La Jornada 12 de octubre de 1998

Cabildea la SRE una iniciativa de ley en el Congreso estadunidense

David Aponte Ť La cancillería analiza con el Departamento de Estado y cabildea con el Congreso una iniciativa de ley para la contratación temporal de trabajadores migratorios en el sector agrícola de Estados Unidos. El documento considera la expedición de visas en ``número suficiente'' para las necesidades de los agricultores estadunidenses, con un máximo de diez meses de vigencia. Con el proyecto, en el Capitolio buscan regular la estancia de jornaleros de origen extranjero -principalmente de migrantes mexicanos- en territorio de Estados Unidos, y ofrecer las mismas garantías laborales que gozan los ciudadanos estadunidenses, según la propuesta.

El documento denominado Agricultural Job Opportunity Benefits and Security Act of 1998 establecería el contexto jurídico interno del vecino país y formaría parte de la Ley de Comercio, Estado y Tesoro.

Sin embargo, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha seguido de cerca el proceso legislativo y ha iniciado conversaciones con su contraparte en el Departamento de Estado y contactos con el Capitolio, por tratarse de un proyecto que estaría relacionado con los intereses de los trabajadores migratorios mexicanos.

``La cancillería considera que este es uno de los documentos más importantes y de mayor trascendencia para México y lo está siguiendo paso a paso''. Por ahora, la Subsecretaría para América del Norte y Europa, a cargo de Juan Rebolledo Gout, ha establecido los contactos con el Departamento de Estado y el Capitolio, de acuerdo con información de la oficina encargada de la política exterior del país.

Con registro del 21 de julio de 1998 en el Capitolio, la propuesta podría ser analizada en forma paralela en las cámaras de Representantes y Senadores. En el futuro, ambos órganos del Poder Legislativo estarían en posibilidades de conformar un comité de conferencias para revisar el contenido, unificar criterios y buscar los consensos necesarios para su aprobación, de conformidad con las apreciaciones de la SRE.

No habrá límite de visas para los trabajadores

El proyecto -promovido por el senador republicano de Oregon Gordon Smith- comprende 14 secciones que harían posible la estancia legal de los jornaleros extranjeros y garantizaría sus derechos laborales.

En sus primeros capítulos establece que el Departamento de Trabajo estaría a cargo de la elaboración de una base de datos sobre los trabajadores agrícolas que serían elegibles para ingresar a Estados Unidos, de conformidad con las necesidades de mano de obra de los agricultores del país vecino.

El registro incluiría los nombres, el periodo o estación del año que los trabajadores estarían disponibles y la calificación laboral de los aspirantes. Posteriormente, el Servicio de Inmigración y Naturalización autorizaría el ingreso de los aspirantes que cubran los requisitos, de acuerdo con los registros del Departamento de Justicia.

Las autoridades estadunidenses se asegurarían de que las necesidades de mano de obra de los agricultores son reales y que no buscan remplazar a trabajadores locales, algunos de los cuales podrían estar involucrados en movimientos sindicales o en huelgas.

Dos fórmulas para el pago de los salarios

El documento considera también que los empleadores proveerán los beneficios a los trabajadores extranjeros conforme a las legislaciones locales, estatales y federales. Para el pago de los salarios utilizaría dos fórmulas: el pago individual por hora o por grupo. El primero buscaría motivar el esfuerzo de cada uno de los jornaleros y el segundo intentaría repartir las percepciones entre cierto número de trabajadores.

La cancillería está interesada en realizar un análisis amplio de esta sección, puesto que un pago por grupo podría ser menor a los salarios mínimos marcados por la ley para los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. En este punto es donde los diplomáticos mexicanos dialogan con sus contrapartes del Departamento de Estado y tienen contactos con miembros del Capitolio.

La vivienda, otro punto del análisis

De acuerdo con reportes de la SRE, otro punto del análisis está vinculado con la vivienda de los trabajadores. Los diplomáticos mexicanos buscan que sean proporcionadas por los empleadores y que cumplan con los requisitos de higiene y seguridad.

``El proyecto incluye la posibilidad de que los patrones ofrezcan vivienda segura a sus empleados temporales conforme a los estándares federales para los trabajadores del campo''. Los empleados deberían pagar los gastos generados por energía eléctrica, agua y servicios. En otros casos, tendría que desembolsar el costo de una renta ``razonable''.

Las dependencias federales pondrían en marcha un programa piloto para la transportación de los jornaleros en territorio estadunidense, o analizarían otras fórmulas con los agricultores.

Con respecto a la expedición de visas para los trabajadores del campo, el Departamento de Estado las proporcionará en ``número suficiente'' a los extranjeros elegibles, de acuerdo con el proyecto. Las autoridades migratorias permitirían el ingreso y diseñarían una identificación para los jornaleros.

Se busca desde los ochenta el control de los braceros

El gobierno de Estados Unidos ha buscado desde hace varios años la posibilidad de regular la estancia de trabajadores temporales. Incluso ha desarrollado iniciativas como la del Programa del Trabajador Agrícola Especial, en la década de los 80, y otros proyectos legislativos.

Sin embargo, las propuestas votadas por el Congreso del país vecino en 1996 ``incluyeron muy pocos elementos de protección, tanto para los trabajadores mexicanos como para los de Estados Unidos'', según el reciente estudio binacional sobre migración.

El mismo documento elaborado por expertos de los dos países menciona que ``con frecuencia las percepciones en Estados Unidos y México difieren mucho en cuanto a la capacidad del trabajador.

``Nosotros creemos que Estados Unidos y México deberían estudiar esta idea con mucha atención, con el fin de desvanecer los mitos sobre lo que podría entrañar la puesta en marcha de un nuevo programa de trabajadores temporales.

``Es muy probable que un estudio de este tipo eliminaría la idea de que ambas partes pueden llegar fácilmente a un acuerdo de naturaleza efectivamente binacional'', argumenta.

El análisis agrega que los actuales programas de contratación de trabajadores temporales han debilitado los requisitos de reclutamiento, los salarios y las condiciones de vivienda de los jornaleros. De esa forma, los nuevos proyectos ``podrían sustituir a los trabajadores no autorizados por trabajadores autorizados, pero no creemos que interese a ninguno de los dos países codificar intercambios de mano de obra que pueda ser explotada fácilmente''.