La iniciativa de una reforma política del Distrito Federal parece enfrentar una contradicción peculiar. Las fuerzas democráticas y la ciudadanía en distintas tonalidades reclaman que se complete el proceso que se inició en 1996 cuando se votó por unanimidad modificar la Constitución para poner las bases de un nuevo régimen del DF. Pero los partidos no se ponen de acuerdo en cómo terminar. En 1996 el PRI era mayoría en ambas cámaras y fue él quien abrió las puertas del cambio. La clase política respondió así no sólo a las exigencias de la población sino a la necesidad de dar cauce al nuevo tipo de lucha por el poder que se perfilaba en toda la metrópoli y el país. Fue una decisión oportuna pero incompleta: las modificaciones no llegaron a crear el nuevo régimen democrático en el DF. Se mantuvieron muchas normas de control del poder federal sobre la entidad y sus autoridades. No se reconoció a plenitud el carácter municipal de las demarcaciones. Se otorgó el derecho a los capitalinos (por primera vez en la historia) de elegir a su gobernante, pero se mantuvo a éste y a la entidad bajo una tutela presidencial inaceptable.

Todos entendimos que en 1996 se po- nían las bases de un edificio jurídico que terminaría de construirse después de las elecciones de jefe de gobierno y de la Asamblea. Las elecciones de 1997 significaron grandes cambios en la estructura política. El poder presidencial perdió el poder absoluto del Congreso pero conservó un poder negativo al haber mantenido la mayoría en la Cámara de Senadores. En el DF ganó Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura de gobierno y su partido la mayoría completa en la Asamblea. Los triunfos del PAN en otras entidades y la creación de una coalición opositora crearon un muy peculiar sistema de balances y contrapesos, ideal para impulsar la transición definitiva. Hasta hoy, ni el Presidente ni los partidos han impulsado el acuerdo que permita concluirla.

A principios de este año, unos días después de constituido el nuevo gobierno, se convocó a una mesa de negociación de la reforma política en el DF. Todos los partidos aceptaron concurrir a ella y desarrollar tres temas fundamentales: la ley electoral, la ley de participación ciudadana y las bases para la organización del gobierno del DF.

Los partidos y el gobierno reconocieron que había que ir más allá de los simples ajustes a la legislación vigente, que tenía que pensarse en la modificación completa del Estatuto del DF y en una reforma a fondo en la Constitución federal.

El sistema de negociación de la reforma tuvo un rasgo original. Se incluyó en cada mesa a un ciudadano sin afiliación partidaria para que actuara como secretario técnico (facilitador y relator del proceso). Así se abrió el gran debate político a la sociedad civil por primera vez. Las mesas trabajaron casi nueve meses, celebraron más de 100 sesiones de trabajo y arribaron a 219 acuerdos entre los partidos participantes: en más de 80 por ciento de los temas que se agendaron originalmente hay consenso. Sin embargo, no existe todavía una propuesta integral y no se han contratado las discusiones de algunos de los temas importantes ni hay acuerdo en la totalidad de ellos.

Para colmo de males, dos grandes partidos en el DF, el PAN y el PRI, cuya presencia es indispensable para votar una reforma integral y para validarla, han mostrado en distintas ocasiones reticencias en el proceso de negociación. El PRI modificó su postura original para negar su voto a cualquier cosa que fuera más allá de las reformas locales (lo cual no es mucho conceder porque el PRD tiene mayoría absoluta en la Asamblea). El PAN apoyó decididamente en todo lo que fuera reforma a la estructura de gobierno, pero infortunadamente decidió retirarse del proceso en el último momento, sin explicar claramente sus razones.

Es de suponerse que el PRI no quiere votar la reforma del DF mientras no se resuelvan los grandes temas pendientes, particularmente el del Fobaproa. Quizás el PAN está reaccionando a la reciente opinión descalificadora del líder nacional del PRD. Así, el tema de la reforma del DF se pierde en el complejo de la crisis política general y sólo puede ser resuelto al más alto nivel político.

Todo esto resulta difícil de entender para el ciudadano que no tiene el privilegio de estar en los partidos políticos. Ese ciudadano oye en el radio, observa en la tv, lee en los periódicos que los partidos exigen al jefe de gobierno que cumpla con su promesa de hacer la reforma política del DF y los mismos partidos que hacen la presión cierran las vías para que la reforma se concrete. Lo mismo pasa a nivel federal. Todas las fuerzas políticas reclaman el cambio pero la parálisis de las iniciativas resulta evidente. Mientras tanto, las inquietudes sociales, las amenazas de crisis económica, se hacen más agudas. Hay señales de enfrentamientos y tensiones en todos los partidos.

Está aumentando la desilusión de los ciudadanos respecto de las nuevas formas de hacer política. La democracia que viene está llegando con enorme desorden, dominada por el interés egoísta de unos cuantos y disminuida por la falta de imaginación, generosidad y valentía de la clase política. Habría que esperar que empiecen a aparecer iniciativas en la sociedad civil.