La Jornada lunes 12 de octubre de 1998

Elba Esther Gordillo
La justicia y la ley

Uno de los dilemas históricos de la civilización occidental es la continua contradicción que hay entre la justicia y la ley.

Teniendo como base al individuo desde el Contrato social de Rousseau, el conflicto de interés se ha convertido en la materia prima del derecho, dando como resultado una serie de instituciones que tienen en ese principio su sustento filosófico.

No es casual que la figura que expresa esa búsqueda sea la de una mujer, ciega por voluntad, que sostiene una balanza en medio de la leyenda de justicia y ley, y que se convierten en los vértices en los que la balanza se mueve.

Es un hecho que no siempre las mejores leyes garantizan la justicia, como también lo es que sin ley muy poco probable sería el logro de la justicia.

Quizá la causa está en que, a fuerza de ser objetivos o por lo menos intentar serlo, no empleamos uno de los sentidos más sabios y profundos de que los humanos disponemos: el sentido común al cual no le hemos dado el rango jurídico necesario para acudir a él cuando el conflicto entre los individuos se vuelve complejo.

Cada vez se requiere de más explicaciones y argumentos acerca de los criterios que llevaron a decidir un conflicto en uno u otro sentido, más cuando esa decisión se opone al sentido común.

Y eso no es un problema tan nuevo. La historia nos da muchos ejemplos de absurdos a los que ha llevado la omisión del sentido común en la resolución de los conflictos o en la toma de decisiones trascendentes.

La Independencia de México se gesta no sólo en la justicia, sino también en el absurdo intento de aplicar la Constitución de Cádiz en un país que ni por asomo se parecía a la España del siglo XIX. Fue entre otras cosas una revuelta contra la ley.

El criterio de hacer valer la ley, lo único que estimuló fue su ruptura, por el simple hecho de que la ley era injusta y que la magnitud de esa injusticia era enorme. Todavía tiene vigencia la frase virreinal: ``acátese pero no se cumpla''.

Cuando Isabel la Católica decide aplicar una ley que castigaba a los no conversos a la religión católica, no sólo comete una profunda injusticia, sino que sienta las bases del estrepitoso derrumbe del imperio español y la fractura del sistema político que le daba sustento. Muchos de los grandes de España se opusieron a tan tremendo absurdo jurídico, más cuando Torquemada fue el encargado de hacerlo cumplir.

Nunca es tarde para entender que el principio básico de la justicia, el cual no siempre es comprendido por el derecho, es el de que nadie puede estar obligado a lo imposible, menos aún cuando esa imposibilidad no se desprende de culpa, error o dolo que quien resulta castigado por la ley.

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