Ceja el empeño del Congreso de EU en que la DEA porte armas en México
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 16 de octubre Ť Legisladores republicanos obligaron al gobierno de Bill Clinton ha ampliar de forma significativa el monto de los fondos dedicados a los programas de interdicción de drogas en América Latina al agregar 690 millones de dólares en el presupuesto federal para el año fiscal 1999, a fin de apoyar la compra y reparación de helicópteros, aviones y otros equipos, además de más fondos para ampliar la recaudación de inteligencia incluyendo una iniciativa de la CIA sobre lavado de dinero.
La medida incluye 6 millones de dólares que serán utilizados en un periodo de tres años para financiar la capacitación de jueces y funcionarios de la PGR mexicanos involucrados en la lucha antidrogas. Esta ley incluye una sección que pide a México otorgar un nivel superior de inmunidad diplomática a agentes de la DEA que operan en su territorio. Una sección controversial de esta legislación, que demandaba a México permitir que los agentes de la DEA portaran armas, fue excluida de la versión final luego de objeciones de algunos funcionarios de seguridad pública estadunidenses.
``El gasto total para actividades antinarcóticos será de 18 mil millones de dólares el año próximo, superior a los 17.2 mil millones durante el año fiscal de 1998'', informó este viernes el representante Denny Hastert, al explicar el programa. Los legisladores republicanos han convertido en pieza central de sus campañas electorales lo que afirman es el fracaso de los programas antinarcóticos del gobierno de Bill Clinton para detener el flujo de drogas desde el exterior.
Aunque el Congreso aplazó la votación sobre el presupuesto hasta principios de la próxima semana, se espera que concluya su actual periodo pocos días después de la votación, y ha envuelto todas sus propuestas en un solo paquete legislativo. A cambio del acuerdo de los republicanos para financiar los 18 mil millones de dólares para el FMI, otorgar más fondos para granjeros y programas educativos, insistieron en cuantiosos incrementos para el financiamiento de los esfuerzos de interdicción de drogas en América Latina.
Los nuevos fondos financiarán más de 100 nuevas aeronaves que serán desplegadas principalmente en Colombia, Perú y Bolivia, y más barcos de alta velocidad. Además, hay 90 millones para construir más bardas y colocar sensores en la línea fronteriza con México, y que también se destinarán al establecimiento de ultramodernas máquinas de rayos x que serán clave en las inspección de camiones y vagones ferroviarios que cruzan la frontera.
La legislación también brinda más financiamiento para ampliar una ``iniciativa de la CIA sobre lavado de dinero'' y un programa de inteligencia conjunto entre la DEA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) con el fin de incrementar las capacidades de observación en América Latina.
El senador republicano Mark DeWine subrayó hoy que la legislación no sólo es para otorgar fondos adicionales. ``Estamos por aprobar la primera legislación antidrogas significativa en una década'', afirmó en conferencia de prensa en el Capitolio.
Los 690 millones incluidos en esta legislación son señalados como la primera partida de un programa de tres años de un total de 2.6 mil millones para apoyar los esfuerzos de interdicción de drogas en América Latina.
Aunque la legislación dedica algunos fondos para la lucha antidrogas de este lado de la frontera y para programas de capacitación en México, los legisladores destacaron que el objetivo es detener las drogas antes de que ingresen a México.
``La línea importante que establece es debajo de México'', explicó el representante Bill McCollum. ``México no produce cocaína. La realidad es que necesitamos pintar esa raya debajo de México y detener esos recursos, y eso será logrado con el equipo que está considerado en la legislación, para asegurarnos que las drogas no alcancen a llegar a México'', dijo.
La medida también ofrece un presupuesto de cinco años para la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca, que encabeza el general Barry McCaffrey, y expresa un sentir del Congreso de que la asistencia exterior de Estados Unidos no debería ser brindada al país que no coopere con la lucha antinarcóticos de Estados Unidos.