La ciudad de México tiene una larga experiencia de participación ciudadana, desde hace por lo menos 30 años, a través de múltiples organizaciones y redes de organizaciones que contribuyen a la solución de muchos problemas sociales y políticos. Una de sus demandas últimas ha sido la de participar en la preparación, planeación, diseño, aprobación o adopción, modificación, ejecución, aplicación y observación de las decisiones y actos de las autoridades, superando las leyes y ordenamientos actuales, que simplemente regulan y autorregulan la actividad de las organizaciones civiles. Por contar con un gobierno elegido democráticamente, con amplio margen, ello está siendo posible desde que se instaló la Mesa Central de la Reforma Política del Distrito Federal, el pasado 23 de febrero.

Además de integrar a todos los partidos con representación parlamentaria, con sensibilidad política se incluyó a un ciudadano sin afiliación partidaria en cada una de las mesas de trabajo que simultáneamente se establecieron para acordar la Ley Electoral, la Ley de Participación Ciudadana y la organización jurídica y política del DF, con el fin de que actuara como secretario técnico encargado de facilitar el proceso de negociación y elaborar la relatoría. Fue así como se abrió a la sociedad civil este debate clave para la transición democrática de México, que no puede ahora ser obstaculizado con supuestas preocupaciones por otros problemas nacionales igualmente graves, pues para los habitantes de la ciudad ha llegado la hora de terminar la tarea de emancipación política y jurídica del Distrito Federal iniciada en 1986, de dar a su órgano de gobierno el carácter de plenos poderes básicamente iguales a los de los demás estados de la Unión, y de que los capitalinos adquieran la plena calidad de ciudadanos y dejen atrás el carácter de súbditos.

Tanto el gobierno de la ciudad como los partidos establecieron desde el inicio que el objetivo a lograr no era nada más el dar una estructura coherente al gobierno de la capital, sino el ir más allá de los simples ajustes a la legislación vigente. Aunque todavía no existe una propuesta integral ni se han completado las discusiones de algunos de los temas más importantes, luego de 132 sesiones de trabajo se han logrado 219 acuerdos en más de 80 por ciento de los temas que originalmente se agendaron.

Con el fin de acelerar el proceso y no dejar incompleta la reforma durante el breve periodo de la primera jefatura de gobierno en la historia de la ciudad, con altura de miras la Mesa Central instruyó a finales de junio a los secretarios técnicos para que convocaran en un seminario a un grupo de asesores, que además de tener experiencia profesional en los temas de la estructura legal y política del DF, hubieran tenido participación en las instituciones públicas. Luego de un amplio y riquísimo debate que duró tres meses, el seminario logró elaborar 91 propuestas, en las que entre otras cosas se aprovecha toda la experiencia del IFE y del Tribunal Federal Electoral para mejorar la Ley Electoral del Distrito Federal. Como ha dicho José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario técnico de la Mesa de Participación Ciudadana, el objetivo no es el obtener una ``reformetta'' ni una reformita, sino el producir un conjunto de propuestas que contengan un esquema completo de una reforma política del DF, profunda, integral y definitiva, y el propiciar la aprobación tanto del gobierno del DF como de los partidos con representación parlamentaria en la ALDF y en el Congreso federal.

Con el propósito de analizar, discutir, consensar, articular y consolidar desde lo ciudadano propuestas para esta trascendental reforma, y sentar las bases para propiciar un diálogo con los partidos y las autoridades, más de 30 organizaciones ciudadanas convocaron a un foro sobre sociedad civil y reforma política, por primera vez en la historia del Distrito Federal. En tres mesas sobre aspectos electorales, participación ciudadana y organización jurídico-política del Distrito Federal, han elaborado importantes propuestas que deben ser asumidas y tomadas en cuenta tanto por las autoridades, como por los partidos y los propios medios de comunicación social, so pena de no resolver adecuadamente los graves problemas de derechos humanos, gobernabilidad, seguridad pública, procuración e impartición de justicia y pobreza que hoy aquejan a la ciudad de México.