Alega Ericsson ignorar términos de los contratos con la Procuraduría
José Galán Ť Roberto Rosales Ricardes, César Islas Acosta y Alejandro Soto Silva fueron responsabilizados por la firma Ericsson Telecom, como los ejecutivos que en 1995 y 1996 suscribieron contratos por cerca de 30 millones de dólares con la Procuraduría General de Justicia del DF, para proporcionar a la dependencia equipo de telecomunicaciones y de radiolocalización geográfica que, a la postre, resultaron inoperantes. Los tres ya no laboran allí.
Además, la firma testificó, a través de sus representantes legales, que ``desconoce si hubo problemas para el funcionamiento del equipo contratado'', e incluso dejó asentado legalmente en los expedientes de la PGJDF, que no sabe si los equipos proporcionados a ésta ``son compatibles con los equipos de radiocomunicación existentes''.
De acuerdo con los testimonios de Antonio Reus Ascencio, vicepresidente de Relaciones Públicas de la empresa, y del abogado de la misma, Enrique Abraham Ortiz, perteneciente al despacho Basham, Ringe y Correa, rendidos en su calidad de testigos de la defensa de la firma sueca, las denuncias publicadas por los medios de comunicación sobre irregularidades en la suscripción de los contratos ``son afirmaciones falsas''.
La declaración de los representantes de Ericsson tuvo lugar el lunes 12 de octubre a las 10:30 horas, ante la agente del Ministerio Público Guadalupe Méndez Sandoval, con base en la averiguación previa A/HPSP/037/98-02, abierta a raíz de las denuncias presentadas por la propia PGJDF sobre la adjudicación directa de dos contratos realizados en noviembre de 1995 y diciembre de 1996.
En su testimonio, Reus Ascencio afirmó desconocer los términos de los contratos con la PGJDF y responsabilizó directamente a Roberto Rosales Ricardes, entonces director general de la empresa, de acordar los detalles de los mismos con funcionarios de la PGJDF, a quienes en esta declaración legal no supo identificar.
Afirmó desconocer si los contratos por cerca de 30 millones de dólares, para dotar y ``modernizar'' los equipos de radiocomunicación de la dependencia, cumplieron o no las formalidades de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas que rige a nivel federal.
En 1995 y 1996, época de la suscripción de los dos contratos, fungía como director general de la empresa Rosales Ricardes. En 1995, el director comercial del área Radio Communications Trunking, César Islas Acosta, al renunciar posteriormente, dejó en su lugar a Alejandro Soto Silva, que en el contrato de diciembre de 1996 fungía como director de dicha área. Ellos son, según la declaración legal de Reus Ascencio, quienes en realidad conocen del asunto, pero ya no trabajan allí.
Además, consideró que ``las acusaciones vertidas en la prensa hablan de hechos que no son ciertos'' y puso en duda la veracidad de las informaciones sobre el comportamiento tanto de la empresa como de los equipos que fabrica.
Por su parte, el abogado Enrique Abraham Ortiz declaró desconocer ``quién o quiénes firmaron por parte de la PGJDF los contratos'', los cuales amparan un ingreso de 30 millones de dólares para su empresa, y presentó la postura de la empresa con base en una propuesta:
``La controversia puede resolverse fácilmente si la institución (PGJDF) permite que personal de Ericsson termine su labor de instalación de equipos, ya que --consideró el abogado en su testimonio-- ``sólo se requiere la oportunidad para corregirlos''.
Además, todo podría arreglarse ``si el área técnica de la Procuraduría da las facilidades necesarias para la instalación de los equipos'' cuyo deficiente comportamiento obligó a la dependencia a presentar la querella judicial y, en su caso, obtener la restitución de los 30 millones de dólares invertidos en ellos.