El esperado fallo de la Suprema Corte en torno al litigio entre banqueros y deudores, finalmente situó la solución en uno de los dos polos: al parecer de la mayoría de los magistrados, no tienen razón los deudores cuando alegan anatocismo. Las consecuencias de esa decisión son gravísimas, pero me parece pertinente llamar la atención sobre un hecho: cualquiera que hubiera sido la reso- lución, imaginémosla en sentido contrario, hubiese tenido consecuencias igualmente graves.

Ese es el punto: si la Corte hubiera fallado a favor de los deudores, la banca mexicana sería inviable; adoptando la decisión que tomó, dejó en indefensión a millones de mexicanos.

Me parece que lo que debemos considerar es justamente eso: la Corte lo que hizo fue legalizar un evidente desarreglo, y no tenía más opciones. Cualquiera que hubiera sido su interpretación, habría aniquilado uno de los polos. Lo que se evidenció es que el sistema financiero está montado sobre normas anquilosadas, ambiguas, que lo único que no proporcionan es seguridad jurídica a las partes. En esos términos la salida de la Corte es falsa. El hecho mismo de la votación dividida da cuenta de las posibilidades de interpretación de la norma. En otra coyuntura, o bajo otro balance de fuerzas, el fallo hubiera podido ir en sentido contrario. Ciertamente a la Corte lo que le correspondía era eso: producir interpretaciones que orientaran futuros fallos.

Pero el fondo del problema no se tocó, no se resolvió lo que dio origen al diferendo, que es no contar con normas justas y claras para todos. Y no se tocó porque no le corresponde al Poder Judicial hacerlo. Desde esa perspectiva, lo que parece ineludible es que el Poder Legislativo tome la estafeta y procure nuevas normas para el desarrollo del sistema financiero mexicano. Es de esperar que pronto nuestros legisladores se hagan cargo de ese problema, y procuren leyes que den certeza jurídica a las partes, ya que es impensable la consolidación de un sistema financiero moderno sobre las bases de una regulación ambigua y atacable.

Y si bien eso nos puede y nos debe resolver el futuro, hay que admitir que para tal vez millones de usuarios de la banca, el daño está hecho. Si no hay la suficiente sensibilidad de parte de los banqueros, el fallo de la Corte se puede significar por la reactivación de una seria conflictividad social: no es fácil para los deudores resignarse a perder el patrimonio por haber signado contratos que hoy son legales, pero a todas luces injustos. El hecho de que la legalidad y la justicia no residan en el mismo sitio, es una de las expresiones sociales más explosivas. Hoy la banca tiene la razón jurídica de su lado; en sus manos está procurar también hacer justicia.