Envía la CIDH al gobierno mexicano recomendaciones político electorales

José Gil Olmos Ť La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió al gobierno de México recomendaciones en materia político- electoral, entre las cuales pide se sancionen efectivamente delitos como la coacción, la inducción y la compra de votos; en caso de no hacerlo, advierte, se pondría en riesgo la legalidad y el respeto al voto.

Al respecto, el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Jaime Cárdenas, propuso que el organismo acepte y cumpla esas recomendaciones, pues argumenta que la autonomía del IFE le permite reconocer las propuestas de la CIDH emitidas en el capítulo sexto de su Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en cuanto a las prerrogativas políticas que son necesarias que se establezcan en el país para que los procesos electorales sean completamente transparentes.

Bajo los artículos constitucionales que le dan autonomía al instituto y el reconocimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por México, Cárdenas presentó un proyecto ante el Consejo General del IFE para que el organismo se comprometa a atender y cumplir dichas recomendaciones.

Al presentar el proyecto, el funcionario adujo que no habría que olvidar que el fundamento y la justificación de todas las instituciones y sistemas jurídicos es la protección de los derechos humanos y que la Constitución le encomendó al IFE la tutela y salvaguarda de uno muy importante: el voto.

En su informe, la CIDH reconoce los avances electorales que ha tenido el país desde hace una década, no obstante manifiesta que hay temas pendientes en la reforma electoral como una definición clara y contundente de los delitos electorales, mecanismos que garanticen su sanción efectiva, especialmente para ``toda forma de coerción o inducción del voto, derivada de la relación laboral, de la agremiación social o del disfrute de un bien o servicio público''. Asimismo, señala que se requiere de la instalación de garantías e instrumentos que eviten la identificación de los programas públicos con los programas de partidos e impedir que sean utilizados con fines electorales.

La CIDH advirtió que si no se corrigen con prontitud estas fallas ``la inequidad, la falta de transparencia, la parcialidad y la violación a la libertad y secreto del voto, pueden ser nuevamente determinantes en los resultados de las elecciones''.

Son cuatro las recomendaciones que el organismo hizo al gobierno de México: ``que adopte las medidas necesarias para que la reglamentación del derecho de votar y ser votado incluya el acceso más amplio y participativo posible de los candidatos al proceso electoral, como elemento de consolidación de la democracia''.

También indicó que debe supervisarse el cumplimiento en las entidades de lo establecido en el artículo 115 constitucional, en cuanto a que ``los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre''.

Por último, la CIDH pide que se definan en forma clara los delitos electorales y se establezcan los mecanismos que garanticen su castigo efectivo, además de que se debe dictar una reglamentación precisa con el fin de auditar efectivamente los fondos financieros de los partidos políticos.