -recuerda Raúl a sus abogados-, el testimonio de Jorge Frías revela, primero, que Chapa, como director de Averiguaciones Previas, participó en los interrogatorios, ``y si hubo tortura, Chapa también es torturador''. Además pide que la defensa considere que en las sentencias judiciales a los agentes del Ministerio Público acusados por Chapa, ``sólo se les acusa por abuso de autoridad, pero no se dice (en las resoluciones de los jueces) que lo hubieran torturado para que no mencionara mi nombre''.

Las conclusiones acusatorias

En el juzgado tercero de distrito de Toluca, el agente del Ministerio Público Federal, Miguel Angel Sánchez, entregó al mediodía de ayer las conclusiones de la PGR del proceso 14/95 que se le sigue a Raúl Salinas, por la presunta autoría intelectual del homicidio contra su ex cuñado, José Francisco Ruiz Massieu.

Las conclusiones oficiales constan de mil 338 fojas divididas en tres tomos, que serán presentados a la comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados, a fin de darle a conocer el contenido de las conclusiones acusatorias formuladas, así como las argumentaciones del Ministerio Público de la Federación para pedir la pena máxima de 50 años.

Según la PGR, cuando se haya realizado la entrevista con los diputados, presentará públicamente el expediente.

No buscaban a CSG, sino a la esposa del caballerango de Raúl

Por otra parte, por segundo día consecutivo la PGR emitió un comunicado para negar que aún no realiza ninguna diligencia de notificación a Carlos Salinas de Gortari. La Secretaría de Relaciones Exteriores -dice la Procuraduría- tampoco ha realizado gestión alguna.

La PGR reconoce sin embargo que ``en días pasados'' envió a dos agentes del Ministerio Público a Irlanda del Norte, ``para que participaran en la comparecencia judicial de la testigo June Hamilton, quien fue esposa de Diego Ormedilla, ``caballerango de Raúl Salinas de Gortari''. Esta diligencia ``pudo haber generado la información falsa que se ha difundido (la eventual comparecencia del ex presidente de México), y pone de manifiesto lo inconveniente que resulta dar crédito a fuentes informales y anónimas''.

Finalmente, la PGR advierte que fincará las responsabilidades que el caso amerita al servidor público que haya ``filtrado'' la información.

Juan Manuel Venegas y Roberto Garduño Ť En el cateo a la editorial Azabache, de Adriana Salinas de Gortari, apareció un documento cuya carátula se refiere al ``Informe Final. Grupo de Trabajo en México. Oficina Central de la Policía Criminal. Oficina Federal de la Policía. Para: la Procuraduría Suiza. Mayo 1998''. Se trata de seis hojas prácticamente en blanco, sólo con tres párrafos de contenido.

Uno de esos párrafos en la hoja tres del documento de marras señala a Salvador Giordano Gómez bajo la ``sospecha de manejos múltiples contra la ley de drogas, en el sentido del artículo 19, párrafo primero, en relación con el párrafo dos de la ley, así como lavado de dinero múltiple, en el sentido del artículo 305-bis, párrafos uno y dos del código actual''. En la hoja cinco del archivo extraído de Azabache durante el cateo que la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo el jueves 30 de julio, se lee otro párrafo:

El 17 de noviembre de 1995 se le encargó al banco que realizara el confiscamiento del capital/cierre de cuenta.

``El 20 de diciembre de 1995 fue ampliada la disposición al alias (de Raúl Salinas) Juan José González Cadena y se le notificó al banco que Juan Manuel Gómez Gutiérrez o Salvador Giordano Gómez, son participantes''.

En la hoja seis se anotaron los generales: ``Berna, a 22 de abril de 1998. Ministerio de Policía de la Policía Criminal. Oficina Central. El jefe de operaciones (firma) Dr. V. Roschacher.

``Procuraduría de Policía de la Policía Criminal. Oficina Central. Para el Grupo de Aportaciones de Finanzas. (firma) Kurt Senn.

``Distribución cada vez un ejemplar, para procuradora, señora C. Del Ponte. Jefe de Operaciones, Dr. V. Roschacher. Jefe de Comunicaciones, Lic. Jur. R. Wohlhauser. Expediente de Actas''.

Destaca del documento que las hojas dos y cuatro vienen totalmente en blanco, mientras que en las tres, cinco y seis apenas aparecen escritos los párrafos referidos. Además, La Jornada obtuvo el certificado ministerial del 22 de septiembre de 1998, que dio fe de las seis cuartillas, prácticamente en blanco:

``En la ciudad de México, Distrito Federal, a 22 de septiembre de 1998, la suscrita licenciada Alejandra Millán Suárez, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Coordinación General de Investigación de la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo, quien actúa en forma legal en compañía de los testigos de asistencia, con quienes al final firma y da fe. Certifica que la presente copia fotostática que consta de seis fojas útiles, es copia fiel del original que se tuvo a la vista, y concuerda en todas y cada una de sus partes, previo cotejo que se hizo de la misma''.

Cabe señalar que desde el mes de marzo pasado, la procuradora general de Suiza, Carla del Ponte, ha venido posponiendo el informe que elaboró sobre las presuntas operaciones ligadas al narcotráfico de Raúl Salinas de Gortari.

Se desconoce si el documento asegurado en Azabache fue mutilado. En la PGR no se informó a qué documento se refería la agente del Ministerio Público que dio fe de la existencia de un documento original, y si éste existe ¿también está mutilado?