La Jornada 15 de octubre de 1998

Apoya la Barra de Abogados el juicio político a ministros de la Corte

Gustavo Castillo García Ť La Barra Nacional de Abogados solicitará al Poder Legislativo realizar juicio político contra los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aprobaron el anatocismo, informó el presidente de esa organización, Xavier Gómez Coronel.

Lo anterior, en el contexto de la constitución formal del Consejo Nacional de la Abogacía, en donde el litigante mencionó que los abogados cargarán ``con la vergüenza de la determinación de la Corte''.

Afirmó que ``aun cuando las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia tienen el carácter de obligatorias para toda la autoridad judicial, la Barra Nacional de Abogados nos manifestamos en contra de ellas y de las funestas consecuencias que en perjuicio de la sociedad de México acarrearán''.

Al referirse de las acciones que iniciarán en contra de la aprobación del cobro de intereses sobre intereses, apuntó que los abogados deben denunciar los actos que atentan contra la ley, como lo ocurrido con ocho ministros, ya que ``dejaron sin certeza jurídica a través de una actitud inmoral, antipatriótica y de carácter inaudito'' a la sociedad mexicana.

Sostuvo que con independencia de la huella legal que sienta la determinación del más alto tribunal de este país, ``queda una escuela, en donde prevalece la vergüenza de la Corte''.

En tal sentido, dio a conocer que en el transcurso de la próxima semana acudirán ante el Poder legislativo a solicitar el inicio de juicios políticos en contra de los ministros que aprobaron el anatocismo.

Por otra parte, en el mismo contexto, el litigante Salvador Quezada Castrejón dijo que es necesario reformar los marcos legales, con el objetivo de que las leyes se adecuen a los avances tecnológicos y al desarrollo social.

En tanto, José Elías Romero Apis mencionó que ese consejo proporcionará asesoría desinteresada al Poder Legislativo.

Asimismo, José Raúl Gutiérrez Serrano dijo que hay una carencia de seguridad jurídica, debido a que en el sistema de impartición de justicia existe corrupción y falta presupuesto.