La Declaración de Oporto, que será suscrita por los mandatarios iberoamericanos en la cumbre que hoy comienza en Portugal, contiene algunas premisas que podrían resultar cruciales en la definición de una agenda común -muchas veces anunciada pero siempre pospuesta en la práctica- para los países ibéricos y latinoamericanos.

En primer lugar, dado que el encuentro de jefes de Estado tendrá como tema principal la crisis económica internacional, cabe destacar los señalamientos de diversos mandatarios y cancilleres en el sentido de que los países iberoamericanos deberán esforzarse por mantener finanzas públicas ordenadas, las declaraciones en favor de una reforma del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el llamado a las naciones industrializadas y a las instituciones financieras multilaterales para aplicar las medidas que permitan superar rápidamente la difícil situación económica que actualmente prevalece a escala mundial.

Por otra parte, la Declaración de Oporto incluiría también dos temas de índole político-diplomática: el apoyo al proceso de paz en Colombia y el rechazo al bloqueo estadunidense contra Cuba. En ambos casos, resulta significativo que los gobiernos iberoamericanos manifiesten un compromiso en favor de la paz y de la libre determinación de los pueblos, pues ambas premisas resultan cruciales no sólo para la estabilidad geopolítica de América Latina sino, también, para posibilitar las aspiraciones de integración y desarrollo democrático y social de la región.

Con todo, aunque en sus líneas generales estas propuestas resultan alentadoras y pertinentes, habría que preguntarse cuáles serán los mecanismos concretos para llevarlas a cabo pues, como ha sucedido en otras cumbres regionales, muchos de los planteamientos formulados en ellas -sobre todo los relacionados con asuntos económicos- no logran aterrizar en políticas claras y de largo aliento que favorezcan, en primer lugar, a las mayorías.

Si se hace una revisión de las estrategias económicas que, en los últimos 15 años, han seguido buena parte de los gobiernos latinoamericanos, queda claro que hace falta mucho más que buenos deseos para mejorar las condiciones económicas -dolorosas y acuciantes- de los millones de latinoamericanos que viven en la pobreza: resultan necesarios un cambio del modelo neoliberal imperante, que privilegia al gran capital y a los especuladores financieros, y el establecimiento de una política que permita, más allá de la simple reforma de las instituciones financieras internacionales, proteger a las sociedades de los efectos nocivos de la globalización y de la apertura indiscriminada al libre mercado, promover la generación de empleos, incentivar el desarrollo del sector rural, incrementar los niveles de ingreso, educación y salud de la población y emprender una efectiva y justa distribución de la riqueza.

En este sentido, no debe pasar inadvertido el hecho de que el Premio Nobel de Economía haya sido concedido este año al pensador de origen indio Amartya Sen, quien a juicio de la Academia Sueca ha contribuido significativamente al estudio ``de la distribución del bienestar y la pobreza'' y a ``encontrar la forma de hacer compatibles los valores individuales con las decisiones colectivas''.