Tienen sobrecupo de 9 mil reos las cárceles del DF: Alvarez Ramos
Daniela Pastrana Ť En el sistema penitenciario nacional ha prevalecido una ausencia de planeación y dirección, por lo que las instituciones carcelarias fueron rebasadas ante el crecimiento del fenómeno criminal, sostiene Jaime Alvarez Ramos, director general de Reclusorios del Distrito Federal.
En la primera entrevista que concede a la prensa, a 37 días de que tomó posesión del cargo al sustituir a Carlos Tornero Díaz, Alvarez Ramos reconoce que los más de 16 mil internos de los centros de reclusión de la ciudad viven en condiciones de hacinamiento y con muy pocas posibilidades de lograr la readaptación social.
``La capacidad instalada, diseñada para 7 mil 500 internos, no es suficiente para atender a los 16 mil 504 que actualmente hay. La gente vive en condiciones de hacinamiento'', dice.
A lo anterior se agrega que los 2 mil 600 custodios, divididos en tres turnos, y 400 empleados técnicos (psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y abogados) resultan también insuficientes para atender la demanda de custodia y tratamiento.
Sin embargo, afirma que en la medida en que se logren las metas de los programas ya comenzados y que, dice, darán resultados antes de concluir la presente administración, será posible ``salvar a algunos que aparentemente han caído en manos de la corrupción''.
Psicólogo con maestría en criminalística, con 20 años de trabajo en el sistema penitenciario local y federal, Alvarez Ramos asegura que ``en las modificaciones penales no ha habido una adecuada comprensión de lo que es el fenómeno criminal'', pues ``se ha hecho un uso exclusivo de la prisión'' cuando hay internos que pueden ser tratados alternativamente.
``Las instituciones penitenciarias son de tratamiento; sus acciones tienen que encaminarse a un programa de salud social y ese es el propósito de esta administración''.
En ese sentido, plantea, será fundamental que el programa de reconversión del sistema penitenciario ``vaya aparejado'' de las modificaciones legales que se están discutiendo, y que incluyen nuevas leyes de ejecución de sentencias y de reclusorios.
Alvarez Ramos resume algunos de los programas que se tienen previstos en esta administración, pero reconoce que el presupuesto asignado a la DGR, que este año fue de 640 millones de pesos, limita su aplicación. No obstante, aclara: ``Tradicionalmente (los recursos) siempre son insuficientes; lo importante es que podamos utilizarlos en su máxima capacidad. Nuestro reto es hacer mucho con poco''.
Entre los objetivos destaca el de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los penales, con la ampliación y modernización de los espacios penitenciarios, y establecer el servicio civil de carrera penitenciaria, para desarrollar un mejor sistema de selección y capacitación de personal.
En este punto aclara: ``En la medida en que a las personas se les estimule y reconozca podemos de alguna manera salvar a quienes aparentemente han caído en manos de la corrupción. No creo que todos los que están sean corruptos; sería una aseveración muy temeraria. Desde luego, hay gente que cayó en actos de corrupción, y en esos casos se deben tomar medidas muy drásticas, como el cese o la consignación''.
Hasta el momento, señala el titular de la DGR, con el programa de Abatimiento de la Corrupción, hay 156 custodios sujetos a investigación y han sido cesados varios funcionarios de diferentes áreas. Destaca el caso de cinco custodios del Reclusorio Norte, que el 17 de septiembre fueron consignados por su participación en una fuga del penal Oriente.
Modificaciones legales
Alvarez Ramos explica el fondo de la propuesta de sustituir la figura de custodio en los penales: ``Esta se traduce en otros países a la persona técnicamente calificada, que le da un puntual seguimiento al comportamiento, tratamiento y acciones de rehabilitación de los internos. Cuando se pensó en la figura de custodio, creímos que tendría que asumir estas funciones, pero que actualmente no se ejecutan, por lo que es necesario retomarlas''.
La propuesta del gobierno del DF, abunda, plantea crear dos nuevas figuras: la del técnico en seguridad, que en sentido estricto tendría a su cargo únicamente la vigilancia interna del penal, y la del técnico penitenciario, que estaría a cargo de especialistas calificados, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y abogados, personal que actualmente está en la estructura administrativa de los penales, y quienes asumirían de hecho la custodia.
Pero no es la única modificación que se plantea. Por lo menos, en el ámbito legal, dice Alvarez Ramos, ``están en el tapete de la discusión'' una serie de propuestas que buscan modificar a fondo la estructura jurídica del sistema penitenciario, y que empiezan con el Reglamento Interno de Reclusorios, aprobado en 1990 por la entonces Asamblea de Representantes, el cual ``ya no está acorde con las características, tanto de las personas que están dentro de la institución como con algunas dinámicas de la misma''.
Entre los rubros a revisar, el funcionario plantea la visita familiar. ``Una institución de esta naturaleza debe apuntar también a lo preventivo. El hecho de que en las instituciones convivan niños con gente que tiene una conducta distorsionada se presta evidentemente al contagio de patrones de conducta; eso me parece digno de revisarse para determinar quiénes deben acceder a reclusorios''.
Otro aspecto, también en este sentido, es la revisión de ``la conducta del sujeto intramuros'', para regular los días de derecho a la visita.
En un punto más polémico, Alvarez Romo defiende la necesidad de modificar el artículo 18 constitucional para establecer la obligatoriedad del interno a trabajar. ``La idea es que, precisamente mediante la capacitación, el trabajo y la educación, se le den herramientas para sobrevivir socialmente''.
Insiste en que hay una serie de proyectos ya en marcha, como la reciente adquisición de 150 computadoras, para contar con ``un sistema de enlace que nos permita automatizar la información de expedientes y de las aduanas, a través de una serie de dispositivos electrónicos y de video, que permitan acabar con la corrupción''.
Alvarez Ramos reconoce que no puede garantizarse la concreción de todos los programas planeados ``porque tienen un costo'', pero asegura que el próximo año podrá dar cuentas de lo que se hizo en esta área.
La población de los 10 centros de reclusión de la ciudad sobrepasa en más de 120 por ciento la capacidad instalada del sistema penitenciario, diseñado para albergar a 7 mil 500 internos. Estas son las cifras:
Población total: 16,504
Procesados del fuero federal: 908
Procesados del fuero común: 6,100
Sentenciados del fuero federal: 1,804
Sentenciados del fuero común: 7,464
Hombres: 15,746
Mujeres: 750
Inimputables: 144
Enfermos mentales: 67
Extranjeros: 110
Próxima contrucción de complejo penitenciario
Para principios del próximo año, el gobierno de la ciudad tiene proyectada la construcción de un ``complejo penitenciario'', en un terreno de 11 hectáreas ubicado detrás de la actual Penitenciaría de Santa Martha, donde se daría cabida a los internos sentenciados, los inimputables y enfermos mentales, así como a la cárcel de mujeres. Su estructura, planeada en varios niveles, contaría con modernos sistemas de seguridad y ``tendría características distintas a lo que existe en el país''.
``(El proyecto) está prácticamente aprobado, inclusive está en las últimas pláticas para el otorgamiento de recursos financieros'', adelantó el director general de Reclusorios, Jaime Alvarez Ramos.
El funcionario dijo desconocer el costo exacto de la inversión, ya que se trata de un proyecto que es parte del Sistema Nacional de Seguridad, y en el que participan la Secretaría de Gobernación y el gobierno del DF; sin embargo, admitió que ``es un proyecto muy costoso''.
Indicó que se tiene previsto iniciar los trámites de licitaciones públicas a partir de noviembre, para que en enero comience la construcción. Explicó que el complejo se construiría en un terreno desocupado, el cual pertenece a la penitenciaría y que es proporcionalmente igual --11 hectáreas-- al espacio actual de esta cárcel.
``Se piensa construir una institución vertical, pero que cuente también con espacios para que la gente pueda acceder a tratamientos, áreas verdes; además, será una institución que se tecnificará, retomando la experiencia adquirida en las instituciones de aquí y tomando las experiencias de algunos penales federales y de otros países'', agregó.
Al asegurar que ``lo que inviertas en este rubro es bien invertido'', Alvarez Ramos destacó que, además del complejo, se está desarrollando un programa de reasignación de espacios para ampliar la capacidad instalada en diferentes penales de la ciudad, y en los próximos días serán entregados dormitorios en los anexos de los reclusorios Norte y Oriente.
``La inversión en este caso ha sido fuerte, pero la idea es buscar mecanismos para que la gente que ha estado sujeta a tratamiento viva en condiciones adecuadas y dignas'', aseguró. (Daniela Pastrana).