Las negociaciones sobre el Fobaproa se llevan a cabo en un mal llamado Grupo del Alto Nivel. En él participan dirigentes de los partidos y representantes de las secretarías de Gobernación y de Hacienda. Pero si existe un grupo de alto nivel, ¿cuál es el grupo de bajo nivel? ¿Será acaso el pleno del Congreso de la Unión?

En el grupo de ``alto'' nivel el gobierno busca alcanzar un acuerdo final sobre el Fobaproa para presentarlo a votación en el Congreso. Los diputados tendrán que votar el paquete en conjunto para aprobarlo o rechazarlo. Esa es la lógica del gobierno: discutir el paquete financiero en una pequeña mesa para alcanzar acuerdos ``de consenso''. Pero, ¿por qué no debatir en el Congreso?

El Congreso está diseñado para discutir y desenmarañar todo tipo de problemas. Por más técnico que sea un rompecabezas, es en el Congreso donde se debiera realizar la discusión, aunque sea larga y compleja. Sus comisiones y técnicos de apoyo deben ayudar en este trabajo. La tradición del Poder Legislativo de cualquier república es que en el debate parlamentario sus miembros se forman un criterio, se afinan las iniciativas de ley y se alcanzan las mejores soluciones. El verdadero trabajo político se lleva a cabo en el Congreso, no en una mesa paralela.

Si fuera cierto que el Poder Legislativo no puede con una discusión como la del Fobaproa, entonces este Congreso no sirve para lo que fue diseñado. Los límites de la democracia formal son fuertes, pero no son tan estrechos. Si, por el contrario, el Congreso sí sirve, entonces ése es el verdadero grupo de alto nivel. En ese caso, más allá de una simple coordinación sobre la agenda y el calendario, coordinadores de partidos y representantes del Ejecutivo no deben ser los negociadores de temas sustantivos.

El debate sobre el Fobaproa comenzó con un Congreso que airadamente se percató de la usurpación de funciones. Pero en el grupo de alto nivel la negociación está culminando con representantes del PAN que aceptan mansamente mantener y disfrazar la fractura del orden constitucional.

Por eso no sorprende que los acuerdos en el grupo de ``alto'' nivel no resuelvan problema alguno: ni la usurpación de funciones por parte del Ejecutivo ni la ilegalidad de los pagarés del Fobaproa. No resuelven el problema del costo fiscal de un rescate que pasará a la historia como el más ruinoso caso de corrupción colectiva en la historia de México. Tampoco garantizan la recapitalización del sistema bancario ni una solución al problema de los deudores.

Los responsables de esta situación son los partidos de oposición. Del Ejecutivo se esperaba lo peor y no nos ha defraudado. Pero ni el PAN ni el PRD han estado a la altura de las circunstancias. El PAN está peor que el PRD por aceptar sin titubear sentarse a negociar el tema sustantivo del Fobaproa en la mesa de ``alto'' nivel. Pero el PRD también merece fuertes críticas. Las propuestas de ambos partidos fueron improvisadas, y una vez que las lanzaron nunca se preocuparon por afinarlas ni por profundizar el trabajo político para obtener el apoyo necesario.

Ni la propuesta del PAN ni la del PRD resuelven el problema de la recapitalización del sistema bancario. El acuerdo entre PAN y gobierno responde con la misma solución que, por la vía de los hechos, el gobierno quiso imponer desde el principio: que se cargue a los recursos públicos. Por su parte, el último comunicado del PRD en el que explica las causas de su retiro de la mesa de ``alto'' nivel revela que en ese partido todavía no se percatan de que el sistema bancario de México ya quebró cinco veces seguidas entre 1995-1997.

El escándalo Fobaproa comenzó con un Congreso que reaccionó airadamente ante la usurpación de funciones por el gobierno. Parece estar culminando con una negociación cupular que mantiene la ilegalidad.

La propuesta del gobierno es clara, pero transpira corrupción por los cuatro costados. La de los partidos es vaga, y por ello se hicieron vulnerables frente a la ofensiva del Ejecutivo. Se anuncia el peor escenario para México: la legalidad aniquilada con la complicidad de miembros del Congreso, y una amenaza mortal para la economía mexicana.