A este sexenio le quedan escasos dos años. En el sector energético (es decir, las industrias de la producción primaria de petróleo, la refinación, el gas, la petroquímica y la industria eléctrica) quedan varios pendientes que se propuso, un tanto a la ligera, este gobierno. Tres secretarios de Energía en apenas cuatro años dan señal de las dificultades que se enfrentan para lograr los cambios que la administración en turno pretende. Genéricamente se habla, como se ha comentado en otras ocasiones en este espacio, de la necesidad --urgencia, dicen los personeros del gobierno-- de introducir y ya no sólo simular la competencia en el mercado de los refinados del petróleo, del gas, de los productos petroquímicos y de la electricidad. No señalan, a pesar de las constantes presiones de los empresarios privados nacionales y extranjeros, y de las instituciones y organismos financieros internacionales (esos especuladores voraces que tienen postrado al mundo al haberlo convertido en una especie de casino) la necesidad de privatizar la producción primaria de crudo y gas, lo que, atendiendo a los acontecimientos petroleros recientes, resulta un absurdo, no sólo por las altísimas rentas económicas que pese a la caída de precios se captan con la comercialización de Maya, Istmo y Olmeca en el mercado internacional (principalmente en el de Estados Unidos), sino por el hecho de que el volumen principal de esa renta va a dar a la Secretaría de Hacienda, que ejecutó recortes al gasto gubernamental este año, precisamente por la alta dependencia que tiene el erario de los recursos petroleros, que en 1981, 1982 y 1983 casi llegó a la mitad del total, y que en los últimos años, a pesar de los bajos precios del petróleo, ha alcanzado más de 40 por ciento. Menos absurdo aparentemente, el caso de la petroquímica también queda pendiente, no sólo por los desaciertos con que se ha llevado el proceso, sino porque las compañías petroleras en todo el mundo tienden a integrarse con las petroquímicas.

Industria eléctrica

Ya comentamos en otra ocasión que a través de una rendijita en la Ley del Servicio Público de Electricidad se ha abierto la posibilidad de competencia con la Comisión Federal de Electricidad y con Luz y Fuerza del centro en la generación, a través de productores independientes dispuestos a vender su producción a la CFE. Los casos de Mérida III, Salamayuca y Rosarito dan muestra de ello, aunque en estos dos últimos casos el asunto no ha sido tan independiente. Los inversionistas privados quieren todas las garantías y ningún riesgo. Y el gobierno, por sacar adelante sus propuestas, parece estar en condiciones de aceptarlo, como resultó en Mérida III. Se quiere avanzar en la generación de electricidad prácticamente privada. En el extranjero se habla de la venta de toda la CFE. Lo cierto es que la inversión pública en el sector es cada día menor. Falta mucha discusión sobre la apertura de las líneas de transmisión en el país, aún de propiedad y control públicos, y en torno a la privatización de la distribución de electricidad en ciudades y regiones, lo que aún no ocurre pero que podría plantearse. Hay que decirlo una vez más: en el mundo se discute muy severamente lo que pasa en la industria eléctrica de cada país, su destino próximo, su restructuración y reorganización. Y, desde luego (asunto nada fácil en México) la forma de organización y el régimen laboral de los trabajadores electricistas.

Melée

Por todo lo que está en juego, incluidos cambios radicales a la Constitución, no es fácil imaginar que en los dos próximos años concluya un proceso que, además, tiene muy poco respaldo social. Será complicado, a pesar de que nuestros pequeños funcionarios se quieran comer el mundo a pedazos, implantar esquemas cuyo éxito está todavía en duda. El asunto exige mucha reflexión, análisis y discusión. Nadie está en contra de la mayor eficiencia y calidad del sector eléctrico. Pero... al tiempo.