Marta Lamas
Recado a los panistas

Ante el aborto hay dos posturas éticas irreconciliables, que parten de paradigmas absolutamente opuestos y se nutren de tradiciones políticas y culturales total o par- cialmente incompatibles. Por ello ningún sector convencerá al otro: mientras uno se centra en la existencia del alma, con lo cual se otorga humanidad al óvulo fecundado, el otro se apoya en cuestiones científicas y filosóficas para definir en qué momento se puede hablar de una persona: cuando hay actividad cerebral o cuando se está fuera del cuerpo de la mujer. Y si ya es difícil llegar a acuerdos contraponiendo religión y ciencia, más se complica la cuestión al intervenir el dilema de qué es prioritario, ¿la libertad de decisión de la mujer sobre su vida o el derecho de nacer de un ser inocente?

Al no existir posibilidad alguna de convencimiento o conciliación entre estas posiciones, surge la necesidad de una intervención política que exprese las convicciones de la mayoría de los ciudadanos. Ahora bien ¿cómo conocer la verdadera voluntad ciudadana en un tema tabú, tan estigmatizado socialmente? Aquí se requieren varios mecanismos democráticos: un debate público sostenido, donde ambas posturas expresen, en igualdad de acceso, sus argumentos, y un referéndum o plebiscito. Sirven también las encuestas serias de opinión (GALLUP, Este País) y, además, la propia conducta de las mujeres que abortan expresa su discrepancia con la actual penalización.

Legislar supone no sólo aceptar la irreductibilidad de ambas posiciones sino, sobre todo, un reconocimiento del cambio sustantivo en la vida de nuestra sociedad. El objetivo parlamentario debería ser reestructurar el marco jurídico para favorecer un mejor manejo del problema de los abortos ilegales, sin pretender llegar a un acuerdo sobre la valoración ética del aborto. Es indispensable distinguir entre el hecho del aborto en sí y su tratamiento penal. Nadie está a favor del aborto. Todas las personas deseamos que ninguna mujer se realice un aborto. Las experiencias de los países católicos (Italia, Francia, España), que han modificado sus leyes al respecto, muestran un grupo notable de católicos de gran sensibilidad sobre el tema. En España, monseñor Iniesta, obispo auxiliar de Madrid, dijo: ``Mi conciencia rechaza totalmente el aborto; pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley ya no lo considere delito''.

Desde tal perspectiva lamento la desafortunada declaración de Pro-Vida, en el sentido de que Acción Nacional se sumó a su campaña contra el aborto (La Jornada, 5 de octubre, p. 39). Si conceptualizamos la democracia como lo hace Pietro Barcellona, como ``la pluralidad de razones'', existe el riesgo de que a nuestra democratización la trabe la pretensión autoritaria de un único modelo de moralidad o ética. Por el contrario, respetar las particularidades éticas y religiosas, insertándolas en un marco amplio donde las personas tomen decisiones de acuerdo a sus creencias, ha mostrado ser la única vía de solución de este dilema.

Es crucial escuchar otras voces, otros argumentos y abordar el conflicto del aborto más allá de los estrechos límites que le fijan los grupos polarizados. Sólo un verdadero marco de respeto a la autodeterminación de los ciudadanos en materia sexual y reproductiva logrará que las personas alcancen la responsabilidad necesaria para prevenir abortos. Las prohibiciones son ineficaces y sólo condenan a las mujeres sin información ni recursos a gravísimos riesgos para sus vidas.

Hoy, ante el grave problema de salud pública y de justicia social que representa el aborto ilegal, nuestros parlamentarios se encuentran ante un verdadero desafío: postergar una decisión bajo el supuesto de que es posible llegar a un consenso que eliminaría definitivamente el conflicto en torno al aborto o actualizar democráticamente su situación jurídica. Si el PAN pretende construir acuerdos democráticos, no se puede dar el lujo de suscribir posturas fundamentalistas y autoritarias, como la de Pro-Vida. Sobre todo, cuando lo que está en juego son cuestiones de salud pública y justicia social.