EL TONTO DEL PUEBL ¤ Jaime Avilés
Carísimos italianos
Regresemos la película de nuestra historia reciente hasta las 14:00 horas del pasado lunes 11 de mayo. En conferencia de prensa, Fernando Solís Cámara, subsecretario de Gobernación, y Alejandro Carrillo Castro, coordinador del Instituto Nacional de Migración, ofrecen detalles sobre la expulsión, según esto ``para siempre'', de un grupo de observadores italianos que había estado en varias comunidades de Chiapas. Un periodista pregunta:
-¿Cuánto costó el charter en que abandonaron el país?
Carrillo Castro responde:
-Eso no importa. La dignidad de México no tiene precio.
Hoy, cinco meses después de aquella decimonónica sentencia que buscaba sin duda la gloria del mármol, una investigación ordenada por el juzgado tercero de distrito en materia penal ha descubierto que, la madrugada del 11 de mayo, la Secretaría de Gobernación alquiló el vuelo número 4600 de TAESA, con destino a Roma, previa escala en Gander, Canadá, por un total de 260 mil 969 dólares con 98 centavos.
Por echar del país a 40 personas inocentes.
Que en un vuelo comercial le hubiesen costado al erario 40 mil dólares.
O quizá mucho menos, porque todas las víctimas de este abuso tenían su propio boleto, pagado por ellas mismas.
¿Cuál es la fuente de esta noticia? El Bufete Tierra y Libertad, dirigido por Bárbara Zamora -estudiosa abogada que hace poco obtuvo una sentencia de amparo a favor de Tom Hansen, pacifista estadunidense también expulsado por Gobernación-, ahora está promoviendo una demanda entablada por los primeros 21 observadores italianos que decidieron inconformarse ante los tribunales mexicanos contra el castigo que les impide regresar a estas tierras.
Al igual que en el caso de Hansen, Gobernación, en principio, negó rotundamente haber lesionado los derechos de los italianos, porque, según la ley, ``la carga de la prueba'', o sea, la obligación de demostrar el daño que sufrieron, corresponde exclusivamente a los afectados, no a sus verdugos.
Así, una vez que la queja de los italianos fue radicada en el juzgado tercero de lo penal, a cargo de la licenciada Olga Sánchez Contreras, la oficina de Solís Cámara respondió con un alegato ``como de 20 páginas'', dice Zamora, para aducir que no expulsó sino que ``aplicó el artículo 33 conforme a derecho''.
Pero en su búsqueda de evidencias, la abogada Zamora acudió a las oficinas de TAESA, en avenida Hangares, cerca del aeropuerto, y se entrevistó con el gerente José Luis Vega Zepeda, quien rehusó entregarle dato alguno. Ante esto, Zamora elevó un recurso ante la señora juez -una profesional con más de 25 años al servicio del Poder Judicial-, y ésta mandató al licenciado Leonilo Montiel Cruz, actuario oficial del juzgado, para que recabara todos los informes necesarios.
El pasado 30 de septiembre -``y de muy mala gana, porque a mí, don José Luis no me dejó entrar a su despacho'', agrega la Zamora-, el actuario advirtió al empleado de marras que si no le mostraba los documentos relativos al avión de los italianos sería sancionado con severidad.
Y entonces, dócilmente, Vega Zepeda exhibió el contrato, y el actuario constató que el 11 de mayo del año en curso, representada por un individuo de apellido Salazar que no escribió su nombre de pila en la factura, la Secretaría de Gobernación se comprometió a pagar 260 mil 969 dólares con 98 centavos, por un vuelo especial, marcado con el número 4600, de México a Roma, en cuya lista de pasajeros figuran tanto los nombres de los italianos expulsados como los de una cantidad superior de policías mexicanos, adscritos a la migra, que viajaron con ellos para escoltarlos.
Si las víctimas de esta acción caprichosa y repugnante hubiesen sido colocadas en la sección de primera clase de un avión comercial, de la línea más lujosa del mundo, el costo, ``no para el pueblo sino para los contribuyentes'', como dijo aquel sabio, se habría elevado, máximo, a 80 mil dólares. Y si los hubieran trasladado a Nueva York para subirlos al Concorde, el dispendio habría llegado -de acuerdo con una conocida agencia de viajes- ``a 135 mil dólares cuando mucho''.
Pero Gobernación despilfarró más de un cuarto de millón de dólares en una forma tan asombrosa como inexplicable que despierta razonables sospechas. ¿Tenían los defensores de la ``dignidad de México'' algún interés personal en el asunto? ¿Percibieron alguna comisión por llevarle a TAESA este paquete? ¿Acaso no es común, y socialmente aceptado, que los agentes de ventas reciban una parte proporcional del valor del negocio? ¿Será el misterioso señor Salazar una pantalla de Solís Cámara o de Carrillo Castro?
Las preguntas vienen a cuento porque en el transcurso de esta semana, la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados descubrió que durante el ejercicio fiscal de 1997 -que abarca el segundo semestre del año pasado y el primero del presente-, Gobernación gastó 5 mil 43 millones 58 mil 800 pesos, cifra 117 por ciento superior a los 2 mil 324 millones 580 mil pesos aprobados por el Congreso.
En materia de servicios migratorios, afirma la diputada Patria Jiménez, del PRD, ``hubo un incremento de 96.35 por ciento respecto del monto original debido, según Gobernación, `al aumento del flujo migratorio y a la expulsión de extranjeros'. De acuerdo con sus cálculos, la Secretaría tenía programada la expulsión de 71 mil extranjeros, pero dice que `las circunstancias' la obligaron a expulsar a 99 mil 600; el documento, sin embargo, no explica por qué `programaron' tal cantidad de expulsiones, cuáles fueron las causas o categorías de las mismas, cuáles fueron los criterios que se usaron para incrementar el monto del presupuesto''.
Para Bárbara Zamora, en el juicio de amparo de los italianos ahora sólo falta que la juez resuelva a quién le asiste la razón. Y mientras tanto, esta semana, los ex integrantes de la caravana humanitaria ``Un puente en vuelo por Chiapas'' tuvieron dos reuniones con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una en Roma y otra en Venecia, donde le expusieron su preocupación por el asedio militar y económico que siguen sufriendo las comunidades zapatistas, así como por el abandono en que se encuentran los indígenas desplazados de los Altos y de la zona norte de aquella entidad.
En el encuentro de Venecia, que se dio en presencia del filósofo Massimo Cacciari, alcalde de la ciudad -que ha sido reconocido como gestor de uno de los fenómenos políticos ``más interesantes de Europa'', y promotor de espectaculares iniciativas contra los estragos del neoliberalismo, de allí su interés por Chiapas-, los expulsados por Gobernación informaron al gobernador de la ciudad de México acerca de una acción que emprenderán el próximo sábado 24.
Ocurre, le dijeron, que hace unas tres semanas, en el país donde abundan quienes derraman el cucurucho de las papas fritas cuando ven el reloj para decir la hora, esto es en Bélgica, Samira Adamo, una joven emigrante nigeriana, fue asesinada brutalmente por la policía local, en circunstancias no esclarecidas que desde luego intentan proteger a los asesinos.
Por ello, desde diversos puntos de la Europa que tantas veces ha manifestado su solidaridad con los indígenas del EZLN, acudirán cientos de jóvenes a protestar, simbólicamente, frente al Centro de Detenciones Temporales de la ciudad de Trieste, una de esas horrendas cárceles para migrantes que el neoliberalismo ha instalado en puntos estratégicos del continente.
En su respuesta, Cárdenas aclaró que no asistía al diálogo con los expulsados en su carácter de gobernador del Distrito Federal, sino como un militante más del PRD, que deseaba solidarizarse con quienes tantos esfuerzos han realizado a favor de la paz en Chiapas.
Al día siguiente de su entrevista con Cacciari, Cárdenas visitó a Gianfranco Betin, vicealcalde de Mestre -la porción de Venecia asentada en tierra firme-, y allí reiteró su postura del día anterior, que había hecho pública el pasado lunes en Roma, donde conversó con Federico Mariani, presidente de la Asociación Ya Basta.
El sábado anterior, en este espacio, se anunció que estaba a punto de estallar una crisis en el Instituto Federal Electoral (IFE). Al día siguiente, en una carta a El Correo Ilustrado, Felipe Solís Acero, ex secretario técnico de aquel organismo -a quien el tonto del pueblo ubicó imprecisamente como enlace secreto del IFE en Gobernación-, replicó para asegurar que, ``en un contexto de fantasía y mala fe'', todo lo dicho era falso.
Pero tres días después, el martes 13 de los corrientes, la crisis cobró forma durante la sesión del Consejo General del IFE, en la que fue destituida Elena Verdugo, hasta ese momento directora ejecutiva del área de Organización Electoral. Esta es la historia.
A principios de este año, José Woldenberg nombró para ese cargo a la señora Verdugo, atendiendo a sus altos merecimientos profesionales. Sin embargo, a los pocos días llegó al IFE un fax, sin datos de procedencia, que reproducía un certificado de estudios de la Verdugo, expedido en 1996 por la Universidad Autónoma de Baja California.
Alguien sabía que, desde el área de Organización Electoral, Elena Verdugo iba a estar en contacto permanente con la estructura creada por Solís Acero, quien durante su gestión había colocado a personas de su entera confianza en todos y cada uno de los 300 distritos electorales del país.
Y algo le dijo a ese alguien que, si deseaba preservar intacto el control que Solís Acero sigue manteniendo sobre esa estructura, lo más indicado era maniobrar para que Elena Verdugo, como dicen los yucatecos, se quitara de allí. La fotocopia del documento universitario sirvió a ese propósito.
Según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los directores ejecutivos del organismo deben tener una antigüedad académica al menos de cinco años. Elena Verdugo cumplía con esa condición, porque desde 1992 era pasante de la carrera de administración pública y ciencias políticas, pero no logró titularse sino hasta 1996.
La bizarra polémica desatada en torno de ella, según la cuál no se sabe si la antigüedad académica principia cuando el estudiante termina de cursar y aprobar todas sus materias, o cuando felizmente se gradúa, fue el pretexto que sirvió a Solís Acero para tenerla en jaque y lograr su destitución.
De todo lo cual se concluye, como el sábado anterior lo escribió el tonto del pueblo, que los mecanismos para consumar un fraude electoral en julio del año 2000 están bien aceitados. Y ello, ahora que aún es tiempo, debe preocuparnos.
Quienes en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes promueven, con nerviosismo visible y creciente, la privatización de la Unidad Artística y Cultural del Bosque, están esparciendo rumores entre la gente del teatro, según los cuales ``si las obras de demolición no comienzan en diciembre o a más tardar en enero, ya no nos dará tiempo de culminarlas antes del fin del sexenio''.
El asunto es más que delicado. No sólo porque debemos impedir a toda costa que los intereses económicos de los magnates de la cultura liquiden para siempre el último bastión del teatro popular en México, sino por las consecuencias que el proyecto generaría en perjuicio de la ciudad, toda vez que si esta obra es llevada a cabo, el corazón del Bosque de Chapultepec se convertiría en un coto exclusivo para los más ricos entre los ricos, y en teatros como El Granero, Julio Castillo y Xavier Villaurrutia ya no podríamos ver producciones que en términos de calidad artística serían, como dicen por allí, ``de Silvia Pinal para abajo''
Así que el reloj está corriendo y los próximos tres meses, dice el tonto del pueblo, son decisivos.