Juzgado 47 del fuero común. Reclusorio Norte.

Es la madrugada del 19 de septiembre. En este pequeño espacio acaba de caer una bomba: dos de las menores violadas y secuestradas por policías en Tláhuac, confiesan que todo fue mentira.

``Me dijiste `llora pendeja, porque no nos van a creer' y me llegaste a pellizcar'', increpa Emma Laura Sánchez Marín a la mayor de las tres, Edith Cruz Cruz.

``No dije la verdad, porque no sabía que Emma ya la había dicho'', dice minutos más tarde Beatriz Jacinto Esquivel, la tercera víctima.

Conmoción en el juzgado. Los agentes del Ministerio Público se quedan paralizados. La coordinadora del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer (Promujer), Patricia Olamendi, se lleva las manos a la cara, asombrada.

Y los abogados defensores, que durante 16 horas interrogaron a las tres jovencitas, sonríen felices.

El día 19, la diligencia concluyó a las cuatro de la mañana.

Jueves 24 de septiembre.

Ha sido una larga semana para el procurador Samuel Del Villar. Días de críticas por el trabajo que realiza la procuraduría en el caso Tláhuac. La indignación parece no tener límite; algunos piden, incluso, su destitución.

La reunión en sus oficinas no le es muy grata.

``La procuraduría es responsable de la cosa legal y de la atención a víctimas'', dice fastidiado. Y luego, con la mirada fija en Patricia Olamendi, sentencia: ``En este caso mucho ayuda el que no estorba''.

Sin embargo, las críticas surten efecto.

Por primera vez, desde que se conoció la agresión (23 de julio), las tres jovencitas cuentan con protección policiaca, reciben apoyo psicológico de manera constante y dos de ellas lograron escapar del maltrato en sus hogares: ahora viven en un albergue de la procuraduría.

Para el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas -quien se comprometió a aplicar todo el peso de la ley en este caso- el paquete sigue muy pesado.

Otra vez, como en la designación de funcionarios con pasado oscuro, las cifras contradictorias del índice delictivo y la liberación de El Chucky, la manzana de la discordia es el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

El camino de piedra

¿Qué hay detrás de la retractación de Emma Laura y Beatriz? ¿Que pasó en el camino rumbo a la maratónica audiencia donde cayó la bomba?

En la búsqueda de respuestas abundan las hipótesis, incluso aquellas que hablan de amenazas o sobornos a las víctimas. Una opción que, de acuerdo con la subprocuradora A, Margarita Guerra, no existe. ``No hay pruebas de que eso hubiera ocurrido'', dijo en entrevista colectiva a las afueras del Reclusorio Norte. Y aventuró: el cambio en las declaraciones obedeció ``al estrés excesivo'' que padecen.

Sin embargo, la tarde del 19 de agosto, cuando caminaba por el centro de Xochimilco, Edith Cruz se encontró de frente con El Capi, uno de los violadores más agresivos y al que supuestamente busca la Policía Judicial.

No se anduvo con rodeos: al abordar a la muchacha el policía le exigió que retirase los cargos, porque ``están causando mucho daño a nuestras familias''.

El Capi conocía los movimientos de Edith, y estaba conciente, sobre todo, de que la chica estaba sola. Por eso se atrevió a abordarla a la mitad de la calle, a unos metros de un camión de granaderos.

La posibilidad de que ocurriera un encuentro de esta naturaleza no era desconocida para la procuraduría.

En una reunión con el Consejo Consultivo de Promujer realizada el 3 de agosto, la directora de Atención a Víctimas del Delito, Bárbara Yllán Rondero, dijo que ``algunos medios de información, como Duro y Directo y Fuerza Informativa les han ofrecido (a las víctimas) algunas sumas de dinero para entrevistas''.

El 28 de julio la funcionaria envió el oficio 602/1368/98-07 a la delegada de la PGJDF en Xochimilco, Martha Laura Almaraz Domínguez, para señalar que ``existe información en los diversos medios de comunicación sobre la identidad de las jóvenes por tratarse de un asunto de relevancia, quienes además de estar siendo hostigadas por reporteros y periodistas son también molestadas por policías preventivos y familiares de los probables responsables. Por lo que le solicito disponga las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y moral, así como la de sus familiares''.

Las instrucciones, al parecer, no se cumplieron.

Pruebas que no prueban

El acoso de los medios de comunicación y el hostigamiento de policías y familiares de los detenidos no son las únicas piedras que marcan el camino a la audiencia del 18 de septiembre.

Falta sumar las inconsistencias en la averiguación previa que presentó la procuraduría.

Cuando escaparon de las instalaciones del Agrupamiento a Caballo en Tláhuac, las tres jovencitas permanecieron más de seis horas en la Secretaría de Seguridad Pública antes de rendir su declaración ante la agencia especializada en Delitos Sexuales de la PGJDF.

De acuerdo con el expediente del caso -en poder de Masiosare- fue allí donde se presentaron las primeras irregularidades.

Por ejemplo, en la declaración ministerial se asentó que las chicas fueron rescatadas por un taxista, aunque en realidad escaparon a bordo de una patrulla de Iztacalco que no fue identificada y, por tanto, tampoco se solicitó el testimonio de los patrulleros que las auxiliaron.

Y es que, trascendió, el agente del Ministerio Público dijo a las adolescentes que no era conveniente involucrar a más policías.

En su declaración señalan que permanecieron secuestradas en un destacamento de Tláhuac, sin identificar en cuál, pero en el acta quedó asentado que se trataba del Agrupamiento 18.

Las tres firmaron sin leer sus declaraciones, porque estaban muy cansadas.

A pesar de la denuncia de violación que presentaron, a ninguna se le practicó un exudado vaginal, que habría permitido encontrar rastros de semen.

En el expediente se asienta que la prueba no se llevó a cabo ``por referir haberse realizado aseo vaginal''. En el caso de Edith Cruz, los peritos ni siquiera se molestaron en revisarla: simplemente argumentaron que presentaba ``equimosis (moretón) cara posterior brazo derecho, y otra codo derecho... Lesiones que por su naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días''.

Más: al escapar del agrupamiento, una de las chicas, Emma Laura, estaba desnuda y se cubría con una cobija verde. En el acta ministerial no se asienta lo que ocurrió con esa prenda, ni tampoco se establece si estaba o no vestida.

Los peritos de la Procuraduría se limitaron a practicar una revisión física de las víctimas, pero no se preocuparon por analizar las prendas íntimas que portaban y donde habría elementos de prueba para reforzar la acusación.

¿Por qué era importante hacerlo?

Porque horas después de la denuncia, en una revisión efectuada a las instalaciones del Agrupamiento, se encontraron huellas de semen en un cobertor y una camiseta.

Los exámenes determinaron que el líquido pertenecía a Fernando Beltrán y Roberto Ortega Parrales, dos de los quince policías detenidos. Hasta ahora, no existe forma de relacionar este semen con la violación que sufrieron las jovencitas.

En este cateo se encontraron cabellos dentro de la pileta de agua donde los policías arrojaron a las jovencitas. No se ha hecho público a quién pertenecieron esos restos, pues se trata de una prueba que se presentará en la segunda parte del juicio.

La ``fatiga de labores'' que entregó la Secretaría de Seguridad Pública, donde se enlista a los policías que permanecen en servicio durante un turno, establece que los días en que ocurrió el ataque hubo 44 uniformados asignados al destacamento de Tláhuac.

Sólo 15 fueron detenidos.

A éstos, la PGJDF no les practicó exámenes psicológicos para determinar su proclividad al sadismo y la violencia.

Este requisito sí se cumplió con las víctimas, aunque en los hechos no les fue muy bien: en el oficio 602/1635/98-08 del 26 de agosto, la directora de Atención a Víctimas del Delito recomendó que Edith Cruz fuera sometida a farmacoterapia e internada en un hospital psiquiátrico.

Tal sugerencia parecería exagerada si se compara con sus propios informes: de las tres víctimas, Edith fue la que más asistió a las terapias psicológicas de apoyo que ofreció la dependencia.

El yo no fui...

Piso 11 de la PGJDF.

Samuel Del Villar accede -después de por lo menos dos solicitudes- a dialogar con el Consejo Consultivo de Promujer, la comisión especial de la Asamblea Legislativa para atender el caso, y la secretaria de Gobierno, Rosario Robles.

Es un encuentro difícil, sobre todo por las circunstancias del momento: un día antes, el 23 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó a la Procuraduría que investigara las razones de la retractación, y sobre todo, se pusiera en claro por qué el Ministerio Público se mantuvo prácticamente callado durante la audiencia en que cayó la bomba.

Quienes asistieron a la reunión cuentan que Samuel Del Villar estaba molesto, porque consideró infundado el señalamiento de la CDHDF. (Al día siguiente le dijo ``ignorante'' al autor del documento, el primer visitador José Antonio Aguilar Valdéz).

Y es que el funcionario considera que la averiguación previa está ``sólidamente integrada, y se ratifica con la formal prisión que dictó la juez, porque se comprueban elementos probatorios suficientes''.

En esa reunión el procurador es claro en un punto: las 17 horas que duró la diligencia ``no violaron nada''.

Del Villar habla de dos confusiones: la primera, ``que la retractación de las víctimas es responsabilidad de la procuraduría'', y que esto se generó ``por una mala integración de la averiguación previa''.

Descalifica ambos argumentos: ``El valor de esta retractación es marginal'', dice, y enseguida justifica: el hecho ``pone de manifiesto el desastre que tenemos en el sistema penal. El careo es obsoleto y no sirve de nada''.

Hay, sin embargo, un problema: en la audiencia que generó el escándalo, las víctimas nunca se carearon con sus agresores.

Donde retractarse es un decir

Feliz, Carlos García López, abogado de uno de los policías detenidos, presume que en cuatro meses todos los indiciados quedarán en libertad.

``La averiguación previa tiene inconsistencias'', dice, ``y con la retractación ya no hay delito que perseguir''.

-Pero las audiencias están programadas hasta el próximo año...

-Vamos a pedir desvanecimiento de pruebas. Lo más importante es que ya confesaron que todo fue una mentira.

¿Perderá el caso la Procuraduría?

No, según Sergio Soto Nájera, propuesto como abogado coadyuvante del Ministerio Público

Insiste: la retractación carece de valor jurídico si no se acompaña con pruebas que la sustenten. Y en este caso es al revés, porque los dictámenes periciales muestran que sí hubo agresión sexual.

``Hay cierto tipo de lesiones que indican una relación sexual con violencia, como moretones en la entrepierna y la elasticidad en el himen, y dos de las muchachas presentan este tipo de huellas'', explica.

Más: por el principio jurídico de la inmediatez, las primeras declaraciones de Emma Laura y Beatriz tienen mayor validez que su retractación, porque la primera se realiza ``de manera espontánea, y en la otra existe reflexión o se da lugar a cualquier clase de presiones''.

Según la ley, ``dos puntos contradictorios no pueden ser verdaderos a la vez''.

Y además, dice el abogado Soto Nájera, en el camino que falta por recorrer las muchachas agredidas tienen a su favor un elemento fundamental: ahora sí, el Ministerio Público ``está trabajando impecablemente''.

Es 1990. Tres agentes de élite de la Policía Judicial Federal, escoltas del subprocurador Javier Coello Trejo, afrontan en el Reclusorio Oriente las acusaciones de 19 muchachas a quienes violaron y robaron.

A su lado, diligente y convencido de su inocencia, el abogado Víctor Carrancá Bourguet se esfuerza por desvirtuar las acusaciones.

Las víctimas sufren el embate del abogado de lujo, miembro distinguido del bufete Hamdam y Ochoa que por esos días también defendía al cantante Laureano Brizuela.

El caso nunca se cerró por completo, pues jamás se aprehendió a todos los probables responsables. Y los detenidos apelaron la sentencia condenatoria que les dictaron.

Ocho años después, el camino de la política colocó a Carrancá Bourguet del otro lado del escritorio. Y paradójicamente, como integrante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entre sus funciones se encuentra representar a las víctimas del caso Tláhuac.

El actual subprocurador no parece poder desprenderse de la marca haber defendido a quienes entonces, y hasta ahora, se conocen como los violadores del sur. Desde el primer momento que se supo de su nombramiento, diversas organizaciones de mujeres y de defensores de los derechos humanos han pedido su renuncia, por considerar que su pasado es incongruente con la imagen del gobierno perredista.

En los corrillos de la administración capitalina se dice que Patricia Olamendi renunció a una subprocuraduría en la PGJDF en discreta protesta por el nombramiento de Carrancá.

El pasado 12 de agosto, varias organizaciones de mujeres insistieron en su demanda de renuncia, luego de considerar que el pasado de Carrancá pueda afectar el proceso que se sigue a los 15 policías que violaron a tres adolescentes en Tláhuac.

Carrancá respondió que se trata de asuntos distintos, pues una cosa es su actuación como abogado en aquel caso, y otra la función pública que ahora desempeña.

``En todo caso se tendría que reformar la Constitución para prohibir la defensa de aquellos que sean considerados delitos graves, lo cual sería totalmente absurdo'', dijo.

La presión de las organizaciones de mujeres surtió un efecto parcial. Por instrucciones del procurador Samuel del Villar, Carrancá no tiene ni tendrá participación directa en el caso Tláhuac. (Alberto Nájar)