SG: control al uso de pólvora en Tultepec
De los corresponsales, Tultepec, Méx., 14 de octubre Ť Miles de habitantes de esta localidad participaron hoy en el cortejo fúnebre y en una misa de cuerpo presente de cinco de las personas fallecidas ayer en la explosión ocurrida en el barrio de San Rafael.
Cubiertos de luto y silencio, y bajo un cielo que a ratos derramaba una leve brisa, el cortejo comenzó en la casa marcada con el número 7 de la calle Josefa Ortiz de Domínguez --donde la familia Urbán Cortés perdió a cuatro de sus integrantes y a dos vecinos--, luego recorrió la zona de desastre y finalmente llegó a la iglesia de la Virgen de Loreto, cuyo párroco ofició la ceremonia.
Entre llantos y tristeza, el sacerdote Salomón Hernández afirmó: ``Así como ellos vistieron muchos lugares con sus luces y fuegos pirotécnicos en celebraciones cívicasÉ ahora nuestros muertos se han vestido con las luces del Señor, con las luces de bengala de Dios''.
Cerca del lugar, en el albergue El Fresno, unos 25 damnificados pasaron la noche, mientras otros pernoctaron entre los escombros de sus domicilios, aunque durante el día se presentaron al refugio en busca de alimentos. Las autoridades dijeron que éstos están garantizados y dieron cifras: hay más de 7 mil litros de agua purificada, 320 cobertores, 340 kilogramos de frijol, 100 litros de aceite, 500 latas de verduras y otros artículos.
Asegura la alcaldesa perredista que no fue pólvora lo que explotó
A su vez, la alcaldesa perredista Dionisia Vázquez, en conferencia de prensa, aseguró que ``no fue pólvora lo que explotó'', e insistió en que fue gas el que ocasionó el percance, pues cuando llegó al lugar del accidente olía a ese combustible y a azufre.
Ante la pregunta de que existe la posibilidad de que le sea revocado su mandato por el clandestinaje que existe en cuanto al almacenamiento de pólvora en la zona, respondió: ``Yo vivo de la pirotecnia. Pienso apoyar a mi gente; a los pirotécnicos, con su permiso, y a los clandestinos estoy en la mejor disposición de apoyarlos con la ayuda del gobernador, para que ellos trabajen conforme a la ley, y si eso me cuesta el puesto, adelanteÉ A mí no me importa el cargo, si lo tengo que dejar lo hago, porque yo lo único que quiero es seguir apoyando a la gente''.
Vázquez García rechazó que existan casas que estén funcionando como talleres y bodegas de pólvora. Informó que solicitará el apoyo del gobernador César Camacho para que toda la gente que trabaja clandestinamente tenga un espacio donde elaborar cohetes y juegos pirotécnicos.
Incierto, el número de muertos
Por su parte, el gobernador Camacho Quiroz precisó hoy que al concluir la remoción de escombros sólo seis personas resultaron muertas y 37 heridas, nueve casas quedaron totalmente destruidas y 96 más con daños parciales.
El jefe del Ejecutivo mexiquense anunció que en las próximas horas las procuradurías General de la República y de Justicia del Estado darán a conocer las causas del siniestro, una vez que concluyan los peritajes respectivos.
En un recuento de los hechos de ayer, el gobierno local señaló que 37 personas resultaron lesionadas, de las cuales siete permanecen en los hospitales de la Cruz Roja y del IMSS en Coacalco, y el IMSS de Lomas Verdes. Los gastos que generen las curaciones serán absorbidos por el Poder Ejecutivo estatal.
De las viviendas destruidas y dañadas, el gobierno estatal, a través del Instituto de Integración Urbana y Acción Social, proporcionará los materiales para la reconstrucción o reparación de las casas.
Entrevistado en el lugar del siniestro, Camacho Quiroz dijo que habían fallecido diez personas, pero fuentes gubernamentales explicaron que esa cifra se manejó debido a que se contabilizaron miembros mutilados como muertos, siendo que pertenecían al mismo cadáver.
Sin embargo, las cifras acerca de las víctimas fatales siguen siendo inciertas, e incluso al ser sepultados este día seis de los cadáveres, se observó un total de ocho fosas porque, según el sepulturero del panteón de San Martín de esta población, ``hay más restos humanos''.
Por su parte, Enrique González Isunza, de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados federal aseguró que son nueve los fallecidos, de los cuales tiene los nombres en una lista recopilada en el lugar y en dependencias públicas.
Aunque hasta el momento no se tiene información oficial sobre las causas del percance, el director local de Protección Civil, Sergio Luna Cortés, comentó que durante la remoción de escombros, peritos del Ejército encontraron una placa de un tanque estacionario, ``que al parecer era propiedad del señor Lorenzo Urbán'', propietario de la casa donde se registró el accidente.
Agregó que se tienen indicios de que en el lugar del percance había un tanque de gas estacionario, con capacidad de 300 kilogramos, y que la placa recogida tenía fecha de 1983, pero por testimonios de vecinos dijo que el señor Lorenzo lo adquirió en 1993.
Sin embargo, como para argumentar que el origen de la explosión se debió a gas, dijo que uno de los nueve cilindros de 20 kilogramos que se localizaron en el sitio del siniestro --los cuales están resguardados en la azotea del palacio municipal-- presenta una abertura en la parte central.
Cerca del mediodía se retiraron del lugar peritos del Ejército Mexicano, especialistas en químicos, explosivos y siniestros, informó personal de la corporación, y aseguró que recogieron del suelo muestras y detectaron restos de productos químicos, entre ellos azufre, aluminio y nitrato de sodio, material que se utiliza para hacer pólvora.
Felipe Medina Santos, director general de Protección Civil en el estado, señaló que desde las 10:00 horas de hoy, personal de la dependencia está en el lugar de los hechos para determinar si las 150 casas que se encuentran en la zona son habitables, y para hacer un diagnóstico de los desperfectos sufridos por las estructuras.
Desde temprana hora del miércoles, alrededor de 150 elementos del Ejército, que aún permanecen en el sitio, y de distintas corporaciones policiacas y de auxilio terminaron los trabajos de demolición de nueve viviendas de las 30 que quedaron totalmente inhabitables en el barrio de San Rafael.
En este contexto, el gobernador César Camacho Quiroz, en entrevista realizada en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, en el vecino municipio de Tlalnepantla, anotó que si ``prospera la versión de que se trataba de un lugar en el que había artículos o productos con los que se elabora pólvora (en el lugar del accidente), porque no había estrictamente pólvora, esto evidenciaría un almacenaje clandestino de productos con los que se fabrican artículos pirotécnicos''.
Al respecto, el síndico procurador de este ayuntamiento, Miguel Carranza López, advirtió que de comprobarse que algunos habitantes del barrio San Rafael manejan y almacenan pólvora y cohetes en forma clandestina, se les castigaría hasta con ocho años de cárcel.
Entrevistado por La Jornada, el funcionario afirmó que se requiere con urgencia actualizar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos porque desde 1948 no la han modificado, resultando que las multas son mínimas, además de que la pirotecnia está muy limitada en dicha reglamentación.
Carranza López aseveró que la obsolescencia de la ley provoca que los funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional actúen más ``a criterio que con base en un reglamento bien establecido'', por lo que el ayuntamiento, dijo, trabaja con la Comisión de Artesanías de la Legislatura Federal para que la ley se revise y se hagan las modificaciones correspondientes, que den mayor seguridad y elementos confiables de trabajo a los artesanos.
En tanto, Sergio Luna Cortés dijo que ``no hay cifras concretas'' sobre el número de talleres existentes en Tultepec, denominado la Ciudad de la Pirotécnica, pero puntualizó que Protección Civil tiene un registro de 200 oficios sobre personas dedicadas a la venta y producción de pólvora. Sin embargo, comentó que la cifra podría ser de 300 a 450 permisos, y por cada uno existen 150 trabajadores destinados al acabado o venta de los productos.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del estado inició la averiguación previa CUA/IZC/II/5962/98, relacionadas con las números COA/II/2841/98 y LVHT/II/1298/98, por homicidio, lesiones, daño en los bienes y lo que resulte, contra quien salga responsable.
Misa de cuerpo presente
Después del mediodía, casi a la una de la tarde, el cortejo fúnebre arribo a la parroquia de la Virgen de Loreto, acompañado por una banda de música, coronas, estandartes y ramos de flores. Desfilaron familiares, amigos y el pueblo en general con cinco féretros a cuestas. Las campanas de la parroquia repicaron una y otra vez.
Cientos de personas escucharon la liturgia en recuerdo de la familia Urbán Cortés. El párroco Salomón Hernández, en su homilía, pidió a los deudos y amigos de esta familia no tomar la tragedia como un castigo de Dios sino como el holocausto por la redención de los pecados de todos.
Rostros tristes, incrédulos y hasta curiosos acudieron al templo para dar el pésame a los familiares o para solidarizarse con los deudos de las víctimas. El sacerdote pidió al pueblo de Tultepec no fijarse en estos percances negativos, ``sino en la gloria que se da a Dios nuestro Señor con la llegada a su reino de las almas que le gustaron''.
Una hora más tarde, el multitudinario cortejo fúnebre se enfiló por la calle Vicente Guerrero al panteón municipal. La resolana, olores de comida y alcohol se mezclaron en el ambiente.
Una gran zanja y ocho espacios para colocar ataúdes esperaba al cortejo, al que acompañó una banda de música que interpretó varias veces Dios nunca muere y Las Golondrinas. El intenso sol quemó la cara de los asistentes, y luego un chubasco hizo huir a muchos. Ese fue el adiós. (Silvia Chávez, Alejandra Gudiño y Agustín Pérez)
José Gil Olmos y Laura Gómez Ť La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) investigarán y aplicarán de manera estricta la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, en Tultepec y en todos los lugares donde se presenta el manejo irregular de sustancias explosivas, aseguró el responsable de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Guillermo Ruiz de Teresa.
El funcionario rechazó que autoridades federales, estatales y municipales hayan otorgado de manera ilegal los permisos para el uso de explosivos y argumentó que se trata de casos en los que se ha actuado de manera ilegal en la elaboración de cohetes.
``No es posible que en un país se vendan explosivos y que nadie sepa dónde están'', dijo luego de advertir la necesidad de que las autoridades federales tengan un registro de los lugares donde se manejan estos materiales peligrosos y de que trabajen conjuntamente para evitar casos como en Tultepec, a través de la aplicación de las normas que regulan la comercialización, capacitación y manejo de los explosivos, y que establecen castigos de cárcel hasta por 30 años a quienes las violan.
Después de inaugurar la Quinta Semana Nacional para la Cultura de Protección Civil, el funcionario de Gobernación reconoció que el manejo de la pólvora para la elaboración de los cohetes es bastante irregular en todo el país y que las autoridades no tratarán de retirar los permisos que se han dado --cien en Tultepec-- sino regularizarlos mediante supervisiones periódicas.
Dijo que aún no se conocen las causas de la explosión en ese municipio del estado de México, ya que las investigaciones de la PGR y de la procuraduría estatal aún no concluyen. Señaló que más allá de las causas de la explosión --posiblemente por una fuga de gas--, lo importante es que se aplique de manera cabal la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Por su parte, fuentes militares reconocieron que no se puede descartar el uso ilícito de explosivos en Tultepec, lo que habría originado la explosión.
Explicaron que la participación de la Sedena en las investigaciones radica en que como dependencia encargada de llevar a cabo el control de los explosivos que se importan, fabrican, distribuyen y procesan en el país, la dependencia está obligada a conocer la forma en que sucedieron los acontecimientos para evitar que ese tipo de irregularidades, si es que las hubo, se vuelvan a repetir. Los informantes insistieron en que la Sedena, a través de sus zonas militares y destacamentos, vigila que tanto las fábricas de explosivos como los talleres que utilizan pólvora o dinamita cumplan los controles de seguridad necesarios para evitar el mal uso de los explosivos, o bien, que pongan en peligro la integridad de las personas.
Sin embargo, las fuentes oficiales reconocieron que es ``prácticamente imposible'' controlar a las empresas o talleres para que no den a ``maquilar'' parte de su trabajo a pequeños artesanos, quienes no siempre tienen el cuidado necesario en el manejo de los explosivos.
Ingresan de contrabando al país miles de cohetones chinos
La Secretaría de Comercio informó ayer que por medio del contrabando ingresan al país miles de cohetones importados de China, que no cumplen la normatividad que marca la Ley General de Explosivos y Armas de Fuego, cuya aplicación está a cargo de la Defensa Nacional.
Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Normalización y Servicios a la Industria y el Comercio Exterior, explicó que para evitar situaciones como la registrada en Tultepec, la Secretaría de Hacienda realiza una intensa campaña para atacar este problema en las aduanas, y la Procuraduría Federal del Consumidor evita que este tipo de productos circulen en el mercado interno.
Precisó que la importación de cohetes o explosivos debe reunir los requisitos que establece la ley, por lo que aquellas empresas o personas físicas que no la cumplan violan la legislación e incurren definitivamente en la práctica de contrabando.
Lagunas legislativas para evitar asentamientos en zonas de riesgo
Ruiz de Teresa reconoció la inexistencia de una ley de protección civil, que apenas se promueve en la Cámara de Diputados en una iniciativa que prevé castigar a los líderes de algunas organizaciones que de manera irresponsable venden a decenas de familias necesitadas de vivienda terrenos en zonas de riesgo.
Señaló que se trabaja con la Ley Federal de Aguas, pero es insuficiente para actuar contra dichos líderes, que engañan a la gente al asentarlos en cauces de ríos y otras áreas de peligro, y destacó la prioridad de tener normas que prevengan esta situación, sobre todo si se considera que hay en los próximos 30 años la población nacional crecerá en 30 o 40 millones de personas, y algunas podrían buscar un espacio para vivir en las zonas de riesgo.