``Desdén'' hacia la CIDH y Amnistía, política de la SRE: Human Rights

David Aponte Ť La cancillería mexicana ha manejado una política de ``desdén'' hacia los informes de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, y ha buscado limitar el acceso de los grupos no gubernamentales en foros importantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el argumento de mejorar los procedimientos de recepción de quejas, se asegura en el informe anual 1998 de Human Rights Watch/Americas (HRWA).

En su intento de ``restringir'' la observación internacional de los derechos humanos en México y cerrar la puerta al diálogo, la consultoría jurídica de la dependencia presentó una iniciativa para que las oficinas gubernamentales fueran las únicas vías para llevar denuncias de violaciones ante la CIDH, y que sus informes tuvieran carácter ``confidencial'', expone.

De la situación de los derechos humanos en el país, afirma que en 1997 continuaron las graves violaciones y la impunidad, a pesar de que el gobierno de México mantuvo una atención ``retórica'' en la materia. En ese contexto, las autoridades no resolvieron los agravios derivados de las tensiones rurales, el enfrentamiento del Ejército con la guerrilla (del EPR) y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, indica.

``Una y otra vez, los funcionarios se negaron a participar en un diálogo constructivo con organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos, y prefirieron confundir o ignorar los asuntos de derechos humanos en lugar de ofrecer soluciones viables a problemas bien documentados. Los protagonistas de muchos de los abusos fueron los sistemas policiales y legales mexicanos, que operaron con frecuencia en detrimento, en lugar de en apoyo, de los derechos humanos'', afirma.

Adicionalmente, los grupos locales de defensa y promoción de los derechos humanos fueron víctimas de amenazas y graves ataques en el periodo de referencia. Las organizaciones relacionadas con la Iglesia católica no estuvieron exentas de los ataques anónimos en todo México, hace notar.

El documento de la organización explica que el gobierno de México reaccionó con vehemencia en contra de los reportes sobre violaciones de los organismos internacionales. Incluso, expulsó del territorio nacional a observadores extranjeros de derechos humanos.

``El gobierno demostró su desdén por el trabajo informativo de las organizaciones internacionales de los derechos humanos, al rechazar la información y los informes de varias de éstas, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional'', argumenta.

A manera de ejemplo, cita que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió comunicados de prensa en los cuales descalificó el trabajo de los grupos internacionales, siempre con la excusa de que los informes eran parciales y poco objetivos. Con respecto al reporte de violencia rural de HRWA, la dependencia argumentó que las presuntas violaciones ya estaban ``desahogadas o en vías de resolverse''.

Posteriormente, el organismo puso en entredicho a la cancillería: ninguno de los funcionarios presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos en los casos presentados en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, había sido enjuiciado.

El reporte considera que el gobierno mexicano no sólo mostró una actitud de rechazo al diálogo con los organismos internacionales -caso concreto, con la delegación de Amnistía Internacional, encabezada por Pierre Sané-, sino que pretendió bloquear la participación de las ONG en foros como la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

``La SRE también intentó limitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a la CIDH. Con la excusa de mejorar los procedimientos de la comisión, México presionó para que se realizaran cambios que habrían eviscerado el organismo.

``Según las propuestas mexicanas, las oficinas gubernamentales encargadas de los derechos humanos -en lugar de las ONG- serían el canal principal para la presentación de casos ante la comisión, los informes de la misma serían confidenciales y, según el asesor legal de la SRE (Miguel Angel González Félix), los que presentaran casos ante la CIDH no podrían pertenecer a `un tercer país o un organismo internacional que esté alejado de la realidad histórica y cultural mexicana'. (Por supuesto) no se adoptaron las propuestas del gobierno mexicano'', indica.

Human Rights detalla: ``El gobierno estadunidense tomó una iniciativa positiva sin precedentes, al enviar una misión del Departamento de Estado a México para estudiar en exclusiva los asuntos de derechos humanos. La misión, encabezada por Steven Coffey, se realizó con motivo de las objeciones del gobierno mexicano al informe anual en la materia'', publicado en febrero por el Departamento de Estado.

Ese informe expuso los principales problemas en esa materia. En sus conclusiones, estimó: ``Entre los principales abusos se encontraban ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones ilegales y arbitrarias, malas condiciones penitenciarias, registros ilegales, violencia contra las mujeres, discriminación contra las mismas y los indígenas, algunas limitaciones a los derechos del trabajador y trabajo infantil generalizado en la agricultura y en el sector de la economía informal'', agrega el reporte anual de 1998.