El mortífero estallido ocurrido ayer en el municipio mexiquense de Tultepec se originó, según los indicios disponibles, por una explosión de gas doméstico que hizo estallar una gran cantidad de pólvora, acumulada en forma clandestina, en espacios habitacionales.
Es de dominio público que en el barrio San Rafael de esa demarcación existe una añeja y extendida tradición artesanal de producir juegos pirotécnicos y, a decir de funcionarios locales de la Cruz Roja, esta es la cuarta ocasión en lo que va del año que se registra allí un accidente producido por los materiales de fabricación.
Es evidente que en el lugar de la tragedia y en muchas otras localidades de la República -como diversas bodegas del mercado capitalino de La Merced- tales artefactos se producen y almacenan sin observar las más elementales medidas de seguridad. Lo sucedido ayer pone a la luz que muchos talleres de cohetería funcionan incluso en el interior de casas-habitación y en puntos densamente poblados.
Las condiciones peligrosas en que se fabrica la mayor parte de los productos pirotécnicos en el país obedecen, por un lado, a la dificultad de imponer normas mínimas de seguridad industrial a una cultura artesanal de muy antiguo origen; por otro lado, resulta inocultable que tal dificultad se magnifica por la laxitud corrupta de las autoridades responsables de aplicar las medidas de verificación y control pertinentes.
Con base en estas consideraciones, salta a la vista la necesidad de emprender acciones en diversos terrenos para impedir que el ejercicio de una actividad lícita, que da trabajo a miles de personas y que se encuentra hondamente arraigada a los usos de la cultura popular, dé lugar periódicamente a tragedias personales, familiares o colectivas, como es el caso del estallido de ayer. También es necesario un programa de capacitación laboral que permita a los coheteros desempeñar su oficio de manera segura. Asimismo, debe emprenderse un combate frontal contra las redes de corrupción que hacen posible el funcionamiento de talleres en condiciones por demás peligrosas e inseguras.
Sumado a lo anterior, sería pertinente estudiar posibles modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer normas verificables de seguridad en esta actividad, así como ajustar los términos legales y reglamentarios que pudieran estar impulsando a los fabricantes de artículos pirotécnicos a operar en condiciones de clandestinidad.
En lo inmediato, sin embargo, la tarea más urgente es auxiliar a los heridos, a los damnificados y a las familias de los fallecidos, y contribuir a que Tultepec supere sus heridas.